La transparencia necesita a toda la tribu

Un culpable, un locus externo al que responsabilizar, pero solo un poco, un rato, dependiendo de variables como la gravedad de la tropelía, el entorno, la presencia (e influencia sobre el que reprende) de otros adultos. Una responsabilidad limitada, y variable según diversos factores, entre ellos si el niño es propio o del vecino. En definitiva, una responsabilidad de baja intensidad.

Este niño, ese locus externo comunitario, ha sido y sigue siendo la clase política. Un lugar común que ha acumulado méritos propios, aunque en muchas ocasiones injustificados bajo el peligroso mantra del “todos son iguales”, para ser el foco compartido al que echar las culpas de lo mal que van las cosas, de los cristales de ventanas rotos o de lo sucio que está el portal del bloque de vecinos. La criatura se lleva una bronca intensa y efímera, cuatro voces en grito, una reprimenda pública o privada (o ambas), y el niño ya está regañado, la tribu la valida, y aquí paz y después gloria hasta el próximo objeto roto.

Con la política ha pasado algo muy parecido. Ha servido (y sirve) de terapia colectiva para regañar a ‘los niños’ de lo mal que lo están haciendo y de cómo están dejando de sucio el patio de vecinos. Que son una pandilla de ineptos y que nos van a llevar a la ruina. Y lo peor de todo, es que lo hacen mal por su propia condición de gamberros (léase corruptos). Todos.

¿Todos? Bueno, todos, lo que se dice todos, no. Aquí el factor de si el niño es mío o del vecino es un asunto fundamental para hacernos ver que somos capaces de defender lo indefendible cuando se trata de nuestros niños, mientras que somos adalides de la rectitud cuando toca reprender al de enfrente.

Cuando la ventana la rompe el chico del vecino es intolerable, es un gamberro sin remedio y hay que imponerle un castigo ejemplar; porque lo de ejemplarizar en carne ajena también se ve que es algo muy liberador. Sin embargo, en el caso de que el azote de las ventanas sea nuestro chico, simplemente no ha sido para tanto, lo ha hecho sin querer. O sencillamente “son cosas de críos”.

El ejemplo somos todos

Y es que, claro, ver lo que hacen los niños, regañarles con más o menos intensidad dependiendo de quién sea, cómo lo haya hecho de mal y cuántas veces o con quién nos acompañe en el momento de la bronca, es la parte fácil de la película, de nuestro papel (el de ciudadanos) en esta historia. Los niños se han portado mal, aunque “son cosas de críos”; el tuyo es más revoltoso que el mío, que es un santo, pero los dos son buenos en el fondo; el portal está hecho un desastre, pero bueno, no pasa nada, la comunidad de vecinos lo pagará y santas pascuas.

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Es cómodo. Incluso sanador, porque deja una espita abierta al desahogo. Es un enfado justificado, y como somos comprensivos, de baja intensidad. Se vacía el vaso hasta que pase un tiempo, tal vez una semana, un mes o una década, hasta que ese vaso de la paciencia colectiva rebose de nuevo. Nos resignamos. Pero la verdad, es cómodo. Más que mirarse al espejo. Porque la transparencia, como nos contaban en sus aforismos expertos en la materia como Miguel Ángel Blanes o Fran Delgado, es esa cualidad que reclamamos al de enfrente y no tanto a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Veamos algún ejemplo reciente.

Nos situamos en Canarias. Titular de la prensa local del 17 de junio: “Transparencia ‘ahoga’ a las pymes isleñas que fueron beneficiarias de ayudas covid”. El subtítulo nos aclara la malvada maniobra del Comisionado canario por si nos quedaba alguna duda: “Obliga a las que obtuvieron más de 60.000 euros a publicar la subvención en sus web pero muchas son microempresas o autónomos sin página. La patronal critica que se ‘cargue’ más a las empresas que tratan de salvar el ejercicio”.

La transparencia contra las empresas; contra las pequeñas y los autónomos, además. Mal asunto. La transparencia es una “carga”. ¿A alguien le suena esto? Demasiadas coincidencias en tan pocos elementos. Es el mismo discurso que tocó en su momento, no en 2013 cuando se aprobó la ley, sino a partir de cuando ya tocaba aplicar la legislación en las entidades locales.

Falta de recursos, especialmente en las pequeñas, un lastre que complicaba la ya de por sí ardua tarea cotidiana. Se “ahoga” a empresas o autónomos que han recibido más de 60.000 euros en un año de subvención. No es una cifra ridícula, y es una cantidad que bien merece publicar en una web creada ad hoc los catorce indicadores que solicita el Comisionado. Catorce indicadores, que podría parecer que se trata de las doce pruebas que puso el César a Astérix y Obélix.

Sería divertido si no fuera tan esclarecedor de lo que da a entender: la transparencia es cosa de otros, de los que gestionan dinero público, pero no del dinero público que sale hacia las empresas. Transparencia sí, pero hasta cierto punto, no nos volvamos locos con esto. La transparencia es para los otros, es para ‘los niños’. A los mayores no se les regaña.

A pesar de eso, la tribu en general va avanzando. Según el propio Comisionado de Transparencia de Canarias, más del 80 % de las entidades subvencionadas en 2020 por el Gobierno de Canarias y los cabildos presentó su declaración de transparencia en la autoevaluación de ITCanarias. Con esto debe ser suficiente, pensarán algunos. Pues no: no solo las leyes de transparencia, sino también la normativa en subvenciones (artículo 7 del RD 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas) obliga a publicar las ayudas recibidas en la propia página web de la entidad durante al menos cuatro años.

La transparencia es cosa de toda la tribu, y para que toda la tribu pueda acceder a esa información, debe ser pública. Y no basta con cumplir un trámite, como es la autoevaluación en el caso canario, dicho sea de paso, más que necesario para la mejora de la propia entidad y el avance en la cultura de la transparencia.

En Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos ha constatado en su segundo Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa una serie de incumplimientos en materia de transparencia en empresas que perciben subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros.

Las sociedades inspeccionadas en la muestra seleccionada por el organismo, al que citamos a continuación, “han compartido, en un alto porcentaje, los mismos incumplimientos, todos relacionados con falta de publicación de información institucional, organizativa y de planificación, además de económica, presupuestaria y estadística”, siendo uno de los incumplimientos más reiterados la falta de difusión de los contratos suscritos con las Administraciones públicas.

De nuevo podemos observar que lo que se refiere a publicar cuentas y contratos no es una cuestión a la que se sientan obligadas las empresas que reciben importantes sumas de dinero público, por más que lo digan las leyes.

Como en el caso anterior, el organismo de control andaluz concluye con un esperanzador balance: “el Consejo ha confirmado una evolución en el cumplimiento de la normativa de publicidad activa de las mercantiles y una considerable mejora en la información a difundir en sus diferentes portales, de manera que se están cumpliendo progresivamente las exigencias marcadas en la legislación de transparencia”. La tribu sigue avanzando.

La tribu da soporte

Podría pensar alguien que las entidades privadas se encuentran solas en este imbricado camino de la transparencia. Nada más lejos de la realidad. En el caso mencionado, desde el Comisionado de Canarias se esforzaron en facilitar al máximo el cumplimiento aportando tutoriales y respondiendo las dudas que se planteaban, amén de una notable actividad del Comisionado en medios regionales y locales para aclarar dudas y explicar el por qué de las exigencias. Porque como pasa con los niños, es más fácil obedecer (o cumplir como es el caso) cuando se entiende la causa.

Además, encontramos ejemplos de otras administraciones que también colaboran en la función de soporte a las entidades privadas. Sirva como ejemplo la plataforma de Transparencia para Entidades Privadas (TEP) de la Generalitat Valenciana, una iniciativa que cuenta apenas con seis meses, y está pensada especialmente para aquellas entidades que no disponen de medios propios o los que disponen son escasos.

Esta plataforma es un gran complemento a la guía sobre las obligaciones de transparencia a incluir en las subvenciones de la Ley 1/2022, elaborada por la Dirección General de Transparencia de la Generalitat, y que actualiza conforme a la nueva ley autonómica la Guía sobre Obligaciones de transparencia de las entidades privadas y las cláusulas de transparencia en subvenciones y contratos públicos que ya publicó en 2020.

Otro ejemplo de guías para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en transparencia lo ofrece la Generalitat de Catalunya, con la Guía de transparencia para entidades privadas, elaborada por la Secretaría de Govern Obert, un elemento más del amplio catálogo de guías temáticas sobre transparencia de la administración catalana.

La tribu enseña

Herramientas como estas son fundamentales para mejorar los resultados. También lo son las acciones formativas en materia de transparencia o de integridad. En este sentido, hay que poner en valor las iniciativas que se van dando, con cierta timidez aún, pero que deben asentarse y normalizarse.

Por ejemplo, me parece una fantástica noticia cada Cátedra de Transparencia o materias afines que nace en el mundo universitario. Las universidades valencianas cuentan con varias desde hace tiempo, con una gran actividad divulgativa y formativa; la Universidad de Murcia tiene su Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública; la Universidad de Castilla-La Mancha acaba de presentar, hace apenas unas semanas, la Cátedra de Gobierno Abierto, y más reciente aún, la Cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo.

Conocimiento, investigación y divulgación al servicio de la educación superior y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Y en todos los casos mencionados, con un plantel de profesionales de reconocido prestigio en la materia. Es una buena idea.

Como ‘hermanas’ de estas iniciativas podríamos mencionar, por ejemplo, la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional o la formación en aulas que ofrece la Agencia Valenciana Antifraude, en universidades e institutos de educación secundaria. Una vía que resulta especialmente inspiradora, y que se alinea con la educación en gobierno abierto planteada en los planes de acción de España en el marco de la Open Government Partnership.

Se generaron unos excelentes materiales para el uso en las aulas, pero sería conveniente seguir promocionando y dando a conocer su existencia para que llegue al mayor número de aulas posibles. Porque la educación es el arma más transformadora, es una herramienta clave para que la tribu aprenda valores desde el principio de su socialización. Después, todo será más sencillo de explicar.

Como solemos recordar en este espacio, la transparencia es una actitud. Una actitud que puede aprenderse, como hemos (mal) aprendido que “todos los políticos son iguales” o que “las cosas no se pueden hacer de otra manera”. Una actitud que ha de reforzarse con valores compartidos por la tribu entera, que es la que los transmite y los protege una generación tras otra, generando un compromiso con determinados principios y valores. Un mundo mejor es posible, y nuestros actos son una contribución más en el esfuerzo colectivo para construirlo.