Critican el llamamiento a consulta en pleno agosto de la nueva ley de secretos oficiales

Según critican estas asociaciones, el nuevo anteproyecto de ley fue publicado el 3 de agosto con una fecha límite que finalizó el 12 de agosto para alegaciones públicas, enviando un simple correo electrónico y sin una consulta estructurada.

“Hacer una consulta en pleno agosto sobre una ley que afecta a derechos fundamentales constitucionales, tal y como la libertad de información, es escandaloso”, comentó Helen Darbishire, directora de Access Info.

“Desde la sociedad civil, estamos llamando al Gobierno para que extienda el período de consultas por un mes más, ya que es la única manera de asegurar una participación genuina y un debate público sobre cuestiones tan importantes”, añadió Darbishire.

Las consecuencias para la transparencia

Según subrayan, el borrador de la nueva ley ha causado una serie de preocupaciones entre expertos en democracia, incluidas las consecuencias para la transparencia, el impacto sobre la protección de los denunciantes y los riesgos para la libertad de los medios de comunicación y los periodistas de investigación dadas las multas potencialmente enormes (que van desde los 50.000 a los 3 millones de euros por difundir documentos clasificados).

Otras preocupaciones expresadas desde que se conoció el texto de la ley son los largos períodos de clasificación (hasta un total de 65 años) y la falta de desclasificación retroactiva, limitando así el acceso a muchos documentos clasificados durante el franquismo o durante la transición a la democracia.

“Investigadores, historiadores y familias de víctimas y personas represaliadas durante el franquismo deberían tener derecho a acceder a toda documentación histórica transcurrido un plazo máximo de 25 años”, comentó por su parte Concha Catalan, presidenta de la organización Innovación y Derechos Humanos.

También preocupa la supervisión de la clasificación, los procedimientos de desclasificación y la relación con la ley de acceso a la información, que actualmente está siendo evaluada para mejoras por un grupo de expertos, incluida la sociedad civil.

Access Info señala que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la calidad y escala de participación pública en España tiene una puntuación de solo el 2%, diez veces más baja que el promedio de la OCDE (21%) y muy por debajo de muchas de las otras democracias europeas.

“España es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y se ha comprometido a aumentar la participación pública en la formulación de políticas, pero este tipo de consultas apresuradas y sin debate es una práctica increíblemente mala”, agregó Darbishire, quien es miembro del Comité Directivo global de Open Government Partnership (OGP), y comentó que planteará estas  preocupaciones a nivel internacional.