Las barreras para que España no avance en la lucha contra la corrupción

Durante la presentación de los resultados del IPC 2021, Silvina Bacigalupo, presidenta del capítulo español de Transparencia Internacional, destacó que España se estanca en transparencia debido a la agenda legislativa que está pendiente de ser implementada de manera “seria y efectiva”.

Revista Haz ha conversado con ella para conocer con más detalle los factores y elementos que influyen para que se dé esta situación de no progreso, y saber qué medidas hacen falta para avanzar hacia los niveles de transparencia de los países líderes en el ranking global.

La clave: impulsar la agenda legislativa

El descenso de puntuación en el ranking de Transparencia Internacional que presenta España se considera que es “leve”, pero la organización lo valora como un hecho indicativo de “estancamiento”, y muestra un retroceso en la lucha contra la corrupción.

En este sentido, Portugal y Lituania, que han avanzado con respecto a 2020, superando a España en el ranking, han aprobado medidas como la transposición de la directiva europea sobre protección de alertadores del fraude y la corrupción, mientras que en nuestro país esta normativa todavía está pendiente.

Por otra parte, los países de la zona euro que siguen liderando el ranking mantienen su posición porque han progresado en las reformas legislativas e, incluso, están trabajando en agendas “más ambiciosas”, ya que no solo se limitan a la regulación en materia de transparencia, sino que han hecho una revisión más integral, como la propuesta de ley alemana para la integridad en la economía.

Según explica Bacigalupo, España debe trabajar en esa misma línea: atender las reformas legislativas fundamentales en materia de transparencia y anticorrupción, ya que “incide directamente en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas”.

Entre las medidas más urgente que se deben acometer por parte del gobierno, la presidenta de Transparencia Internacional destaca las materias sobre integridad, transparencia y anticorrupción, aprobando una serie de normas que establezcan un marco normativo para aquellas materias que se quedaron fuera de la actual Ley de transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

En este sentido, se insta a las autoridades públicas a aprobar, además de una transposición “horizontal” de la Directiva sobre la protección de las personas denunciantes de fraude, una nueva normativa de transparencia, regular adecuadamente los grupos de interés o lobby junto con la creación del registro único, así como la prevención de conflictos de interés del personal al servicio del sector público, la apertura del Registro de Titulares Reales y el desarrollo de una normativa adecuada en relación a la transparencia de los titulares reales.

Asimismo, se insta a atender a las demandas del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) en relación con la mejora de la transparencia, con especial atención a los formatos y a la interoperabilidad de la documentación, cumpliendo con los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto de España.

Liderazgo y compromiso político

Así como la Red de Consejo y Comisionados de Transparencia de España ha solicitado reiteradamente a los poderes públicos que exista mayor compromiso y liderazgo político en materia de transparencia, desde el capítulo español de Transparencia Internacional (TI-España) también se considera que esta falta de liderazgo es una causa que afecta a cualquier tipo de progreso, ya sea en la implementación de políticas públicas o en el emprendimiento empresarial.

Según explica Bacigalupo, en el escenario político actual de España resulta “difícil” llegar a consensos parlamentarios en cuestiones elementales, lo que afecta a la agenda legislativa en materia de transparencia.

Para alcanzar los objetivos del IV Plan de Gobierno Abierto, que presenta una “potente propuesta legislativa” y un cronograma de trabajo que debería ejecutarse durante la presente legislatura, la presidenta de TI-España afirma que es “necesario pasar de las proposiciones de ley al consenso para aprobar las reformas legales necesarias”, para posteriormente pasar a su “efectiva implementación”.

La pandemia de la covid-19 afectó inevitablemente a la transparencia y, aunque había otras prioridades como la vida y la salud pública, Bacigalupo afirma que también permitió demostrar que, en situaciones de crisis, la rendición de cuentas es un “factor esencial” para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

No obstante, la nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción muestra un descenso generalizado en materia anticorrupción de los países y de los 23 estados cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012. Diecinueve países han perdido también puntos en cuestión de libertades civiles.

Según la organización internacional, la “erosión” de estos derechos y libertades debilita la democracia y facilita el avance del autoritarismo, aumentando los niveles de corrupción.

Por este motivo, instan a los gobiernos a cumplir sus compromisos para luchar contra la corrupción y garantizar los derechos humanos con el fin de avanzar a favor de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, para evitar el deterioro de las instituciones democráticas.

¿Y los fondos Next Generation?

Otra consecuencia de la pandemia de la covid-19 es la crisis económica que afecta a la mayoría de los países que, además de medidas sanitarias, han tenido que adoptar acciones de contingencia y ayuda para sus economías, como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

David Martínez García, director ejecutivo de TI-España, explica que la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en el ámbito público deben forman parte de los principios fundamentales de todo Estado de derecho, pues “dotan de legitimidad al sistema democrático” al reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y su administración.

En este sentido, destaca que es “indispensable” que las administraciones públicas que ejecutan los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español cuenten con un sistema de integridad con planes de medidas antifraude, siguiendo las exigencias de la normativa actual, como establece la Orden HFP/1030/2021 del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Según Martínez García, desde la organización internacional consideran que la actual plataforma web del Programa de Recuperación es “una buena iniciativa”,  pero creen que “existe un amplio margen de mejora en aras de alcanzar los mejores estándares de transparencia”, ya que la web debería contener más información relativa al seguimiento de los fondos, siendo “muy importante” contar con datos desagregados sobre todo el proceso de recepción y ejecución de los fondos europeos, “especialmente en lo relativo a las contrataciones públicas”.

Asimismo, se considera necesario que, no solo las administraciones públicas deban transparentar toda la información relativa a la recepción y ejecución de los fondos, sino que se debe garantizar que exista un buen sistema de integridad con el fin de evitar y gestionar “potenciales conflictos de intereses”, contando con programas anticorrupción, programas de cumplimiento, canales de denuncias adecuados, medidas de prevención y detección del fraude.

Además, Martínez García recomienda implementar herramientas de acción colectiva que hayan demostrado su eficacia a nivel comparado y que puedan utilizarse en el marco de contrataciones públicas por aquellas administraciones que ejecutan los fondos Next Generation, como pueden ser los Pactos de Integridad.

Este tipo de herramientas suelen ir dirigidas a las autoridades gubernamentales y empresas licitadoras con el propósito de reducir la corrupción, aumentando la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, mediante el incremento de la transparencia en las contrataciones.

La implementación de estos Pactos de Integridad requiere de la colaboración de las partes contratantes del sector público y privado, donde se implica la actuación de una organización de la sociedad civil y un grupo monitor independiente que contribuirá a supervisar en todas las fases de la contratación que el pacto se cumple.

“Sería muy interesante que esta herramienta adicional de integridad se pueda utilizar en el marco de contrataciones que se hagan con fondos europeos, reforzando así el control, la transparencia y la rendición de cuentas”, afirma el director ejecutivo de Transparencia Internacional España para Revista Haz.