Transparency International promueve un nuevo estándar de transparencia de titulares reales

Por todo ello, acabar con las empresas fantasmas, anónimas y opacas, se ha convertido en una prioridad de primer orden en la agenda mundial anticorrupción.

TI-España se ha sumado, junto con cinco organizaciones y otros 28 capítulos de Transparency International de diferentes países, a la recomendación realizada por su Secretariado de una revisión de la Recomendación número 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relativa a la transparencia y la titularidad real de las personas jurídicas.

El GAFI, como organismo intergubernamental encargado de establecer el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales, ha emitido una serie de recomendaciones para diseñar e implementar medidas que aborden la transparencia de los beneficiarios reales.

Sin embargo, y si bien se han realizado ciertos avances gracias al estándar, explican desde TI-España, siguen existiendo diferencias significativas entre los países que forman parte del GAFI –del que España es miembro desde el 1990– a la hora de garantizar transparencia en cuanto a los titulares reales (beneficial owners). El estándar GAFI no prescribe cómo se debe garantizar el acceso a la información sobre el titular real.

Reforzar la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad de las empresas resulta esencial para evitar un uso delictivo de las mismas, subrayan desde TI, por ello, aportan cinco soluciones para garantizar que el nuevo estándar global sobre transparencia de titulares reales sea efectivo.

1. Exigir a los países miembros registros de titulares reales que estén centralizados, de acceso público y en un formato abierto. El papel que desempeñan las instituciones financieras y las APNFD (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas) en la lucha contra el blanqueo de capitales, es crucial para las autoridades que investigan los delitos financieros. Sin embargo, no pueden ser la única fuente de información. Los registros de titulares reales centralizados ayudan a garantizar que la información sobre los titulares reales sea lo más exacta posible y que las autoridades tanto nacionales como internacionales puedan acceder a ella en el momento oportuno.
2. Establecer una definición clara sobre quién sería un titular o beneficiario real. Una definición jurídica vaga de titular real crea lagunas que pueden ser aprovechadas por los criminales. Una definición sólida y clara facilitaría a las autoridades competentes y a las entidades con obligación de informar la comprensión y aplicación de sus responsabilidades y obligaciones legales y aportará mayor seguridad jurídica.
3. Exigir una verificación independiente de los datos del titular real. Es esencial que exista una normativa específica sobre cómo garantizar precisión y libre acceso a los datos actualizados de los titulares reales. Para ello, conviene que los registros cuenten con un órgano de vigilancia y control, que pueda contar con diferentes competencias y recursos para verificar de forma independiente la información a partir también del libre acceso a documentos originales y bases de datos gubernamentales con los que poder comparar dicha información.
4. Poner fin a los vacíos legales que permiten el anonimato: acciones al portador y acciones nominativas. Las acciones al portador son algunos de los instrumentos utilizados por los corruptos y otros delincuentes para mover, ocultar y blanquear activos adquiridos ilícitamente. Para evitar el uso indebido de las acciones al portador, los países deberían prohibirlo o, como mínimo, adoptar medidas que permitan identificar al beneficiario último de las acciones, tales como exigir que las acciones al portador se conviertan en acciones nominativas o se mantengan en una institución financiera regulada o con un intermediario profesional.
5. Aumentar la transparencia de las empresas extranjeras en relación con su titularidad real. Muy a menudo, las empresas extranjeras pueden realizar inversiones en un país sin tener que inscribirse en su registro mercantil, ni tener que revelar sus titulares reales a ninguna autoridad o sujeto obligado. Como miembros de un grupo de países que han adoptado un sólido estándar mundial sobre la transparencia adecuada de la propiedad real, los países deberían exigir a las empresas extranjeras que sigan las mismas normas sobre transparencia de la propiedad real que se aplican a las empresas nacionales de dichos países.