El reglamento que no llega o la procrastinación de la transparencia

La confianza en democracia no es una cuestión secundaria, sin importancia. De hecho, es un concepto muy estudiado en Ciencia Política y en el resto de ciencias sociales y jurídicas. Permítanme recomendar en un inciso la lectura de los variados enfoques que ha hecho sobre el concepto la profesora Cecilia Güemes, a la que me remito para recordar que la confianza (en concreto la denominada “institucional”) es clave para fomentar la eficiencia de instituciones de gobierno mediante la participación ciudadana.

En este sentido, el valioso activo con el que cuenta la Administración en espacios como el Foro de Gobierno Abierto, en el que colaboran instituciones de diverso tipo, desde el tercer sector a la universidad, pasando por las principales entidades protransparencia de la sociedad civil, representa una fortaleza y una oportunidad para el desarrollo de políticas de gobierno abierto con verdadera vocación transformadora.

Un activo en el que también cuenta con las personas que han sumado, a título individual, sus aportaciones en las sucesivas consultas públicas que se han abierto para escribir un reglamento que no termina de ver la luz.

Respetar los compromisos

El compromiso que han mostrado durante estos años y su proactividad, desde la crítica constructiva a las propuestas gubernamentales y la aportación de ideas y de buenas prácticas internacionales que pueden acomodarse a la realidad nacional, es un intangible muy valioso que debe valorarse en su justa medida.

Pero no solo basta con valorarlo, también merece ser devuelto dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados. Y especialmente, cuando se trata de compromisos que se recogen en el Plan de Acción de Gobierno Abierto, donde el reglamento ocupa el emblemático lugar (aunque sea solo una cuestión de ordenación) del primer compromiso de todo el Plan.

Pero la confianza también es un valor primordial cuando se trata de alimentar cambios que, como los relacionados con la transparencia en particular y el gobierno abierto en general, requieren mucho de compromiso porque les falta bastante (o casi todo) de capacidad punitiva.

Es necesaria la confianza en quienes gobiernan para creer sus respuestas, para creer las informaciones que se publican (ya sea en los portales o en cualquier formato y sobre cualquier temática), para creer los mensajes. Una confianza que hay que cuidar no solo con la parte de la sociedad “colaborativa” en participación, sino de toda la sociedad, la que otorga en definitiva la legitimidad a los responsables públicos.

La confianza se construye con la suma de multitud de detalles, más o menos grandes, pero todos importantes, y todos sabemos que cuesta mucho ganarla y muy poco perderla. Estos detalles abarcan desde una declaración en rueda de prensa a la aprobación de una beca. No todo son las grandes estrategias ni los titulares afortunados; la confianza se gana también, y sobre todo, en los detalles.

Como señalaba el artículo de Civio, que advertía sobre la ausencia del reglamento en el Plan Normativo 2021, tres han sido los ministros por los que ha pasado esta cuestión en el actual Gobierno, que en diferentes momentos han declarado que “la tramitación se encuentra muy avanzada”. Hoy, en la página web de seguimiento del cumplimiento del Plan de Gobierno Abierto, sigue apareciendo esa misma frase.

La fecha límite que se marcó el Plan era el 31 de diciembre de 2020. Podemos entender las dificultades y las prioridades del pasado año que no es preciso recordar, pero si está tan avanzado y se ha trabajado tanto sobre este proyecto, parece razonable pensar que ya se podría haber dado el empujón final en el presente año.

Además, en respuesta a preguntas parlamentarias, se ha dicho que la política de transparencia y acceso a la información pública “es un objetivo prioritario e irrenunciable” del gobierno. Sin embargo, en el ambicioso Plan Normativo que recoge 144 normas a aprobar hasta final de este año, el Reglamento no está entre ellas.

Ahora toca aguardar al primer semestre de 2022. ¿Procrastinación? Lo parece. ¿Lo importante? Los motivos. Prestaremos atención a ellos.

Caer en lo fácil

En los últimos tiempos en los que el gobierno ha sido muy criticado por su desempeño en materia de transparencia, incluso se ha presentado este mes de septiembre una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir mayor presupuesto al Consejo de Transparencia (CTBG), aludiendo en su motivación al alto número de reclamaciones que se presentan ante el CTBG por la falta de respuesta del Gobierno y las empresas públicas.

En este contexto, es fácil caer en la tentación de demonizar a un actor, presuponiendo además la virtud en los que están enfrente. Pero lo fácil no siempre es la explicación correcta. La aprobación de Reglamento es una “herencia” que viene arrastrándose desde 2015 y con distintos actores en las salas de mando.

Parece pertinente también recordar que tan importante es ser coherentes y cumplir con la palabra dada (y escrita), en este caso aprobar normas cuando se compromete a y se le pone fecha, como cumplirlas cuando se aprueban.

Por ejemplo, pensemos en los códigos éticos y en la permisividad hacia el transfuguismo. La exigencia hacia los responsables públicos debe obviar los colores por el bien de la integridad en la política y la Administración. Y si las palabras se las lleva el viento y las normas son papel mojado, la confianza y esta oportunidad se nos escapara irremediablemente.