Las fundaciones catalanas, a la vanguardia de la transparencia y el buen gobierno

Una corriente importante dentro del sector fundacional, representada por grandes fundaciones, ha venido defendiendo la total autonomía de las fundaciones y su dispensa de la rendición de cuentas pública. Hay que rechazar con firmeza esta posición.

Las fundaciones constituyen uno de los principales actores para impulsar el bien común. Su función no es defender los intereses particulares de un filántropo iluminado. La filantropía puede ser también muy egoísta. Esto hay que recordarlo más a menudo, y no se hace.

Para garantizar el cumplimiento de los fines de interés general es necesaria la transparencia. Sin transparencia no es posible asegurar un juego limpio. Hay que jugar con el campo iluminado y, a ser posible, lleno hasta la bandera.

La transparencia no consiste en un simple adorno para presentarse en sociedad. No, la transparencia es, precisamente, lo que da consistencia verdadera a la apariencia. Las acciones que persiguen el bien común solo adquieren carta de naturaleza cuando aparecen ante la luz pública.

La misión de las fundaciones, sin embargo, no puede constituir una simple declaración de buenas intenciones. Sin resultados, medibles y verificables, no existe misión sino un simple eslogan.

Por esa razón resulta incoherente con la naturaleza del sector fundacional que el discurso de sus representantes se centre en la demanda de ventajas fiscales y legislativas. Los directivos de las fundaciones tienen que cambiar su habitual retórica. Pasar de un discurso de los derechos y reclamaciones a otro basado en los deberes y la contribución a la sociedad.

El buen gobierno no consiste más que en transformar la misión en resultados. Esa es la principal responsabilidad que la sociedad encomienda a los patronatos de las fundaciones. Por esa razón estos órganos tienen que comenzar a aportar valor a sus organizaciones. Creación de valor que hay, además, que comunicar y medir.

Así lo ha entendido la Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF) que ha impulsado la elaboración y aprobación de un Código de Buen Gobierno y buenas prácticas de gestión y un modelo de Informe de Gobierno Corporativo para las fundaciones.

Se da la coincidencia de que por las mismas fechas la CNMV dio luz verde la reforma del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (CBG). El CBG fue aprobado por primera vez en febrero de 2015 y, cinco años después, tras un amplio proceso de consulta pública (se recibieron más de 40 escritos de entidades e interesados), se ha actualizado con el objetivo mantener el gobierno corporativo de las sociedades españolas alineado con los más altos estándares internacionales.

La CCF ha seguido un proceso similar, elaborando un borrador de Código con un grupo de expertos, integrado por directivos de fundaciones procedentes de diversos sectores, y abriendo un periodo de consultas con todo el sector. Este proceso culminó el pasado 15 de julio con la presentación del Código a todo el sector fundacional.

Como explica Sara Pérez, directora de la CCF, el Código cumple el doble propósito de establecer un estándar exigente de buenas prácticas para el sector fundacional y de respetar la autonomía de los patronatos de las fundaciones, al permitirles que puedan ajustar las recomendaciones del código de acuerdo con las circunstancias concretas de cada fundación.

La aprobación de este código supone un salto cualitativo muy importante para el sector fundacional catalán, que se sitúa en la vanguardia en los temas de transparencia y buen gobierno.

Se trata, sin duda, del proyecto más innovador y ambicioso del sector fundacional desde la publicación de la Ley de Fundaciones de diciembre de 2002, y un referente para todo el sector fundacional más allá del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña.