El Consejo de Transparencia reclama un nuevo presidente y más recursos humanos

En forma de conclusiones en el documento que se presenta, el Consejo de Transparencia reclama la elección de un presidente del organismo, más recursos humanos para la organización y la reducción del número de recursos judiciales que interponen los organismos públicos sobre sus resoluciones.

En primer lugar, expone que “debe corregirse la situación de vacancia de la presidencia”. Desde noviembre de 2017, fecha en la que falleció la primera presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, no se ha cubierto su vacante y esa situación “ha obligado a limitar el proceso de toma de decisiones” y “ha condicionado la representatividad institucional y la capacidad de interlocución de este, especialmente a la hora de solicitar de las autoridades competentes mayores dotaciones de recursos presupuestarios y humanos”.

La segunda conclusión de la memoria se refiere a la falta de recursos del Consejo de Transparencia. A 31 de diciembre del año pasado la dotación de efectivos era la misma que al inicio de su actividad en el año 2015, concretamente 22 personas. Tal y como se refleja en el documento, la carga de trabajo se ha incrementado, pero no se ha traducido en un aumento de su plantilla.

La tercera conclusión aconseja “reducir en lo posible la litigiosidad potenciando al máximo nivel la autoridad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, es decir, reducir los recursos judiciales que los organismos públicos interponen frente a las resoluciones que dicta el Consejo de Transparencia reconociendo el derecho a acceder a la información cuando no están de acuerdo con ellas. A finales de 2018, el Consejo había sido demandado en 88 ocasiones por organismos y entidades estatales que tienen que ejecutar sus resoluciones. En todas estas ocasiones “el Consejo ha tenido que acudir a letrados y procuradores privados para ser representado en juicio”. Esto ha supuesto un coste de 287.160 euros.

Como valoración general, el Consejo de Transparencia destaca, al igual que en las memorias de años anteriores, el avance en la implantación de la transparencia en España. Todavía persisten algunas deficiencias organizativas y el cumplimiento de la ley de transparencia es aún incompleto en determinadas áreas y sectores de las instituciones y las Administraciones Públicas pero ya prácticamente todos los organismos públicos disponen de un portal de transparencia específico o generalista.

Estos portales de transparencia deben mejorar la calidad de la información que ofrecen aunque sí se observa un mayor conocimiento de las obligaciones establecidas en la ley de transparencia, explica en nota de prensa el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. «Puede decirse que, aunque el avance sea más lento de lo deseado, se ha conseguido consolidar la transparencia en la agenda de los organismos públicos de modo y que ya no tiene marcha atrás», indica.

Analizando la transparencia

En relación al cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de los organismos públicos, la Memoria del Consejo analiza, entre otros, los contenidos publicados en el Portal de Transparencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las recomendaciones que realizó en el 2016 para mejorar el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (Portal AGE).

El cumplimiento de la ley de transparencia para los sujetos privados se ha circunscrito a analizar la publicidad activa de los cuatro partidos políticos de ámbito nacional representados en el Congreso de los Diputados en el año 2018 ─PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos─.

En el documento se resalta el alto grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el Portal de Transparencia de la AEPD aunque se le recomienda reubicar determinada información para que se ajuste completamente a las obligaciones de la ley.

Entre las recomendaciones que el Consejo de Transparencia realizó al Portal AGE y que han sido incorporadas constan la reorganización de la información económica, presupuestaria y estadística así como las mejoras de accesibilidad. Sin embargo, destaca el informe, aún no se han completado los cambios sobre el uso de sistemas de identificación y firma electrónica avanzados, que en la práctica supone una barrera para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Además, advierte el Consejo, otras recomendaciones no se han implantado como mejorar el acceso de la información de contratos y subvenciones que se realiza actualmente través de bases de datos de muy complicado manejo o la información curricular de los subdirectores generales de la Administración General del Estado.

En el análisis de la información publicada en las webs de los cuatro partidos políticos evaluados, el Consejo refleja que “existe un cierto margen de mejora en el cumplimiento del nivel obligatorio de la Ley de Transparencia por parte de las cuatro formaciones políticas evaluadas”. No obstante, valora positivamente que se publicite la agenda del partido y la publicidad de un código ético de la organización.

En cuanto la actividad del Consejo durante el año 2018, destaca el incremento de un 25% de su actividad principal, las reclamaciones en materia de acceso a la información. Durante el año se presentaron 1.338 reclamaciones, de las cuales 755 fueron dirigidas al Estado y 583 a las Administraciones Territoriales con las que el Consejo tiene firmado convenio para la resolución de sus reclamaciones. También se ha producido un aumento del 10% de las denuncias por incumplimientos de la ley de transparencia, habiéndose recibido un total de 74 durante el año 2018.