De la transparencia obligatoria a la voluntaria de los órganos constitucionales

De manera unánime, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) fue destacado por su constante labor para fomentar la transparencia en la administración pública, llegando incluso a ir contra la voluntad de algunas administraciones que se muestran reacias a abrirse a la sociedad demandante de información.

Otro aspecto ensalzado de su labor es la evaluación y análisis del Consejo de los sujetos obligados por los artículos 2 y 3 de la Ley de Transparencia. En una publicación anterior ya se mencionó la difícil tarea del CTBG para supervisar anualmente a las entidades obligadas, aun así, su función evaluadora merece una especial atención por permitir conocer el grado de implicación y compromiso de las principales instituciones de la sociedad española con la transparencia.

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Los órganos constitucionales y de relevancia constitucional

En este sentido, el CTBG realizó en 2017 una evaluación de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, así como a los entes reguladores. Este estudio destaca principalmente por dos aspectos: en primer lugar, porque el Consejo selecciona, para ser evaluados sobre su cumplimiento con el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, a una serie de órganos constitucionales por considerarlos como “la representación del Estado al más alto nivel, con mayor carga representativa y con independencia en el ejercicio de su actividad”.

Y, segundo, porque además de evaluar el cumplimiento con las obligaciones establecidas por la Ley de transparencia, también analiza el cumplimiento voluntario, valorando la publicación de forma periódica y actualizada de la información que considera relevante para garantizar la transparencia de su actividad.

El CTBG realizó esta evaluación utilizando unos indicadores concretos sobre la transparencia y el conocimiento ciudadano con respecto a la actividad de los organismos públicos, contando con la colaboración de la Fundación ¿Hay Derecho?, y los indicadores de otras organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como por las leyes autonómicas de transparencia de las distintas comunidades autónomas.

En total, el Consejo sometió a su evaluación a estos 15 órganos: la Casa de Su Majestad el Rey, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El resultado pone en relieve importantes diferencias entre los valores medios que presentan el conjunto de los órganos evaluados entre los denominados indicadores de cumplimiento obligatorio y los de cumplimiento voluntario.

En el primer caso, el cumplimiento con las obligaciones establecidas por la Ley, la mayoría de los órganos analizados consiguen una puntuación por encima de nueve sobre diez, siendo el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Defensor del Pueblo, quienes encabezan el ranking de mejor valorados. En este sentido, el CTBG indica en su informe que el valor medio del índice de cumplimiento obligatorio de los órganos constitucionales se sitúa en 8,5 puntos.

Sin embargo, en la medición del cumplimiento voluntario el valor medio se encuentra en 5,3 puntos, siendo el Consejo General del Poder Judicial el único órgano que se mantiene con una puntuación superior a nueve. Cabe recordar que este cumplimiento voluntario supone una exigencia añadida a las establecidas por la Ley de transparencia y requiere de un esfuerzo mayor para estas instituciones.

Aspectos destacados de los órganos constitucionales

Aunque la transparencia voluntaria de estos órganos con importantes responsabilidades constitucionales presenta márgenes de mejora, el Consejo destaca varios aspectos importantes de su evaluación.

La principal conclusión es que el conjunto de órganos “goza de una excelente salud en materia de transparencia” y considera que los resultados son alentadores, demostrando que los órganos constitucionales “son un ejemplo en la implantación de la transparencia”.

Otro aspecto destacado es la cooperación con el propio Consejo y su equipo evaluador, la cual describe que ha sido “completa, fructífera, sin condiciones y con un alto nivel de implicación”. Según el CTBG es una demostración de “un decidido compromiso por la cultura de la transparencia y su consolidación en nuestro sistema jurídico-político”.

Además, el Consejo destaca “el compromiso y la voluntad de transparencia” mostrados por la Casa de SM el Rey, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a quienes el órgano garante “agradece de forma especial el acogimiento a sus representantes, el respeto mostrado a sus criterios y sugerencias y la rapidísima respuesta a cualquiera de sus recomendaciones”.

Buenas prácticas de información voluntaria

Con respecto a cómo se puede mejorar en el cumplimiento de la transparencia voluntaria, el Consejo señala en el informe las buenas prácticas implementadas por algunos de los órganos analizados, con el objetivo de inspirar y animar a otras instituciones y entidades a seguir su ejemplo.

De este modo, el Consejo General del Poder Judicial es destacado por publicar las agendas de trabajo, detallando las reuniones, los asuntos y el nombre de los asistentes; la publicación de los gastos de viajes, con indicación de fechas, objeto del desplazamiento y gastos desglosados, y la publicación de gastos en concepto de atenciones protocolarias y representativas.

La Casa Real también es reconocida por su transparencia respecto a los regalos y obsequios recibidos, así como por la publicación de códigos éticos y normas de buen gobierno.

La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia es señalada por la publicación de su registro de grupos de interés, de las actas de las mesas de contratación y de las reuniones que se celebran, ya que se considera que es un modo de acercar el proceso de toma de decisiones al ciudadano.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo, es reconocido por la publicación de la RTP -Relación de Puestos Trabajo- y la información sobre el número y modalidad laboral de las personas que ocupan puestos de trabajo en los organismos, así como la publicación de los tiempos de respuesta de las Administraciones a los requerimientos del organismo y del ranking de organizaciones ‘morosas o entorpecedoras’.

Otras prácticas destacas del resto de órganos analizados son la publicación de los bienes muebles de valor cultural (cuadros, tapices, etc.) del organismo o institución, o la publicación de información sobre las infraestructuras disponibles, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La soledad del órgano evaluador

A finales de noviembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicó su última memoria anual, donde indica que “la repetición de una evaluación similar en el espacio de dos años resulta técnicamente desaconsejable”. Por este motivo, la Memoria 2018 solo incluye la evaluación de la Agencia de Protección de Datos, como único miembro del grupo de órganos constitucionales y autoridades administrativas independientes, ya que no había sido incluido en el análisis anterior.

Sin embargo, cabe señalar algunas de las conclusiones de este último balance de actividad del CTBG, por indicar su falta de efectivos para mantener “el actual nivel de actividad y desarrollar eficientemente las nuevas funciones que pueden asignarse a medio plazo al organismo”. Según solicita el Consejo, “la plantilla debería incrementarse en un 150%”, lo que le permitiría ampliar su personal en 33 personas.

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Por otra parte, la presidencia del Consejo sigue vacante desde noviembre de 2017, fecha en la que falleció la primera presidente del Consejo, Esther Arizmendi, a la espera de un nuevo nombramiento por parte del Congreso de los Diputados.

No obstante, el CTBG sigue desempeñando una labor garantista, defensora y vigilante de la transparencia, incluso un paso más allá de lo que establecen las normas que lo regulan, como demuestra la información de sus informes y memorias.

Este órgano resulta vital para impulsar la cultura de la transparencia en la sociedad española, que presenta importantes carencias, pues todavía hay administraciones más preocupadas por la opacidad que por ser transparentes, como refleja la última memoria del Consejo, donde muestra que el CTBG ha sido demandado hasta en 88 ocasiones ante los órganos de la Jurisdicción contencioso-administrativa, por los organismos y entidades estatales llamados a ejecutar sus resoluciones.