¿Cómo cumple el IBEX 35 la Ley de información no financiera y de diversidad?

Dicha información deberá ser aprobada por los administradores de la empresa en los tres primeros meses desde la finalización del ejercicio, ser verificada de manera externa y ser publicada en la web de la empresa en un plazo máximo de seis meses y estar disponible durante al menos cinco años.

Para conocer el estado de la información no financiera publicada por las empresas del IBEX 35 respecto al ejercicio fiscal 2018, EY ha publicado el informe Rethinking Sustainability: Estudio Comparativo de los Estados de Información No Financiera (EINF) del IBEX 35, realizado a través de análisis tanto cualitativos como cuantitativos mediante el desarrollo de una herramienta de trabajo desarrollada específicamente.

El informe solo estudia los EINF de 31 empresas, ya que de las cuatro no incorporadas, a tres compañías no les aplicaba la normativa y una no había publicado su EINF a la fecha de cierre del estudio.

Políticas corporativas y entorno, vitales para las estrategias

Los requerimientos de la Ley 11/2018 se han cumplido de diversas maneras por parte de las empresas estudiadas en cuanto a la manera en cómo se ha ofrecido la información requerida.

La gran mayoría de empresas se han inclinado por ofrecer información adicional a la solicitada legalmente, y la manera en que lo han hecho ha sido primordialmente a través de informes integrados de gestión en lugar de aportando informes adicionales a los financieros.

Por lo que respecta a la materialidad, el informe resalta que todas las empresas del IBEX 35 informan sobre el proceso de análisis de asuntos materiales realizado, identificando las fuentes consultadas durante el proceso, los aspectos considerados y las consultas realizadas.

Pero no todas las empresas han informado sobre los resultados de los análisis de materialidad, lo cual tiene un impacto significativo en la relevancia de la información aportada, impidiendo comprobar si todos los asuntos materiales de la organización han tenido su correspondiente respuesta.

Un 77% de las empresas identifican y describen políticas corporativas aplicadas en relación a cuestiones no financieras contempladas en la ley y especifican si son políticas aprobadas por el consejo de administración, mientras que el resto no especifican ese último punto.

La identificación y conocimiento de las variables en el que se mueven las empresas es de gran importancia para poder hacer estrategias y planes de acción a la vez que se previenen los impactos negativos de los que la empresa pueda ser partícipe.

En respuesta a esto, un 94% de las organizaciones estudiadas describe el contexto sobre el que operan, relacionando su actividad de negocio con su entorno.

La creación de planes estratégicos basados en objetivos concisos es indispensable para conseguir el desarrollo exitoso de las actividades empresariales, así como para organizar el rol de los diferentes actores que intervienen en la organización.

Como no podía ser de otra manera según lo anterior, la totalidad de las empresas analizadas hacen referencia a su estrategia de negocio y a sus objetivos a corto o largo plazo.

Pero cuando se trata de explicar cuáles son sus objetivos relacionados con temas no financieros, solo un 55% de las compañías lo hace.

La obligatoriedad de la descripción del modelo de negocio

La Ley 11/2018 obliga a todas las empresas afectadas a informar sobre su modelo de negocio, lo cual es requerido también por varios estándares de reporte además de por inversores y analistas, que usan esa información para comprender la cadena de valor de la organización, su posicionamiento en el mercado y su entorno operativo.

Además de esa información, la gran mayoría de las organizaciones hace pública información relativa a los países donde se desarrolla su actividad, así como la descripción de su organización y la estructura de la misma.

En cuanto a los riesgos no financieros de los modelos de negocio, las empresas analizadas describieron los principales riesgos de negocio de forma general y el 74% describió los no financieros de forma específica, pero el  nivel de detalle de las descripciones varía significativamente entre las empresas analizadas.

También se suma a la falta de descripción de riesgos no financieros  la constatación de una escasa aplicación de marcos comunes que permitan gestionarlos.

La verificación de la información, un paso más allá

Tal y como indica el informe, la obligación de verificación de la información no financiera de la Ley 11/2018 supone un cambio frente a la situación de reporte existente hasta la fecha, ya que ni la Directiva Europea 95/2014/UE ni el Real Decreto-Ley 18/2017 la establecían como requisito indispensable.

Aun así, la Ley 11/2018 es muy poco concreta y se limita a establecer simplemente que la información incluida en el EINF será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.

Las empresas estudiadas han cumplido con ese requisito (incluyendo el informe de verificación junto al EINF en un 90% de los casos y optando por dejarlo aparte en el 10% restante), y un 13% de ellas obtuvo un informe de verificación con salvedades.

Para la realización de los informes, el 58% de las empresas lo hizo de conformidad con el Global Reporting Initiative (GRI), y el resto lo hizo utilizando indicadores concretos seleccionados de ese mismo marco de reporte.

Por último, dentro de los datos generales del estudio de EY, se pone de manifiesto la falta de homogeneidad en la forma de cálculo y presentación de la información reportada.

Prueba de ello es que el 98% de los indicadores cuantitativos no financieros tienen más de una forma diferente de medición, habiendo en los casos más extremos catorce maneras distintas de informar sobre las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, diez maneras de informar sobre consumo de energía o nueve sobre la brecha salarial.

El 98% de los indicadores cuantitativos no financieros tienen más de una forma diferente de medición.

Además de toda la información comentada, el informe desmenuza más concienzudamente los resultados obtenidos en diferentes ámbitos como el social, el medioambiental, el relativo al personal, el de respeto a los DD.HH., o el correspondiente a la lucha contra el soborno y la corrupción.

También plantea una comparativa que permite ver la evolución de los principales indicadores de carácter general entre los años 2018 y 2019, en los que ha habido claras mejoras en la gran mayoría de ellos.

Mejorar el reporte de información no financiera

La última parte del informe está dedicada a presentar los tres principales retos que tiene el reporte de información no financiera y sugerir hacia dónde debe dirigirse en el futuro más próximo.

El establecimiento de sistemas efectivos de control interno es el primer punto que se menciona como mejorable. Unos sistemas que no solo deben aportar seguridad y confianza en los datos, sino además ser capaces de realizar el debido análisis y seguimiento del comportamiento de los indicadores en los diferentes ámbitos de reporte.

El segundo punto a mejorar es la necesidad de homogenizar los indicadores claves de proceso (KPI) para que sean más fácilmente comparables. Esa homogeneización se debe realizar tanto en su cálculo como en el nivel de desglose ya que de lo contrario se impide la comparabilidad de los datos y la concreción del alcance de los mismos.

Por último, se resalta la necesidad de incorporar en los siguientes años elementos que ayuden a mostrar la evolución de las actuaciones de las empresas, y cómo se desarrollan sus estrategias de sostenibilidad y los mecanismos de aplicación, de acuerdo a las necesidades y tendencias del entorno.