Caso Palau: lo que nadie cuenta

Algunas malas lenguas dicen que el escultor catalán tenía dotes proféticas y que el campesino que toma del brazo a la chica, lejos de representar el vínculo de la música con el pueblo catalán,  en realidad presagiaba el expolio que sufriría la institución catalana de manos de su clase dirigente.

Se comparta o no esta interpretación, lo cierto es que la decisión de la Audiencia de Barcelona el pasado lunes 5 de febrero de enviar a prisión a Feliz Millet y Jordi Montull ha vuelto a traer a la actualidad uno de los principales escándalos de corrupción de los últimos años.

Como se recordará, hace tres semanas la Audiencia condenó a Félix Millet a nueve años y ocho meses de prisión y a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de cárcel, por enriquecerse personalmente y actuar como intermediarios en favor del partido político CDC. El partido catalán cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (en adelante Fundació), que ésta, a su vez, recibía de la empresa Ferrovial en concepto de patrocinios musicales a cambio de adjudicaciones de obra pública por los políticos.

Como era de esperar, la atención principal de los medios se ha centrado en describir con pelos y señales el entramando de corrupción política y empresarial del establishment catalán. No es para menos, las 102 páginas de hechos probados de la sentencia constituyen un excelente compendio de los desmanes y corruptelas que ha sufrido España en esta última década: financiación irregular de los partidos políticos, corrupción de empresas adjudicatarias de obra pública, pago de comisiones irregulares a funcionarios públicos, codicia de la clase dirigente, etc.

Los 104 floreros

La condena a Félix Millet, presidente de la Fundació, y Jordi Montull, director de la entidad, no nos puede hacer olvidar, sin embargo, que el principal órgano de control y supervisión de la entidad era el patronato de la Fundació, constituido por 104 personalidades de la sociedad civil catalana relacionadas con la política, la economía y la cultura. Debido a las dimensiones del patronato, la supervisión más directa se delegó en una comisión presidida por el presidente del patronato e integrada por 29 miembros.

La pregunta del millón, que esta sentencia no aclara, es ¿qué responsabilidades civiles y penales pudo contraer el patronato al omitir sus deberes de supervisión y control?

Si bien, puede ser comprensible que algunas operaciones ilícitas, al estar soportadas en documentos falsos, fueran difíciles de detectar por el patronato, resulta mucho más embarazoso justificar cómo los miembros de la comisión delegada pudieron hacer la vista gorda ante determinados hechos realizados a plena luz del día.

Entre la docena de tropelías cometidas por los condenados la sentencia detalla cómo “la mayor parte del coste de celebrar las bodas de las hijas del presidente Millet, fue abonado por la Fundació, con cargo a los fondos de la misma, además de celebrar ambos enlaces en las instalaciones del Palau de la Música sin satisfacer alquiler alguno por ello, como debía efectuar toda persona que quisiera realizar cualquier celebración privada en dichas instalaciones”.

¿Cómo no llamó la atención a ninguno de los 104  patronos que el presidente usase las instalaciones del Palau para celebrar el enlace de sus hijas? Dejando a un lado el hecho de que se cargasen los gastos de la boda a la entidad, ¿cómo es que nadie advirtió al presidente que usar las instalaciones de una entidad que él presidía para uso propio, aunque las pague, resulta, sencillamente, indecoroso e imprudente por afectar a la reputación de la entidad?

Si subrayamos estos hechos no es con el propósito de cargar las tintas, sino con la finalidad de poner de manifiesto cómo la falta de supervisión del patronato había llegado hasta el extremo de excusar conductas que una sencilla madre de familia no habría permitido.

Ante esta falta de sensatez y de control por parte del patronato, a nadie puede extrañar que el presidente y el director administrasen una de las entidades públicas más representativas de la ciudad condal como si fuese su finca particular, y se animasen a cargar a la misma sus viajes de placer a las Maldivas, Tanzania, Kenia o la Polinesia, hasta alcanzar la cifra de 648.000 euros.

Injustificable resulta, desde cualquier punto de vista, que el patronato de la Fundació no contase con una comisión de auditoría y control responsable de evaluar el sistema de verificación contable de la institución, de velar por la independencia del auditor externo, de revisar el sistema de control interno y de auxiliar al patronato en la determinación y supervisión de la política de remuneración de los principales directivos de la organización.

De tenerla, como la mínima prudencia exigía, hubiera detectado “el desorbitado incremento salarial –según palabras literales de la sentencia- del presidente y del director”, que en el año 2007 pasaron a percibir la cantidad de 1.261.999  y 369.181 euros, cuando en el año 2006 sus sueldos eran de 34.616 y 17.343, respectivamente.

Como la apropiación del dinero era compleja de justificar contablemente, Félix Millet y Jordi Montull crearon un entramado de sociedades interpuestas para acreditar la percepción de servicios profesionales a la entidad que, en realidad, nunca se llevaron a cabo.

Todo lo anterior no podría haberse realizado sin la complicidad del secretario del patronato, Raimon Bergós, quién, en connivencia con el presidente, el director y la directora financiera, Gemma Montull, hija de Jordi Montull (el nepotismo también era moneda corriente en la institución) falseó los documentos para ocultar sus fechorías. Se daba, además, la circunstancia de que la pareja de Gemma, Enric Fernández, era el interventor de la Generalitat encargado de fiscalizar las cuentas del Consorcio del Palau durante el periodo 2002-2007.

Por otro lado, no era difícil augurar que el hecho de que el patronato del Palau estuviese integrado por más de un centenar de personas pertenecientes a la sociedad civil política y empresarial de Barcelona creaba un terreno abonado para favorecer el mutuo intercambio de favores.

La mezcla de intereses espurios entre los organismos de las administración pública (Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona), empresas constructoras a la caza de adjudicaciones de obra pública (Ferrovial), partidos políticos necesitados de financiación (CIU y UDC) y patronos negligentes de la alta burguesía catalana era una bomba de relojería.

El entramado de complicidades era tan profundo que el juez instructor del caso Palau, Josep Maria Pijuan, se quejó de las trabas que se estaba encontrando para esclarecer los hechos por la nula cooperación de los bancos: “La escasa colaboración de las entidades financieras ha determinado en gran medida que la instrucción practicada hasta el momento no haya averiguado el destino de ni siquiera la mitad del dinero defraudado”.

Se podría concluir afirmando que la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana desarrolló un prontuario insuperable de malas prácticas en las áreas de gobierno, la rendición de cuentas y el control interno.

El patronato, integrado por lo más granado del empresariado y la política catalana, fue un órgano puramente decorativo, cuyos miembros no ejercieron sus deberes de supervisión con la diligencia mínima exigida, interpretando su designación para formar parte del mismo como el natural tributo a su incuestionable relevancia en la sociedad.

Cambiar para que todo siga igual

La mejor prueba de que esa actitud formaba parte del talante del patronato es que nada parece haber cambiado al día de hoy. Cabría esperar que, tras los gravísimos delitos cometidos, se hubiesen tomado las medidas oportunas para corregir la negligente indolencia e ineficacia del patronato. Nada más lejos de la realidad.

La presidenta actual del patronato es la misma persona que ostentaba la vicepresidencia del Palau cuando se inició el saqueo público de la entidad. Las normas más elementales de decoro y dignidad exigían que el patronato, no solo su vicepresidenta, hubiesen presentado en bloque su dimisión por “culpa in vigilando”.

La presencia de políticos en el patronato sigue vigente con tres vocales por razón del cargo en representación de la Generalitat de Cataluña (Maria Dolors Portús Vinyeta), el Ayuntamiento de Barcelona (Jordi Martí Grau) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Montserrat Iglesias).

Una de las características más interesantes del buen gobierno en las instituciones culturales del Reino Unido es el principio de arms’s lenght, en virtud del cual las organizaciones no pueden estar integradas por representantes del poder político. ¿Cuántos políticos forman parte del patronato del Royal Opera House? ¡Ninguno! ¿Cuántos del Royal Albert Hall? ¡Los mismos!

El resto de los patronos actuales del Palau, hasta alcanzar la cifra de 22, proceden de los miembros de la Asociación Orfeó Català (diez patronos) o son designados por el Consejo de Mecenazgo (ocho patronos), un órgano creado por el propio patronato con el fin de promover la colaboración de la sociedad civil en la financiación de las actividades de la Fundació.

Si bien nadie cuestiona la utilidad de constituir un órgano responsable de recaudar fondos (Consejo de Mecenazgo), resulta imprudente que no se haya aprobado una política de captación de fondos cuando existe un riesgo alto de conflicto de intereses al formar parte del patronato los principales donantes (empresas mecenas). Se trata de una práctica de buen gobierno común en las instituciones culturales, como se puede comprobar en el caso de la Royal Opera House,  cuyo órgano de gobierno tiene aprobadas sendas políticas sobre Declaration of Interest Policy y Development Code of Fundraising Practice.

En la misma línea, resulta incomprensible que, pese a estar previsto en los estatutos (cápitol VI – De la comissio de comptes), el patronato no haya constituido todavía una comisión de auditoría y control ni haya impulsado un departamento de auditoría interna que informe directamente al patronato.

Nadie obliga a los patronos a aceptar el cargo para formar parte del gobierno de una fundación. Aceptarlo supone contraer una obligación con la entera sociedad, pues las fundaciones han sido creadas para impulsar fines de interés general. Para administrar y proteger esos actos de generosidad cuentan con un órgano de gobierno que se denomina patronato. Se trata de una labor muy importante. Es difícil concebir una actividad más noble. Lo que la sociedad confía a las fundaciones tiene enorme relevancia: educar nuestras mentes, procurarnos la salud física o espiritual, canalizar nuestras buenas intenciones, etc. Las expectativas que la sociedad tiene puestas en estos órganos de gobierno son muy grandes, porque administran bienes de mucho valor.

Es difícil encontrar un ejemplo en el que una actividad ad honorem, como es servir en el patronato de una institución cultural, que, por definición, se realiza por la honra, el prestigio o la satisfacción personal que la tarea brinda, haya sido más desnaturalizada en la práctica y siga mereciendo igual desinterés.

No lo he comprobado personalmente, pero se cuenta que si uno se acerca muy de mañana a contemplar el relieve que adorna la fachada del Palau, podrá distinguir con los primeros rayos de luz unas manchas en el rostro de la muchacha. Algunos dicen que son las lágrimas que vierte por la ciudad, que imploran a gritos que alguien las seque.