El índice de envejecimiento en España alcanza su valor máximo: el 120%

Contrastan las cifras actuales con las de finales de siglo XX, cuando España era aún joven: en 1985 se contabilizaban 46,7 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, con lo que se estaba ante una sociedad en plena expansión y con gran potencial para crecer económica y laboralmente.

Es a partir del año 2000 cuando el país empieza a presentar una mayor proporción de personas senior que de jóvenes y, por tanto, a ser una sociedad envejecida. En otras palabras, a partir del año 2000, España presenta un índice de envejecimiento superior al 100%.

Por Comunidades Autónomas, vuelve a liderar el ranking de envejecimiento Asturias, con un índice del 214% (214 mayores por cada 100 menores de 16), seguida de Galicia (195,2%) y Castilla León (193,5%). En el otro lado, Ceuta y Melilla, Murcia, Baleares y Andalucía son las únicas regiones con una mayor proporción de jóvenes.

La relación cotizante-pensionista, en mínimos

Se calcula que en 2030 los mayores de 65 supondrán el 30% de la población, frente al 18% actual. En este momento, cuando empiecen a jubilarse en masa los babyboomers (nacidos entre 1958 y 1977), unas cohortes sensiblemente más reducidas deberán soportar el coste de la atención de las pensiones y sus cuidados sociosanitarios.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “La relación cotizante-pensionista es actualmente de 2,2, considerándose una ecuación sostenible a partir de 2,5 contribuyentes por cada jubilado. Si continúa esta tendencia, para 2052 se estima que, por cada persona inactiva, habrá poco más de una persona trabajando, lo que sin duda pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema”.

Ante esta realidad, Mesonero destaca que “urge tomar medidas que frenen los efectos de este envejecimiento imparable: alcanzar acuerdos de Estado y dedicar un mayor porcentaje del PIB a la familia, impulsar políticas activas contra la discriminación por la razón de edad, sensibilizar al tejido empresarial para que apueste por la fuerza laboral senior, y empoderar a los demandantes de empleo de más edad para que adquieran herramientas clave que les permitan competir en el mercado del siglo XXI”.

Dificultades para dar empleo

A la luz de las cifras, queda patente la necesidad de apostar por la fuerza laboral que, hasta el momento, ha sufrido más discriminación en su acceso al empleo, principalmente los mayores de 55 años que experimentan exclusión laboral como consecuencia de su edad.

En este contexto, la Fundación Adecco alerta de la incoherencia que tiene, en esta coyuntura, discriminar laboralmente a los desempleados de más edad.  Según el director general de la Fundación Adecco: “No solo es un contrasentido demográfico, sino que ponemos en peligro nuestro Estado del Bienestar. La prioridad nacional debe ser la implementación de políticas activas de empleo que empoderen a los desempleados seniors, mediante formación, acompañamiento y recursos clave que les permitan actualizar sus competencias y convertir su experiencia en un valor añadido”.

En la misma línea, Mesonero comenta que: “en la actualidad, la edad de ingreso al empleo es cada vez más elevada; sin embargo, la discriminación comienza poco después de los 40 años, propiciando una salida temprana del mercado laboral. Si a ello añadimos que la esperanza de vida está en máximos históricos, la conclusión es que las personas están más tiempo inactivas que activas a lo largo de su vida. Con todo ello, llegar a los 35 años cotizados se torna complicado y, quien llega, solo genera un 33% del importe total de la jubilación, con lo que la situación se vuelve insostenible”.

Así, Mesonero añade que: “Cada año aumenta el volumen de desempleados mayores de 55 años que acuden a la Fundación Adecco en búsqueda de un empleo, pero tenemos serias dificultades para darles respuesta. No existe suficiente foco político y social en un reto tan crítico para la sostenibilidad de nuestro mercado laboral”.

Por último, el directivo advierte de la necesidad de estimular la participación de los segmentos de la población hasta ahora más inactivos (mujeres, personas con discapacidad, etc), para compensar la falta de relevo generacional y garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema, particularmente en lo que respecta al mantenimiento de las pensiones.