Más derechos y menos burocracia, claves de la reforma de la dependencia y discapacidad

Este proyecto de ley ampliará el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad, y, en palabras del ministro, revertirá “dos recortes importantes” de la década anterior: va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012 para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona, y eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Asimismo, el Gobierno ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Más servicios en el catálogo y más prestaciones

La reforma incluye nuevos servicios en el catálogo:

• Cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.
• Se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
• Se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.

Asimismo, otra novedad incorporada ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida, según el ministerio,  aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida.

Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio.

Ayuda en el domicilio

La norma incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea,la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema. De esta manera se ayuda a desplegar y desarrollar este servicios con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.

Otras novedades son el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan y la elevación a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.

Además, el texto considera los centros de día como un servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio.

Menos burocracia y más agilidad

La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.

Asimismo, esta reforma también agiliza el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos con la persona interesada y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones.

La reforma del SAAD incorpora una novedad clave para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral: a partir de ahora dejará expresamente claro que es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.

Accesibilidad universal

En materia de discapacidad, el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. La modificación fue votada en las Cortes Generales con un amplio consenso político a comienzos de 2024 para garantizar más derechos y más dignidad a las personas con discapacidad. De esta forma, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal.

La nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones, etc.

La respuesta del sector

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha valorado  las propuestas para la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia como un avance necesario para actualizar derechos y servicios clave. Según este organismo, el anteproyecto introduce mejoras importantes para dar respuesta a antiguas demandas del sector, como reforzar la teleasistencia, eliminar incompatibilidades “inaceptables”, ampliar la asistencia personal y reconocer nuevos modelos de vida independiente. También valora la incorporación de un Fondo Estatal para impulsar la accesibilidad universal y actualiza la protección jurídica de las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Sin embargo, CEDDD advierte que ninguna reforma tendrá impacto real si no se garantiza antes el cumplimiento de la legislación vigente. Según expresa, en la actualidad “miles de personas en España siguen atrapadas en listas de espera, barreras arquitectónicas, contratos precarios y procedimientos interminables que vulneran derechos fundamentales reconocidos desde hace años”.

También la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha celebrado la aprobación la reforma. La entidad muestra su satisfacción porque el anteproyecto recoja avances significativos trasladados por Cocemfey el movimiento asociativo aglutinado en torno al Cermi, como la incorporación de la asistencia personal como servicio del catálogo, el aumento de horas de atención, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a personas con grado I de dependencia o las compatibilidades entre el desempeño de empleo y la percepción de prestaciones por dependencia.

A pesar de estos avances, la Confederación advierte que aún son necesarias mejoras sustanciales para garantizar una aplicación real y efectiva en todo el territorio. “El texto recoge avances, pero sin una financiación adecuada, una concreción clara y mecanismos efectivos de supervisión, las mejoras corren el riesgo de no llegar a quienes más lo necesitan”, ha señalado Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe. “La equidad territorial y los recursos son indispensables para convertir estos derechos en realidades”, añade.