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Foto: Plataforma del Tercer Sector.
El tercer sector urge a reformar la Ley de Desindexación porque perjudica a las entidades
La Ley de Desindexación limita la revisión de precios en los contratos con la Administración pública para la prestación de servicios, por lo que las organizaciones sociales con contrato deben prestar los servicios sin variación de precios durante toda su duración. Esta ley fue aprobada con el objetivo de hacer más competitiva la economía española, pero, en el contexto económico actual, “está perjudicando, gravemente, a las entidades sociales porque produce un desequilibrio económico entre las partes”.
Así lo entiende la Plataforma del Tercer Sector y así se lo he hecho llegar en una reunión reciente al director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Victor Ausín, a quien ha pedido una reforma urgente de la norma porque afecta de forma grave a su sostenibilidad, según señalan desde la organización.
Nueva regulación por razones de interés social
Durante la reunión, el vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asuntos Públicos de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado la necesidad de eliminar la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del tercer sector, “porque los elevados niveles de inflación resultan deficitarios para las organizaciones”.
En este sentido, Pérez Bueno ha explicado que es esencial que “se regule legalmente la viabilidad de la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, por razones de interés social”.
Además, la Plataforma del Tercer Sector reclama la implantación de mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan, de manera negativa, en su sostenibilidad.
En la reunión también han participado María José Juanes, directora ejecutiva, de la Plataforma del Tercer Sector, Óscar Moral, asesor jurídico del Cermi y Manuel Delacampagne, subdirector general de Análisis Sectorial y María Sobrino, subdirectora general de Políticas Sociales.