La reforma de la dependencia amplía derechos, pero el tercer sector pide más financiación

Las claves de la reforma de la Ley de dependencia

Entre las principales novedades de este Anteproyecto de Ley figuran la eliminación de la incompatibilidad de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria, y el reconocimiento de cuidadores del entorno relacional.

Según explica el Gobierno, el nuevo texto de la Ley de Dependencia va a ampliar y reorganizar los servicios ofrecidos para “centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias”.

Al mismo tiempo, la reforma incorpora nuevos servicios orientados a este fin, como la extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. También, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que se reconozca también cuando el cuidado lo presten personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

En esta misma línea, el anteproyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. A partir de la aprobación de la reforma, todas estas personas podrán reclamar la teleasistencia y los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio. Además, la reforma elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlo a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.

Por otra parte, el anteproyecto de ley incluye tres nuevos servicios en el catálogo. En primer lugar, ofrece servicio de cuidados y apoyos en vivienda, ya sean viviendas donde convivan solo unas pocas personas o viviendas dentro de equipamientos colectivos como puede ser el modelo de vivienda colaborativa conocido como cohousing. En segundo lugar, se estipula un servicio de provisión de productos de apoyo para facilitar el acceso, mediante préstamo o cesión temporal, a productos que mejoren la autonomía. Además, se incluye un servicio de asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo.

Reforma de la Ley de discapacidad

La reforma cambiará la Ley de discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como la accesibilidad universal. Esto se concreta en que la ley estipulará este derecho como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como la instalación de rampas para sillas de ruedas o la creación de QR para audiodescripciones.

En lo referente al ámbito privado, el anteproyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a las comunidades de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.

Otra novedad está relacionada con los seguros de salud o de vida, prohibiendo a las compañías asegurados a discriminar a personas con discapacidad que quieran contratar un seguro. Por otro lado, se simplificarán algunos trámites administrativos para poder acelerar los procedimientos. En este sentido, se va a establecer una pasarela directa para que las personas a las que se le concede cualquier grado de dependencia sean reconocidas con una discapacidad del 33%.

La reacción del tercer sector

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) reconoce estas propuestas de reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, pero, en línea con otras organizaciones del tercer sector, ha mostrado sus reservas acerca de que su efectividad vaya más allá del papel si no hay una dotación presupuestaria suficiente.

En este sentido, CEDDD recuerda que la actual dotación presupuestaria a la Dependencia en España se reduce a un 0,89% del PIB, una cifra que se aleja de la media europea del 1,8%, y reitera su petición de elevar la partida al 2% del PIB.

CEDDD da la bienvenida a medidas anunciadas, como la eliminación de la incompatibilidad de prestaciones o el refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria. Sin embargo y en línea con su defensa de la libertad de elección, no oculta su temor de que algunas de estas medidas puedan tener consecuencias negativas para el tejido residencial, al basarse en la premisa de la desinstitucionalización de las personas dependientes, con el objetivo de sacarlas de entornos que se han llegado a calificar de aislantes y segregadores.

La organización reconoce cómo válidos todos los formatos y modelos de atención a la persona dependiente, siempre y cuando respondan a sus necesidades, garanticen su bienestar y pongan a la persona y sus decisiones en el centro.

En la misma línea, CEDDD insiste en que, sin una financiación adecuada, estas reformas corren el riesgo de quedar en meras declaraciones de intenciones. En su opinión, la Ley de dependencia, que recientemente ha cumplido 18 años, ha estado marcada por deficiencias significativas en su implementación. Desde su aprobación en 2006, aproximadamente 900.000 personas han fallecido mientras estaban en lista de espera para recibir las prestaciones a las que tenían derecho, lo que equivale a una persona cada 16 minutos, añade.

Según los datos que aporta, en 2024, más de 35.000 personas en situación de dependencia murieron sin haber podido acceder a las prestaciones reconocidas por la ley. Esto significa que, cada 15 minutos, una persona dependiente fallece sin recibir la asistencia necesaria.

Además, señala que el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia se sitúa en casi un año, superando este plazo en algunas comunidades autónomas. Esta demora prolongada no solo retrasa el acceso a las ayudas, sino que también contribuye al elevado número de personas que fallecen sin recibir las prestaciones que les corresponden, asegura el CEDDD.