El Cermi pide al Gobierno que acelere la regulación del facilitador procesal

Según explica el Cermi, a pesar de que esta figura del facilitador procesal tuvo su primer reflejo normativo en la Ley 8/2021, que reformó el Derecho civil español para adaptarlo a los mandatos del artículo 12 sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario aprobar una disposición de rango reglamentario de ámbito estatal -real decreto de desarrollo- que precise y detalle todos los aspectos de la misma.

Con este propósito, el Comité elaboró en 2024 una propuesta de regulación reglamentaria sobre el facilitador judicial que hizo llegar tanto a los ministerios de Justicia como de Derechos Sociales como posición del sector social de la discapacidad en la materia, a fin de proporcionar materiales inspiradores que ayudaran a su configuración normativa.

A juicio del Cermi no debe demorarse más la aprobación de este real decreto, sin el cual el facilitador procesal no podrá consolidarse y expandirse en el sistema judicial español, quedando debilitado gravemente el derecho de acceso a la Justicia que deben tener garantizado todas las personas con discapacidad, según indica este organismo.