ONG rechazan el pacto migratorio de la UE porque “socava los derechos humanos”

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se denuncia que el acuerdo “socava aún más el derecho de asilo y los derechos humanos en la UE”. Según la organización, tras ocho años de intensas negociaciones, habrá una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo en 2024 que en la práctica supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional.

CEAR denuncia que las personas solicitantes de asilo deberán someterse a una serie de controles obligatorios durante los que correrían el riesgo de permanecer en condiciones de privación de libertad hasta que se les permita la entrada en la UE. Esto se haría bajo la presunción de una “ficción jurídica de no entrada”, contraria al derecho internacional y representativa del intento de consolidar las fronteras como “espacios de no derecho”, apunta la organización.

Accem, otra ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes, también ha mostrado su preocupación por el pacto, advirtiendo del retroceso que puede suponer para los derechos y garantías de esas personas. Señala que, si bien se recoge entre las principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, “no se establecen disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen”.

Critica además que el acuerdo pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que, según esta ONG, no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos dentro de su territorio. Accem afirma que será criterio de cada Estado miembro establecer qué países considera seguros y que “el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los derechos humanos”.

Por su parte, Oxfam Intermón denuncia el precio que para los derechos de las personas migrantes va a suponer el acuerdo: “Lo que se ha acordado no es mejor”, explica Cristina Fernández-Durán, especialista en migración de la organización humanitaria. “En muchos sentidos, es mucho peor. La Unión Europea ha perdido la oportunidad de pactar mejores normas que garanticen que hay solidaridad y un reparto de responsabilidades entre países europeos”.

Oxfam Intermón denuncia que el acuerdo avala más detenciones, incluso de niños y familias, en unos centros similares a prisiones. “El acuerdo también implica cerrar la puerta a las personas solicitantes de asilo”, dice Fernández-Durán, ”con procesos deficientes para tramitar sus peticiones o una aceleración de las deportaciones. En definitiva, pone en jaque las vidas de las personas al aumentar el riesgo de devolución. Para esta ONG, el acuerdo es “un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y de las leyes de asilo”.

Ese acuerdo “no resuelve los problemas” de migración de la UE sino que, en realidad, “limita el acceso al asilo y los derechos de quienes buscan protección”, advirtió en un comunicado Caritas Europa, coordinadora de la red de las 49 asociaciones europeas de Caritas.

Entretanto, Médicos Sin Fronteras cree que el pacto “no es una solución a la ‘crisis migratoria’ de Europa”, sino “simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo”.

Para Raquel González, coordinadora de la ONG, “en lugar de garantizar a las personas que buscan seguridad en Europa unas condiciones de acogida dignas, el pacto no hace sino institucionalizar la detención de facto y socavar el derecho de las personas a solicitar asilo”.

Desde Save the Children se denuncia que el pacto “normaliza las violaciones de derechos y pone en peligro a los niños”.

“Es evidente que para la mayoría de los legisladores, la prioridad era cerrar las fronteras, no proteger a las personas, incluidas las familias y los niños que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte mientras buscan protección en Europa», ha apuntado Willy Bergogné, director de Save the Children Europa.