1.200 millones de euros habría que invertir en España para erradicar el sinhogarismo

Considerando que en España hay actualmente 28.500 personas en situación de sinhogarismo, y con una ocupación media cercana a las tres personas por vivienda, tendríamos necesidad de unas 10.000 viviendas, calcula EY. Con un precio medio de la vivienda de unos 100.000 euros (teniendo en cuenta el precio medio de vivienda en España de unos 60 m2 de superficie), a lo que habría que sumar unos 20.000 euros para adecuar la vivienda, llegamos a un coste medio de 120.000 euros por vivienda, señala el informe, al tiempo que recuerda que en España hay cerca de 3,4 millones de viviendas vacías, por lo que el stock necesario existe, a falta de rehabilitar y poner a disposición de este sistema.

La investigación de EY  pone el foco en una realidad que está conectada con el problema de la vivienda, pero que va más allá de este para abatirse principalmente sobre colectivos vulnerables, pero también sobre un buen número de jóvenes o profesionales con sueldos cada día más ajustados. El impulso de la vivienda social desde diversas iniciativas públicas no solo no ha logrado paliar la situación, sino que se está viendo agravada, destaca EY.

El estudio aporta propuestas para impulsar la vivienda social y combatir el sinhogarismo. Entre las primeras, se apela al desarrollo de políticas activas, realistas y urgentes para ampliar el parque de vivienda social y la disponibilidad de vivienda a precios asequibles, especialmente para colectivos vulnerables o bajos ingresos.

También se sugiere la conveniencia de la modificación del marco legislativo y fiscal que permita la construcción de vivienda social con más agilidad y a precios razonables, especialmente en zonas tensionadas o con problemas relevantes, además de la aprobación con nueva normativa y ordenanzas municipales de la participación de empresas del sector inmobiliario en proyectos sostenibles desde el punto de vista social y financiero.

Además, se señala la necesidad de incorporar fórmulas ágiles y seguras desde el punto de vista jurídico para atraer inversores dispuestos a apostar por vivienda asequible para colectivos con bajos ingresos, pero capaces de generar valor, y la utilización eficiente de suelo público para la construcción de nueva vivienda social de titularidad pública con gestión eficiente y centrada en colectivos en riesgo de exclusión, entre otras propuestas. “Este cambio se impulsaría mediante colaboración público-privada y es posible acometerlo ya que, en muchos casos, este suelo no tiene valor como terciario, pero sí como residencial gestionado”, agrega el informe.

En cuanto a las propuestas contra el sinhogarismo, además de la citada estrategia a nivel nacional, se recomienda un impulso general y decidido de programas llamados de Housing First y Housing Led, con foco en la aportación de vivienda, pero con apoyo social personalizado por parte de profesionales de servicios sociales y seguimiento continuo.

Otras medidas serían: el lanzamiento y ejecución de proyectos con aportación de recursos por parte de inversores y empresas del sector inmobiliario; la aportación de fondos, recursos o bienes inmuebles susceptibles de utilizar en programas de apoyo social a personas sin hogar, y la articulación de fórmulas ágiles para apoyar y financiar proyectos de ayuda a personas sin hogar por parte de la sociedad civi.

También se conmina a una actuación rápida y preferente en zonas urbanas tensionadas en materia de vivienda social, en donde viven colectivos con mayor riesgo de exclusión y de caer en el sinhogarismo, así como a una estructuración de incentivos al sector inmobiliario para mejorar la rentabilidad de estos proyectos y, por tanto, incrementar la demanda por este tipo de vehículos.

Para Juan López del Alcázar, socio responsable del sector Private Equity y Managing Partner de Strategy and Transactions de EY, “las actuales respuestas al sinhogarismo no están logrando revertir este fenómeno sino que, muy al contrario, este cada vez va a más. Por ello, está en manos de todos los agentes implicados -inversores, particulares y Administraciones- avivar un diálogo que aporte nuevas ideas capaces de dar solución a este acuciante problema”.

“Con el foco puesto en el inversor, es momento de impulsar aquellas iniciativas de carácter privado residencial, basadas en inversiones de impacto, pero también rentables, sostenibles y comprometidas. Se trata de fórmulas que, además, pueden resultar de gran ayuda para dar salida al gran stock de viviendas existente en nuestro país aportando valor financiero y social”, concluye.