‘Project finance’, o cómo ayudar a financiar la descarbonización de la economía

Desde esos tímidos comienzos, las energías renovables han recorrido un largo camino hasta convertirse, a día de hoy, en tecnologías maduras y solventes que ocupan una posición de liderazgo dentro del mix energético nacional. De hecho, en 2024, la primera tecnología de generación eléctrica española fue la eólica, con el 23% del total, mientras que la solar fotovoltaica se situó en el tercer puesto con el 17%, según Red Eléctrica Española.

Datos como los anteriores evidencian que el modelo energético está cambiando y, por tanto, nuestro propio país también: aparecen nuevas infraestructuras energéticas como los parques fotovoltaicos y eólicos capaces de reducir el precio de la energía y las emisiones de carbono; mientras que otras infraestructuras, contaminantes y obsoletas, desaparecen, como demuestra el cierre de las minas de carbón y las centrales térmicas basadas en dicho combustible fósil.

Estamos inmersos en un proceso de transición energética y de descarbonización de la economía en el que las nuevas cleantech, o tecnologías limpias, deben ayudarnos a llegar antes y mejor a la meta. La evidencia científica es clara: la influencia humana, y en particular las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles, es la principal causa del calentamiento global (IPCC, 2021). Como advierte el Acuerdo de París de 2015, superar el umbral de seguridad fijado en un aumento de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales nos sitúa en un escenario de incertidumbre en el que los fenómenos extremos como las olas de calor, sequías, tormentas e incendios forestales, se vuelven más largos, intensos y graves.

Sin embargo, la ventana de oportunidad para no superar el límite se está cerrando. De hecho, en 2024, la temperatura media anual del planeta superó los niveles preindustriales en 1,55 grados. Esto no significa que se haya fracasado en el objetivo, cuestión que depende de la tendencia y no de un año concreto. Pero las altas temperaturas de 2025 no invitan al optimismo, por eso debemos pisar el acelerador en este proceso de descarbonización.

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Grandes infraestructuras

Descarbonizar la economía de un país requiere el compromiso de sus principales agentes socioeconómicos, tanto públicos como privados, así como una ingente movilización de recursos de todo tipo. Uno de los principales retos en este sentido es encontrar las fuentes de financiación adecuadas cuando hablamos, por ejemplo, de grandes infraestructuras energéticas que requieren enormes volúmenes de capital. Una solución en este sentido puede ser la apuesta por mecanismos de financiación como los project finance.

Como explica Jaime Artola, head of Structured Finance de BBVA CIB (la división de banca corporativa, de inversión y mayorista del grupo): “El término project finance se refiere a la financiación de grandes proyectos de infraestructuras o energía cuya inversión inicial es especialmente costosa y su periodo de rentabilización muy largo”.

Los project finance están muy vinculados con el desarrollo de la infraestructura básica de un país y contribuye también a su desarrollo económico. A menudo se complementan con financiaciones otorgadas por bancos de desarrollo como el International Finance Corporation, el European Bank for Reconstruction and Development o el Interamerican Development Bank, que buscan contribuir a proyectos emblemáticos con especial impacto en el país.

Para BBVA, esta fórmula de financiación está llamada a interpretar un papel clave en la descarbonización de la economía. “Permite canalizar grandes volúmenes de capital hacia proyectos de transición energética y tecnologías limpias, asegurando que sean viables financieramente y escalables en el tiempo”, asegura Artola.

Brecha de financiación

El primer problema con el que se encuentran las cleantech es la falta de financiación. El informe Cleantech capital in Iberia: mapping the landscape, mobilising the investments muestra que “la península ibérica necesita movilizar 250.000 millones de euros adicionales hasta 2030 —unos 50.000 millones cada año— para cumplir los objetivos de transición ecológica”, detalla Bianca Dragomir, directora de Cleantech for Iberia, iniciativa en la que participan inversores, empresas, bancos, universidades e instituciones de España y Portugal con el objetivo de “convertir a la península ibérica en el epicentro de la reindustrialización verde de Europa”, afirma Dragomir.

Las dificultades para encontrar inversores son especialmente significativas durante los primeros pasos de estas nuevas empresas. “En la etapa de arranque, las empresas cleantech tropiezan con la falta de capital paciente (tipo de inversión de riesgo en nuevos proyectos cuyo retorno financiero se plantea a largo plazo): en 2024, la península ibérica apenas atrajo 426 millones de euros en venture capital, frente a los más de 2.400 millones en Alemania. Esa diferencia marca cuántas ideas se convierten en empresas viables y cuántas se quedan en el cajón”, remarca la directora de Cleantech for Iberia.

Una vez superada la etapa de arranque, otro momento crítico es el de la escalabilidad, que se refiere al momento en el que la cleantech ya ha demostrado que su tecnología funciona y debe convertir su primer prototipo en una potente infraestructura capaz de manejar una carga de trabajo o de demanda mucho mayor, a escala industrial, pero sin comprometer su rendimiento ni de aumentar los costes de manera proporcional.

“En la fase de escalabilidad, el desafío es aún mayor: muchas tecnologías se quedan bloqueadas en fase piloto porque faltan esquemas que combinen capital público y privado de manera eficaz. Según el informe, la península ibérica necesita al menos 4.000 millones de euros adicionales en capital riesgo entre 2025 y 2030 para poder estar a la altura de sus pares europeos”, insiste Dragomir.

El project finance puede suponer una solución de financiación en ambas etapas, asegura: “Ha estado tradicionalmente vinculado a tecnologías maduras, pero adaptarlo a las cleantech emergentes puede ser una revolución. Permite alinear riesgos y retornos, atraer deuda a gran escala y, sobre todo, dar confianza a inversores y desarrolladores de que el futuro de estas tecnologías no se quedará en el laboratorio”.

Alianzas y clientes

El pasado mes de abril, BBVA anunció la firma del primer project finance para una planta de hidrógeno renovable en la península ibérica. El acuerdo se cerró con Basque Hydrogen, sociedad creada para dicho proyecto en la que participan Petronor (51%), Enagás Renovables (24,5%) y el Ente Vasco de la Energía, (24,5%). Dicha conformación ad hoc es un elemento recurrente en este tipo de iniciativas.

El préstamo anunciado servirá para financiar la construcción de una planta en el puerto de Bilbao dedicada a la obtención de hidrógeno renovable que irá destinado a otra planta dedicada, a su vez, a elaborar combustibles sintéticos para coches, camiones, barcos y aviones.

En este acuerdo, BBVA ha actuado como asesor y coordinador de la deuda, en una operación en la que también participa Kutxabank y en la que se han obtenido fondos través del programa H2 Pioneros -destinado a promover proyectos de hidrógeno renovable, y que está incluido dentro del Perte Erha (energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento) del Gobierno central y que cuenta con el apoyo del programa europeo NextGenerationEU— y el programa Indartu del Gobierno Vasco.

Esta es otra de las ventajas de los project finance a la hora de impulsar la descarbonización: promueven la creación de estructuras financieras sólidas capaces de atraer a inversores públicos y privados, además de facilitar la obtención de ayudas. En palabras de Artola: “La colaboración público-privada, junto con la participación de distintos perfiles de inversores, aporta estabilidad y confianza para movilizar capital hacia proyectos de transición energética de gran envergadura”.

Más allá de atraer financiación, la estructura creada potencia la propia evolución del proyecto. “El project finance es mucho más que dinero: aporta credibilidad, disciplina y un marco claro de colaboración público-privada. Ofrece un lenguaje común entre innovadores, bancos e instituciones, profesionaliza los proyectos y les da la robustez necesaria para convertirse en infraestructura crítica”, asegura Dragomir.

Pero, ¿cómo se pagan estos grandes préstamos? “El préstamo se paga exclusivamente con los ingresos que genere el propio proyecto, sin recurrir al balance de las empresas promotoras. Los activos y flujos de caja del proyecto son la garantía principal”, dice el responsable de BBVA CIB.

Cuando hablamos, por ejemplo, de una infraestructura dedicada a la producción de energía, será la venta de dicha energía la que permita hacer frente a la deuda. Por tanto, resulta indispensable que la cleantech sepa a quiénes la va a vender, durante cuántos años y a qué precios. Un importante obstáculo en este sentido es la volatilidad de los precios.

Este tipo de riesgos pueden evitarse a través de figuras como los PPA (siglas en inglés de Power Purchase Agreement o acuerdo de compra de energía); un contrato de compraventa a largo plazo entre un productor de energía y un cliente. De este modo, la empresa se garantiza unos ingresos estables durante varios años, incluso décadas, y el cliente, a su vez, se asegura contar con un suministro de energía a un precio fijo a largo plazo.

En definitiva, el capital invertido debe servir para desarrollar no solo la propia infraestructura, también modelos de ingresos que funcionen y permitan afrontar el pago de la elevada deuda.

Estabilidad regulatoria

Otra forma de asegurarse de que las cleantech generan ingresos predecibles a largo plazo es el establecimiento de incentivos, vía por la que se apostó a principios del siglo XXI en España para el desarrollo de las renovables. El punto de inflexión se produjo con el Real Decreto 436/2004 y el posterior RD 661/2007, que puso en marcha un régimen económico favorable para las instalaciones solares y eólicas, entre otras. Se consolidó un sistema de primas garantizadas durante 25 años que permitía una rentabilidad de la inversión en torno al 7%.

Tras su aprobación, el país se convirtió en líder mundial en energía fotovoltaica en 2008, con más de 2.500 megavatios (MW) instalados ese año. “En total, entre el 2007 y el 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, un éxito que situó al país como referente internacional en el sector”, explican desde la plataforma de inversión en renovables Fundeen.

Al mismo tiempo, las primas ofrecían previsibilidad y seguridad jurídica, facilitando la llegada de inversión privada nacional e internacional a gran escala. También convirtieron en factible la financiación de nuevas instalaciones renovables a través de esquemas de project finance que se han convertido en habituales, especialmente en el caso de los parques fotovoltaicos.

Mientras estuvo vigente el sistema de primas (2007-2011), la potencia renovable en España aumentó en más de 10.000 MW. En 2012, en un contexto de fuerte crisis económica, los incentivos fueron retirados, provocando que en el siguiente lustro (2017), solo se sumaran unos 3.000 MW más. Un frenazo que deja aprendizajes remarcables sobre la importancia de la estabilidad de los marcos regulatorios para afianzar el desarrollo de las cleantech.

A pesar de todo, hoy las renovables se sitúan entre las fuentes de generación más rentables sin necesidad de recurrir a ningún sistema de incentivos. “Todos los esfuerzos realizados en el pasado para compensar los elevados costes de las tecnologías renovables permitieron su desarrollo técnico y, gracias a ello, ahora la relación coste/beneficios es la más interesante, sin depender ya de estímulos económicos”, aseguran desde Fundeen.

Riesgos

El éxito de un project finance depende de la capacidad del proyecto financiado para generar los ingresos previstos. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumplen las previsiones? Una de las experiencias históricas más significativas en España en materia de riesgos de infraestructura se dio en el ámbito de las autopistas de peaje, financiadas bajo este mismo esquema.

En este caso, el modelo falló porque las proyecciones de tráfico resultaron ser demasiado optimistas. La insuficiencia de ingresos por peajes minó la capacidad del proyecto para cubrir su propia deuda. Otro problema fue el coste real de la inversión, particularmente en la adquisición de terrenos (expropiaciones), que superó con creces los presupuestos iniciales.

En el caso de las cuatro radiales madrileñas, fueron declaradas en concurso de acreedores en 2013, tras acumular una deuda de 1.700 millones y experimentar una caída del tráfico que superaba el 48% desde su mejor momento en 2007, el año anterior al inicio de la crisis.

La quiebra provocó la activación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Este mecanismo obligó al Estado a compensar a los acreedores por el valor residual de la inversión no amortizada, lo que supuso una transferencia de riesgo al erario público. Según el Tribunal de Cuentas, el rescate supuso un desembolso de más de 3.700 millones de euros.

 Tecnologías del futuro

“Para BBVA el ecosistema cleantech es de vital importancia. Son las tecnologías del futuro y por ese motivo nos hemos dotado de un equipo y de herramientas especializadas que nos permiten comprender mejor los riesgos y aportar soluciones novedosas a nuestros clientes. Nuestra visión es que estos sectores van a requerir cantidades enormes de inversión dentro de muy poco tiempo”, pronostica Artola. El banco centra sus esfuerzos en cuatro ejes que considera clave para la descarbonización: hidrógeno y biocombustibles, almacenamiento de energía, movilidad limpia y tecnologías de captura de carbono.

Entre todas ellas, el almacenamiento de energía ha ganado en los últimos meses un indudable protagonismo tras el apagón de abril. Como subrayan los análisis, reforzar la capacidad del sistema para almacenar energía es el primer paso para prevenir una nueva caída a cero.

Recientemente, BBVA y Malta Iberia anunciaron un acuerdo de cooperación con este propósito de impulsar el almacenamiento energético de larga duración. Gracias al mismo, BBVA respaldará el primer proyecto de demostración de la tecnología Malta SEMS (siglas en inglés de steam energy management and storage, o gestión y almacenamiento de energía de vapor).

Como explica Michael Geyer, managing director Europe de Malta: “El sistema convierte la electricidad de la red en calor que se almacena en tanques de sales fundidas. Cuando la red requiere suministro, ese calor se transforma en vapor que acciona una turbina generadora para producir electricidad”.

Además de energía eléctrica, el sistema puede suministrar calor útil para procesos industriales y redes de calefacción urbana, “contribuyendo así también a la descarbonización de la demanda de calor”, añade Geyer. Malta SEMS posibilita el almacenamiento a largo plazo (desde ocho horas hasta varios días), facilita la integración masiva de renovables y aporta solidez a la red eléctrica, requisito para evitar nuevos apagones.

“La capacidad de esta tecnología para arrancar desde parado rápidamente permite levantar el sistema tras un incidente y restablecer la electricidad, además de suministrar la energía síncrona necesaria para mantener la estabilidad de la frecuencia de la red eléctrica, ofreciendo el mismo nivel de fiabilidad que una central térmica fósil convencional de carbón o gas, pero sin emisiones”, resalta Philippe Delleville, presidente y CEO de la citada compañía.

En el caso de Malta, todavía no se ha concretado ningún project finance, si bien es cierto que el acuerdo con el BBVA es para los dos responsables un primer paso en esta dirección. “Nuestro demostrador comercial en España es el primer paso de una hoja de ruta que prevé la implantación de plantas sucesivas con mayor capacidad y con esquemas financieros estandarizados. La experiencia de este primer proyecto será clave para reducir costes, afinar modelos de ingresos y acelerar la bancabilidad de futuras instalaciones, abriendo el camino al project finance comercial puro para el almacenamiento de larga duración”, concluye Geyer.

Cuatro décadas después de que arrancaran las cleantech en España, episodios como el apagón evidencian que la descarbonización de la economía va a seguir planteándonos nuevos desafíos y dificultades que requieren buscar y poner en marcha soluciones innovadoras. Financiar toda esta disrupción tecnológica no deja de ser otro reto más que exige combinar visión estratégica, marcos regulatorios estables y herramientas financieras capaces de adaptarse a un nuevo paradigma energético todavía en construcción.