Las energías renovables compartidas que dinamizan el entorno rural

Este último concepto es conocido como ‘hacendera’, un término antiguo (de hecho, medieval) que ha perdurado en el tiempo, aunque poco a poco había caído en desuso, al ritmo de la despoblación de los pueblos. Las hacenderas han servido durante siglos para unir a los habitantes de localidades pequeñas para construir en conjunto presas, puentes, fuentes o molinos. Y en el caso de Castilfrío de la Sierra, para poner en marcha la primera comunidad energética rural de España.

La asociación Hacendera Solar, su nombre oficial, surgió en 2018 como proyecto piloto de la iniciativa G100 – Nueva Ruralidad, creada por la organización de coworking El Hueco, también de Soria. Se trata de un grupo de trabajo de 50 mujeres y 50 hombres de toda España que están diseñando fórmulas para hacer evolucionar la relación del ser humano con el medio rural, fomentar el emprendimiento y la innovación social en estas regiones y contribuir a su desarrollo sostenible, así como para enfrentar el reto de la despoblación.

Esta labor conjunta sirvió para instalar en Castilfrío de la Sierra y en plena pandemia -algo que dificultó el proceso- dos plantas solares fotovoltaicas sobre las cubiertas de dos edificios municipales (el centro social y el antiguo lavadero, ahora la elevadora de aguas) y tres domicilios particulares, de 7,36 y 5,5 kilovatios pico para autoconsumo. Todo con el apoyo del ayuntamiento de la localidad y de otras organizaciones como Red Eléctrica-Redeia, Caja Rural de Soria y la cooperativa Megara Energía, también ubicada en esta provincia castellanoleonesa.

El proyecto tuvo un coste inicial de 30.000 euros, más 1.500 euros anuales de mantenimiento que se están sufragando con los ahorros que está generando la propia instalación. “En los dos años que lleva funcionando ha generado un ahorro de 7.000 euros, unos 3.500 euros al año de media, lo que supone un 64,27% del gasto eléctrico total del municipio”, asegura Víctor Navazo, técnico de Innovación Social de Redeia y responsable del proyecto de comunidades energéticas. A eso se añade una reducción de la huella de carbono de 4,79 toneladas de CO2 equivalentes al año.

Estas plantas están dando electricidad tanto a los edificios públicos en los que están instaladas las placas como al ayuntamiento, al consultorio médico y a una vivienda reformada. Esto incluye el consumo energético generado para el bombeo de agua de la localidad y también el del punto de recarga lenta para vehículos eléctricos que se ha instalado en el centro social.

Para los excedentes vertidos a la red se han acogido a la modalidad de compensación simplificada para reducir aún más el coste de la factura eléctrica. De hecho, todas las instalaciones están conectadas por fibra óptica para monitorizar el flujo de generación, consumo y vertido a red. “Ahora se está estudiando destinar los ahorros obtenidos a incorporar una batería de apoyo para los periodos de arranque del alumbrado”, comenta Navazo.

“Desde que arrancamos y creamos los estatutos se han ido adhiriendo nuevas instalaciones a la comunidad, entre ellas una vivienda de alquiler social que depende del ayuntamiento. Esto quiere decir que la persona que vive en ella no tiene que pagar gastos de electricidad, haciendo que este alquiler social sea mucho más accesible”, añade Tomás Cabezón, actual alcalde de Castilfrío de la Sierra y una de las personas implicadas en el proyecto desde el inicio.

Según sus palabras, a lo largo de este tiempo se han añadido otras dos instalaciones a la comunidad energética, que se han colocado en los tejados de dos vecinos de la localidad y que han sido sufragadas por ellos mismos. “En estos momentos estamos valorando la manera de compensar a estos vecinos y que esto sirva para sumar nuevos miembros a la comunidad. Y, de esta manera, conseguir forjar una red de autoabastecimiento al 100%”.

El impacto

El proyecto no solo ha servido para despertar el compromiso de algunos de los vecinos de Castilfrío de la Sierra, sino también para acometer otro tipo de actuaciones, como la rehabilitación de casas. “Estamos introduciendo dos nuevas viviendas sociales, incluidas en la comunidad energética, que no solo tendrán sufragada la luz sino también la calefacción a través de aerotermia”, explica el alcalde de la localidad. Es decir, se busca luchar contra la despoblación ofreciendo un espacio para vivir mucho más barato y competitivo.

Como confirman las organizaciones implicadas, el éxito del caso de Castilfrío de la Sierra tiene mucho que ver con que la gestión de la comunidad energética se lleve a cabo a través de la figura jurídica de asociación (podría hacerse también como cooperativa, consorcio o sociedad limitada, entre otras), porque ayuda a promover la participación ciudadana entre los habitantes que tienen mayor interés.

“En la primera fase antes de poner en marcha el proyecto tuvimos varias reuniones, tanto con los vecinos como con los propietarios que vienen en verano. Les hablamos de que de este proyecto colaborativo podría beneficiarse aquel que quisiera, y también de los objetivos a lograr: poder reducir los costes energéticos de los vecinos, por un lado, y por otro, promover el ahorro de los costes públicos del municipio para poder llevar a cabo otras actuaciones, como la rehabilitación de viviendas sociales o la contratación de actividades culturales y sociales”, resume Tomás Cabezón. Unos objetivos que se han logrado.

Otro de los impactos que parece haber tenido la iniciativa sobre el pueblo está en la atracción de población: ha pasado de 27 habitantes censados en los inicios de Hacendera Solar (2018) a 37 que había registrados a 31 de diciembre de 2022. “Creemos que ha venido propiciado por este proyecto, pero también por otras acciones que hemos puesto en marcha, como el del alquiler social a precio competitivo”, explica el alcalde

En este sentido, la iniciativa busca replicarse en otros 16 municipios de Soria que, como Castilfrío de la Sierra, forman parte de la Mancomunidad de Tierras Altas, una de las comarcas más despobladas de Europa con menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Y que intenta revertir esta situación con innovación: además de las comunidades energéticas previstas y de la gestión de parques eólicos, cuenta con varios proyectos a los que se han concedido 6,5 millones de euros de fondos europeos.

“Redactamos los estatutos de nuestra comunidad energética de una manera abierta, para poder ampliar el proyecto a toda la Mancomunidad y poder acceder a las ayudas del IDAE”, comenta Cabezón. El objetivo es habilitar en todos esos pueblos instalaciones hibridadas de energía solar fotovoltaica, minieólica y de almacenamiento, así como un sistema de vehículo eléctrico compartido, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de cada localidad.

“En San Pedro Manrique, por ejemplo, tienen empresas industriales y necesitan asegurar la producción energética también por la noche”, especifica el alcalde de Castilfrío de la Sierra. A eso se añade la actividad agrícola y ganadera, así como las necesidades urbanísticas y residenciales.

Todo ello se está poniendo en marcha con el apoyo de las organizaciones antes mencionadas (Redeia, Megara y Caja Rural de Soria) y través del programa CE Implementa del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Este aporta incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos NextGeneration de la Unión Europea.

Apoyo público

Según los datos de esta entidad, en España hay unas 70 comunidades energéticas que han conseguido estas ayudas específicas. Más del 60% de ellas se encuentran en localidades de menos de 10.000 habitantes y 16 en pequeños pueblos de menos de 1.000. Entre todas reúnen a cerca de 103.000 socios, la mayoría agrupados en asociaciones y cooperativas que se han embarcado en proyectos de energías renovables eléctricas, térmicas y de eficiencia energética.

A lo largo del pasado año, el programa dio soporte a 45 iniciativas de pequeño tamaño (menos de un millón de euros de inversión) y a 29 de tamaño mediano o grande. En total se destinaron unos 45 millones de euros para el desarrollo de estos proyectos que, según los cálculos del IDAE, movilizarán inversiones de unos 67 millones de euros.

Como se indica desde esta institución, y como ocurre en el caso de Castilfrío de la Sierra, la mayoría son iniciativas que buscan el crecimiento y el beneficio de la región, forjando alianzas con organizaciones cercanas y con sus socios en un radio máximo de 25 kilómetros de la localización de la comunidad energética.

También son buenos ejemplos las 85 organizaciones de este tipo que se encuadran en la Comunidad Valenciana, la región con mayor peso en este ámbito. Según la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas (Avace), en los últimos tres años se han invertido más de 3 millones de euros en estos proyectos, que ya han generado un ahorro de más de 900.000 euros para la ciudadanía y entidades locales.

“En las comunidades energéticas con propósito son las personas, las pymes y las entidades locales quienes toman las decisiones y tienen un rol activo en el mercado energético. Además, todos los beneficios de las actividades de la comunidad energética retornan a sus socios, no se van a terceras empresas cuyo único interés es el económico”, asegura Juan Sacri, presidente de Avace.

Representantes del sector como él ven en estos proyectos soluciones para abordar la pobreza energética a través del autoconsumo y de la inclusión de consumidores vulnerables. Además, muchos de ellos incluyen planes de igualdad de género como parte de su gobernanza, según indican fuentes de IDAE.

Siempre apoyándose en las definiciones que se marcan en la normativa española sobre comunidades ciudadanas y comunidades energéticas, muy centradas en el autoconsumo compartido. Son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos.

Estos han de ser propiedad de dichas entidades jurídicas y sus socios pueden ser tanto personas físicas como pymes o autoridades locales. Además, su finalidad primordial debe ser la de proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros y zonas de influencia, en lugar de ganancias financieras.

En este sentido, el caso de Castilfrío de la Sierra es especialmente destacable porque se desarrolló sin tener un marco legal definido (la normativa española llegaría en 2021 y aún está en proceso de reforma) que marcase sus pautas iniciales. “Solo tenían las ideas que llegaban desde Europa”, recuerda Baltasar Pozuelo, CEO de la asociación Area8, enfocada en la transformación digital, ecológica y social de las empresas. “Tuvieron el apoyo del ayuntamiento y de Red Eléctrica, pero lo más importante es que los ciudadanos respondieron en positivo. Gracias a su arrojo se marcaron las primeras líneas de trabajo de las comunidades energéticas españolas”.

El valor de cooperar

También miembro del Foro Industria y Energía, Baltasar Pozuelo es promotor de varias comunidades energéticas, como las de Sant Andreu de la Barca y L’Hospitalet de Llobregat, ambas en Barcelona y mucho mayores que las del municipio soriano. Según su experiencia, muchas veces las trabas vienen de la propia mentalidad del posible asociado y del usuario final. “El año pasado no pudimos poner en marcha estos proyectos porque los empresarios no querían tener en sus techos algo que no fuese suyo, ya que la propietaria de las placas es la propia comunidad energética”.

Sin embargo, este año lo han conseguido cambiando de razonamiento: “Les hemos hecho ver que las cosas funcionan de forma diferente que hace 20 años. Por ejemplo, antes usaban vehículos propios y ahora se han cambiado a fórmulas de sharing o de leasing. En el ámbito de las renovables está pasando algo parecido”.

NOTICIAS RELACIONADAS
– Autoconsumo: ¿el futuro de la energía?
– La digitalización empieza a llenar de vida la España vaciada
– Autoconsumo colectivo, el siguiente paso hacia la energía sostenible y eficiente

Desde su punto de vista llevar a cabo proyectos de este tipo en los pueblos es complicado por la falta de infraestructuras, de recursos técnicos y económicos, mientras que en los de ciudad, que normalmente están compuestos por muchas más personas, el mayor hándicap es poner de acuerdo a la gente. “La toma de decisiones es mucho más rápida en las comunidades rurales porque generalmente son grupos más pequeños con unos objetivos comunes mucho más claros”, considera.

A eso se añade que cuentan con una mayor conciencia de comunidad. “La idea de mejorar en lo medioambiental está más instalada en lo urbano, pero la conciencia del valor de la proximidad, de identidad, de hacer piña… está en los pueblos. Y eso es algo que facilita mucho el proceso”.

En este sentido, el especialista explica que las comunidades localizadas en el entorno urbano suelen buscar mejorar el rendimiento de su economía “generando una energía verde, de proximidad y más barata”, mientras que las que vemos en los pueblos se centran en lograr una mayor independencia de la red energética. Sobre todo para evitar cortes de suministro, habituales en las zonas rurales por la falta de desarrollo y modernización de determinadas instalaciones, algo que a su vez es consecuencia de la baja demanda por la falta de población.

Otras barreras

Igual que convencer a la población también es complicado encontrar el beneplácito de bancos y otros inversores que aporten financiación. “Productos como estos, tan nuevos, no se entienden todavía bien”, asegura Borja Peñalver, CEO de Comunidad Solar. La suya es una empresa que nació como instaladora de paneles solares para autoconsumo y ahora se ha subido al tren de la producción renovable medioambientalmente responsable.

Su objetivo: ofrecer a un módico precio la adquisición de los derechos de consumo de la energía que se produce en sus parques solares y sus centrales hidráulicas, localizadas en Murcia y Palencia. Así favorecen el autoconsumo remoto a aquellas personas que quieren que su gasto energético sea renovable pero que no pueden permitirse una instalación de estas características, bien por motivos económicos o de infraestructura.

Peñalver también añade como una problemática más la lentitud burocrática. “En España la normativa obliga a que cualquier planta solar que se construye tiene que pasar antes un estudio de impacto ambiental muy riguroso que puede durar años. Además, su coste puede ser elevado, ya que si construyes en un lugar que hay algún tipo de vegetación hay que compensarla plantando el doble de lo que se tala”, explica.