Cómo se ha consolidado el modelo de reciclaje inclusivo de Buenos Aires

La figura del reciclador surge de la necesidad y de una exclusión social, producto de políticas que hicieron que se perdiera su fuente de empleo y que sus condiciones de vida se deteriorarán. A partir del estallido social, se observó un incremento sostenido del precio del papel y el cartón, por lo que los cartoneros decidieron organizarse para comercializarlo. “Con un grupo de vecinos, empezamos a pagar a una persona que tenía un camión para que nos llevará a la ciudad. Recolectábamos el material y luego lo clasificábamos para vender”, recuerda Albarracín, que vive en Villa Fiorito, en la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires.

En esa época, en medio de la crisis y los saqueos, Carlos recuerda que salir a buscar material implicaba sufrir persecuciones por parte de la policía. “Nos sacaban los bolsones que juntábamos y las carretas. Para protegernos, tuvimos que pensar nuevas formas de organización. Así, nació el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)”, relata. Entonces existía un decreto que prohibía recoger basura de las calles de la ciudad. “Se consideraba un delito. Por eso, la policía perseguía a los cartoneros”, cuenta Francisco Dorbessan, militante del MTE y coordinador de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros.

Sin darse cuenta los recicladores, que salían a buscar materiales en la basura porque tenían hambre, estaban dando una respuesta a otra problemática: la mala gestión de residuos. Ellos fueron los precursores del reciclaje inclusivo, un modelo que busca solucionar la informalidad laboral y la deficiente gestión de los residuos urbanos.

Los recicladores nacieron sin políticas de reciclado y por ese motivo tuvieron que pelear por su reconocimiento. El proceso fue largo, pero la organización permitió generar un sistema que superó el asistencialismo.

El reconocimiento del movimiento cartonero en la Ciudad de Buenos Aires fue el resultado de una combinación de factores, que van desde la visibilidad mediática hasta el apoyo de organizaciones, la sensibilización pública y las políticas gubernamentales. A medida que el movimiento fue ganando atención y respaldo, las autoridades locales y nacionales tuvieron que reconocer la importancia de regular y apoyar esta actividad. La implementación de políticas que consideren a los cartoneros como actores clave en la gestión de residuos contribuyó a su reconocimiento.

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El reconocimiento de la actividad

La primera legislación importante tuvo lugar en 2002. Ese año se aprobó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley 992, la norma que reconoció el trabajo de los recuperadores de residuos reciclables. “A partir de entonces se evidenciaron los intentos desde el Estado para organizar el sector, pero el abordaje tenía claramente una mirada asistencialista. No se pensaba como un servicio público. No se pensaba en los recicladores como el primer eslabón de una cadena productiva”, afirma Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de El Álamo, una cooperativa que nació en el 2001 y que gestiona 400 toneladas de materiales por mes.

Otra legislación importante en la conformación del modelo de reciclaje llegó en 2005. En ese momento se decretó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-Basura Cero (Ley 1.854) con el objetivo de reducir gradualmente la cantidad de este tipo de basura destinada a terminar en los vertederos. Su aprobación trajo como resultado positivo el reconocimiento de la actividad de los cartoneros como una parte fundamental del servicio de higiene urbana, estableciendo su nombre como ‘recuperadores’. A una mayor conciencia ambiental se sumaba el entender que, lo que para muchos es basura, para otros es el sustento económico de sus familias.

“Desde 2008 se hicieron distintas pruebas y, finalmente, en 2013 se firmó el primer contrato que estableció el compromiso por parte del Estado de organizar una serie de programas para permitir que los recuperadores, a partir de sus organizaciones cooperativas, pudieran gestionar los residuos”, explica Montoya.

La importancia de la formalización -además de otorgarles a los cartoneros un régimen protector y un mejor salario- es que también les proporciona un entorno más seguro para desempeñar su tarea.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se busca siempre mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos, que estuvieron por años fuera del circuito económico y en un marco de informalidad. Las iniciativas posibles van desde dejar de trabajar en el ámbito callejero y reasignar sus tareas a los centros verdes, hasta la búsqueda por mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, señalan desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

Las claves del modelo

Antes de formar parte de las cooperativas, los cartoneros que trabajaban en la informalidad salían a la calle con un carro de estructura precaria, tirado por ellos mismos. Había que caminar cuadras y cuadras para recolectar material y había que revolver toda la basura. No había horarios fijos ni elementos de protección.

Las condiciones de los recuperadores, dentro de las cooperativas, fueron cambiando. Recibían uniformes, herramientas de trabajo e incentivos económicos. Se veían más protegidos con obra social y seguro de accidente. Contaban con camiones y colectivos para los traslados. Y se crearon las primeras guarderías para que allí se cuidaran a los niños y estos no tuvieron que salir a trabajar con sus padres.

El salario de los cartoneros se compone de dos partes, una fija y una variable. La parte fija representa el 54 % del ingreso laboral total y la abona el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en base a lo acordado con las cooperativas. La parte variable representa el 46% restante y depende de la cantidad de material recolectado.

El recuperador obtiene los materiales limpios y secos de la mano de los encargados de los edificios y, después, un camión pasa a retirarlos. Los recuperadores tienen calles asignadas (unas cuatro ‘cuadras’ cada uno) y los materiales que recolectan son plástico, vidrio, metal, papel y cartón.

A lo largo de los años, la Ciudad de Buenos Aires logró consolidar un modelo de reciclaje inclusivo, que fue reconocido a nivel global a través de diferentes premios. Por ejemplo, en 2020, el Centro de Reciclaje de la Ciudad fue el ganador de los Premios Latinoamérica Verde (PLV) en la categoría Manejo de Residuos Sólidos y, en 2021, el modelo fue premiado con el Smart City Award, distinción que se otorga a aquellas ciudades que desarrollan estrategias de implementación de políticas públicas para sus ciudadanos a través de la combinación de proyectos e iniciativas.

Una de las claves del modelo fue generar espacios de acopio para realizar tareas de selección y enfardado de los materiales reciclables: los centros de reciclado. Dichos centros requerían una cogestión público-privada entre el Estado y las cooperativas de recuperadores. Otro elemento fundamental fue priorizar el reciclaje inclusivo. Se trata de aquellos sistemas de gestión de residuos que priorizan la recuperación y el reciclaje, reconociendo y formalizando el papel de los recicladores como actores clave de dichos sistemas; es decir, aquellos sistemas que incluyen una gestión social de los residuos.

A su vez, el reciclaje con inclusión busca promover la economía circular. Este concepto supera las ya conocidas ‘tres R’ (reducir, reutilizar y reciclar) y propone sumar las ‘3 R socioeconómicas’: recolección diferenciada de residuos, reconocimiento del rol de los recicladores y remuneración por el servicio que prestan.

Organizados en cooperativas

Un aprendizaje de la experiencia es la importancia del establecimiento de un contrato social con cooperativas de trabajo de recuperadores ambientales (los llamados cartoneros con anterioridad). Actualmente, el sistema oficial de recolección diferenciada está constituido por doce cooperativas, que reúnen a más de 6.500 personas que realizan diversos tipos de tareas dentro de la actividad de reciclado.

Estas cooperativas tienen a su exclusivo cargo la recolección diferenciada de los ‘residuos sólidos urbanos fracción seca’ (RSU-FS) en toda la ciudad, tanto a nivel domiciliario como de generadores especiales (establecimientos educativos, gastronómicos, comerciales, entre otros) y puntos verdes, así como su acondicionamiento mediante la gestión de los centros de reciclaje.

Las cooperativas segregan el material recolectado y son independientes respecto a su comercialización, estableciendo relaciones directas con la industria del reciclado. Como contraprestación por dicho trabajo, los cooperativistas reciben en forma directa del Gobierno la asignación de un subsidio denominado Incentivo.

Respecto al impacto, el modelo ha fortalecido la gestión social del sistema y ha mejorado la infraestructura de disposición, recolección y tratamiento de los residuos. En términos económicos permite una mejora en la recolección de reciclables por parte de las cooperativas, lo que deviene en mayor cantidad de materiales para recuperar y vender a la industria, es decir, es una mejora en el ingreso económico de las cooperativas y de los recuperadores.

En términos ambientales, todos los residuos que se pueden reciclar y recuperar son residuos que no llegan a entierro en el relleno sanitario, evitando nuevas contaminaciones. “En la Ciudad de Buenos Aires se generan diariamente 7.281 toneladas de residuos, de las cuales gestionamos el 80% y recuperamos el 61%”, aclaran desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Durante 2022, ingresaron 92.000 toneladas de material reciclable, de las que 75.000 fueron recuperadas y posteriormente comercializadas.

Para entender la importancia del reciclaje inclusivo en términos ambientales, es necesario observar los datos a nivel regional. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y el Caribe se generaron cerca de 230 millones de toneladas de residuos sólidos municipales (RSM) en 2021, de los que solo el 4% se recicló o se aprovechó. Un 41% de los RSM se vertieron directamente al medio ambiente, lo que afectando a la salud pública y la sostenibilidad.

Además, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del sector de residuos alcanzaron 345,48 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), principalmente de metano. El sector de residuos es el que mayor metano produce (18% de las emisiones antropogénicas), después del sector energético y la agricultura. Solo el 50% de los RSM recolectados se gestionan en instalaciones controladas.

Al pensar en los elementos fundamentales del modelo para replicar en otros municipios, Giselle Baiguera, coordinadora programática para Reciclaje Inclusivo en Argentina de Fundación Avina, destaca que es fundamental el reconocimiento del servicio público que realizan las cooperativas. Por su parte, Montoya, de la cooperativa El Álamo, subraya la importancia de que sea un sistema mixto. “El Estado tiene que garantizar la infraestructura, la logística y el acompañamiento técnico, mientras que las cooperativas deben poner al servicio su expertise en relación con los materiales y la fuerza de trabajo”. Uno de los desafíos que se propone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es aumentar la separación en origen. De acuerdo con datos oficiales, el 55% de los vecinos recicla.

Las limitaciones del modelo

En cuanto a las limitaciones del modelo, según Baiguera, una de ellas es que todavía hay personas que siguen trabajando en la informalidad. Por ejemplo, la crisis actual del país ha aumentado la cantidad de personas que viven de la recuperación de residuos. Hace años que el cupo de recuperadores formales ronda los 6.000 y no ingresan personas nuevas. “Hoy conviven el reciclador formal y el informal. Aquellos que trabajan en las cooperativas tiene ciertos derechos garantizados como uniforme de trabajo, herramientas e incentivo económico”, coincide Dorbessan, de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros.

Para la especialista, otra limitación es la falta de una ley de responsabilidad extendida del productor a nivel nacional. “Las empresas se tienen que hacer cargo de los envases que ponen en el mercado”, expresa Baiguera. Para Dorbessan, el marco legislativo en la Ciudad de Buenos Aires es bastante robusto en relación con el trabajo de los cartoneros, pero coincide en que está pendiente una legislación a nivel nacional.

“Lo que hoy sucede es que los productores no se hacen cargo de los envases que lanzan al mercado. Queremos que haya una regulación que incluya una tasa ambiental. Eso permitiría generar un fondo para crear políticas de reciclado con inclusión social en otros municipios del país”, expresa el referente del MTE.

En esta línea, Montoya asegura que el mejor modelo de recuperación que existe en la región es el de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ve una limitación respecto a la coordinación entre cooperativas. “Faltan instrucciones claras sobre el abordaje territorial y la coordinación técnica. Hay que seguir formalizando la tarea”, dice.

Carlos Albarracín, nuestro protagonista inicial, que hoy tiene 40 años, es socio de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que se formalizó en 2007 y es la más grande de la Ciudad de Buenos Aires. La cooperativa tiene 4.000 asociados. En sus tres centros verdes, se reciclan aproximadamente 2.500 toneladas por mes.

“La mayor cantidad de material que recibimos proviene de la recolección en calle de los cartoneros, pero también nos llega material de grandes generadores y de contenedores verdes de la ciudad. Después de ser clasificado, el material se vende a las empresas, que lo utilizan para volver a fabricar envases”, explica Dorbessan.

Albarracín pasó por distintos roles a lo largo de estos años: recolección en calle, clasificación en un centro verde y coordinador; actualmente forma parte de la comisión directiva de la cooperativa. “Antes, era todo a pulmón. Muchos compañeros tienen secuelas en la columna o en las rodillas por el peso que cargábamos. Con la cooperativa, la calidad de vida ha cambiado”, asegura. .