Pedir perdón y reparar el daño, objetivo de la justicia restaurativa por delito económico

Este preso anónimo es uno de los participantes del Programa de Intervención en Delitos Económicos (Pideco) que puso en marcha hace dos años la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), dependiente del Ministerio del Interior, en diversos centros de inserción social (CIS) y centros penitenciarios de España.

Un programa pionero en nuestro país, según fuentes oficiales, que está dedicado a un grupo de presos específicos atendiendo a la tipología de su delito: económico. Un colectivo que, si bien es aún reducido, un 6% de la población reclusa en España, se ha triplicado en la última década.  Este crecimiento que ha hecho que Instituciones Penitenciarias haya diseñado un programa de reinserción ad hoc para el colectivo.

Pideco es completamente voluntario y no lleva asociada reducción de pena alguna. Consta de al menos 32 sesiones de terapia grupal en la que los reclusos trabajan con alguno de los más de 40 psicólogos formados especialmente para este programa por la SGIP. El proyecto se divide en siete módulos que abordan temas como la motivación al cambio, la identidad, habilidades personales, responsabilidad, valores, actividades sociales de los presos… y que finaliza con uno dedicado a la justicia restaurativa.

“La justicia restaurativa surge como complemento al sistema de justicia ordinaria, con la idea de ofrecer tanto a víctimas, como a quienes han cometido un delito la posibilidad de dialogar sobre el mismo y sus consecuencias, así como a profundizar en la asunción de la responsabilidad de quienes lo cometieron”, define Instituciones Penitenciarias. En otras palabras, la justicia restaurativa, frente a la penal, trata de poner en el centro a la víctima y que el delincuente sea capaz de reconocer su responsabilidad y realizar actos reparadores del daño.

Opacidad en los resultados

Si bien es cierto que el programa Pideco nace con un objetivo muy loable, desde que se lanzara en 2021 poca información ha trascendido públicamente para comprobar su eficacia. El informe anual del año de creación, elaborado por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, que consta de más de 450 páginas, cita brevemente que se “ha iniciado el Programa de Intervención de Delitos Económicos en siete CIS. Impartido por psicólogos. Han participado 48 internos (41 hombres y siete mujeres)”.

Unos datos que se desconocen aún para 2022 y que desde el departamento de Prensa de Instituciones Penitenciarias no se han facilitado, así como la posibilidad de entrevistar a algún representante.

Alicia Rodríguez, criminóloga y personal investigador en la Universidad de Salamanca, apunta a una posible causa de esta opacidad: “Al final, la mayoría de estos sujetos con los que intuyo que se trabaja es gente con perfil público. Creo que, por decirlo coloquialmente, quieren cuidarse las espaldas, que no se dé demasiada información, e ir lento hasta ver las consecuencias y los resultados que se obtienen del programa”.

Es preciso recordar que algunos de los presos económicos más famosos adheridos a Pideco han sido, según El Confidencial Digital, Iñaki Urdangarín, con una condena de casi seis años de prisión por el caso Noos, o Francisco Correa, condenado en firme a 51 años por el caso Gürtel.

No obstante, más allá del número de participantes, psicólogos formados, horas de terapia, centros en los que se imparte, etc. los verdaderos resultados de su efectividad tardarán en llegar, al menos, señala Rodríguez, cinco años desde que los presos hayan participado en el programa o vuelvan a su vida en libertad y se demuestre si incurren en estas conductas o, por el contrario, se ha trabajado de la forma adecuada y no hay reincidencia.

Delitos económicos y falta de empatía

Pero, ¿quiénes son esos delincuentes que se conocen como económicos y/o de cuello blanco? Y, ¿por qué requieren de un programa especial de reinserción? El sociólogo norteamericano Edwin Sutherland acuñó este término en los años 40 para referirse a los delitos “cometidos por una persona de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su profesión”, pero existen otras definiciones sobre delincuencia económica, como la del criminólogo Herbert Edelhertz, que se centra en las características del hecho cometido, diferenciándolo de la delincuencia común por el modus operandi (la ocultación o el engaño que implican este tipo de delitos) y la motivación del sujeto (el ánimo de lucro o evitar la pérdida económica), explica a esta revista Joan Baucells, profesor de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La SPIG acotaba en la nota de prensa del lanzamiento del programa los sujetos que pueden participar en él: todos aquellos condenados por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (excluyendo los hurtos, robos, extorsiones…), delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros, contra la ordenación del territorio y el urbanismo y la protección del patrimonio y el medio ambiente.

Un ‘cajón de sastre’ donde Rodríguez ve otra de las grietas del proyecto, al no entender por qué se incluyen en este grupo a los delincuentes contra los derechos de los trabajadores o ciudadanos extranjeros, además de dejar fuera otros delitos económicos catalogados como hurtos o robos, por ejemplo.

“Pideco es un programa estupendo y creo que, a la larga, si empezamos a obtener resultados y estos son buenos, será maravilloso, pero creo que falta perfilar quién y por qué puede participar, y el concepto de delincuencia de cuello blanco, que muchas veces se utiliza como sinónimo de delincuencia económica, y creo que ni lo es ni se debería de tratar como tal”.

En lo que sí parece que coinciden los expertos consultados para la elaboración de este artículo es en las características, siempre con matices, que comparten los delincuentes económicos.

“En nuestras investigaciones de campo hemos encontrado elementos de diferenciación en la edad (el delincuente económico está más presente en franjas superiores a 50 años) y los niveles de educación (tiene más formación universitaria)”, señala Baucells, que en el análisis La justicia restaurativa en la cárcel: ¿es posible en la delincuencia económica?, de la que es coautor, encuentra que “son sujetos sin problemas de toxicomanías, con más habilidades sociales, con más formación, mejores redes sociales y familiares y con pocas o nulas dificultades para encontrar trabajo en el futuro”.

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Este es, de hecho, uno de los motivos por los que en ocasiones se ha considerado que el delincuente económico no necesita un programa específico de reinserción social, al no encontrar especiales trabas para reintegrarse en la sociedad tras su paso por prisión.

Sin embargo, “también se evidencia que ofrecen en muchas ocasiones peores perfiles para no volver a cometer delitos. Algunos de los aspectos en los que estarían peor posicionados para la reincidencia que los delincuentes comunes sería la relativización o justificación de su conducta como no tan grave, la falta de concienciación del daño causado o la poca empatía con las víctimas, en muchas ocasiones inexistentes”, continúa Baucells sobre su investigación.

El hecho de que en muchos de los casos la estafa a la Hacienda pública, la Seguridad Social, malversación de caudales públicos o daños contra el medio ambiente con motivos económicos no tenga una víctima concreta, con nombre y apellidos y rostro, hace que este tipo de delincuente no sea tan penado socialmente e incluso encuentre cierto beneplácito a su alrededor de sus actos.

“Suelen presentar cierta desconexión emocional o dificultad para la responsabilización. Porque en ocasiones gozan de buena reputación, de cierto estatus social, tienen una personalidad carismática y encantadora y saben cómo utilizar este tipo de habilidades, inconscientemente o no, para aprovecharse de las debilidades del sistema, y priorizar su propio beneficio ante el resto de la sociedad”, explica Virginia R. Fragoso, trabajadora social en la Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos (AMPC).

Pero esta facilitadora de programas de justicia restaurativa recuerda que existe otro grupo de delincuentes económicos con delitos de estafa a pequeña escala, o que tiene una víctima concreta, como el delincuente anónimo que abre el reportaje, cuyo perfil es de menor formación y normalmente de una clase media o baja, que busca mejorar su nivel de vida.

En el primer grupo la dificultad para reconocer el daño del delito es más alta que en el segundo, precisamente por esa “distancia emocional”, señala Fragoso, que existe con la víctima: “No son capaces de entender que detrás hay personas afectadas por ese delito, tienden a presentar discursos justificadores o minimizadores cuando son incapaces de humanizar el impacto que ha tenido, y hay que profundizar o trabajar de una manera más intensa para que haya un arrepentimiento real y genuino; para que de verdad puedan avanzar en este proceso de responsabilización” por el que apuesta la justicia restaurativa.

Escritura terapéutica

El fin de la justicia restaurativa es el de responsabilizarse de los actos cometidos y ponerse en la piel de las víctimas para así poder reparar el daño causado, que muchas veces va más allá del propiamente económico y de la víctima directa.

Porque, ¿cómo se sintieron los dueños de los bares que se traspasaban cuando se percataron de la estafa? ¿A dónde fueron a pasar sus ilusiones de haber conseguido el deseado traspaso de su local? ¿Ha afectado a la confianza depositada y a sus relaciones personales? Y en el barrio donde están ubicados los comercios, ¿ha aumentado el miedo y la sensación de inseguridad? Y en el seno de la familia del delincuente, ¿cómo se han sentido los hijos al tener que ir a visitar a su padre a prisión; vivir su ausencia en casa, o a la falta de entrada de recursos en su economía doméstica?

Dos herramientas son fundamentales en los talleres de justicia restaurativa que se desarrollan en el marco de Pideco; el primero es el “diálogo, diálogo y diálogo”, explican las representantes de dos de las organizaciones del tercer sector especializadas es este ámbito que trabajan en este proyecto: Concaes y AMPC. El otro es una carta de arrepentimiento o de perdón a las víctimas que se suele trabajar en este último módulo.

En el caso del ‘hostelero’, este delincuente redactó una carta “muy elaborada, con mucho arrepentimiento y muchas ganas de terminar con la pena y no volver a repetirlo”, explica Claudia Sornosa, coordinadora del Área de Levante de la Confraternidad Carcelaria Española (Concaes). Al principio, cuenta, el condenado volcaba todos sus argumentos en la parte económica: “No ha sido tanto dinero defraudado y no he hecho un gran daño a ninguna persona”, se lamentaba. Sin embargo, tras el trabajo realizado en Pideco, ha logrado responsabilizarse de sus actos y ha solicitado lo que se conoce como un encuentro restaurativo.

Cara a cara con la víctima

Los encuentros restaurativos consisten en preparar a víctima y victimario durante al menos tres y cuatro sesiones respectivamente, aunque estas pueden variar en función de las necesidades, para tener una reunión conjunta donde la víctima pueda expresar lo que sintió, el daño vivido, las consecuencias que ha sufrido, etc., y el delincuente pueda entender sus sentimientos y afrontar la restauración del daño desde la empatía. Pueda pedir perdón de corazón, con la víctima frente a frente. Una víctima que en ocasiones puede ser directa, pero en otras, indirecta o no vinculada.

Este es uno de los ‘problemas’ que a menudo justifican tanto la falta de empatía con la víctima como la imposibilidad de realizar encuentros restaurativos.

Sin embargo, la ausencia de damnificados directos en un delito económico es uno de los mitos que ya se están derribado. “En un reciente estudio se ha demostrado que el 68% de los condenados por delitos económicos en las cárceles catalanas lo son por estafas y apropiaciones indebidas. Es decir, por delitos con víctimas concretas y perfectamente identificadas. Por tanto, el argumento de la falta de víctimas identificadas supone un problema muy pequeño”, explica Baucells.

Y para los casos en los que los encuentros restaurativos no fueran posibles por no contar con afectados identificables, este profesor propone acudir a víctimas subrogadas, es decir, víctimas representativas o sustitutas. “Las primeras permitirían identificar a una persona física representante de los colectivos o las empresas perjudicadas por el hecho delictivo y las segundas permitirían sustituir a las víctimas reales en encuentros restaurativos; podrían ser víctimas del mismo tipo de delito o personas con capacidad de relatar las consecuencias del mismo”. Baucells señala como alternativas asociaciones o agrupaciones para la defensa de ese interés o el interés de las víctimas.

Estas medidas “pueden ayudar al ofensor a desarrollar efectos reparadores en casos donde no ha provocado una víctima directa; pueden ayudar a obtener efectos reparadores en los damnificados de delitos similares donde su ofensor no los reparó, y se evitaría la victimización secundaria de los perjudicados directos. Y, por último, resolvería el problema de encontrar a una víctima interlocutora en un ámbito donde es muy evidente la falta de conciencia de victimización, como, por ejemplo, los fraudes fiscales”, continúa el profesor.

No obstante, a pesar de poder sustituir víctimas directas por indirectas, estos encuentros restaurativos están aún en proceso de ejecución en los centros con los que se ha contactado en este reportaje. Tanto Concaes como AMPC, que colaboran en Pideco pero también en otros programas de reinserción, están encontrando dificultades para llevarlos a término.

“Es complicado. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, de momento no tenemos un protocolo para este tipo de necesidad. Estamos trabajando con Instituciones Penitenciarias para que nos permitan buscar a las víctimas, exponerles la oportunidad que tienen de acceder al proceso de justicia restaurativa y empezar a hacer encuentros si aceptan”, explica la coordinadora de Levante.

Desde AMPC, que pertenece a la Federación Española de Justicia Restaurativa, explican que “es una realidad que tenemos en muchas entidades, en muchas comunidades”. Fragoso indica que no solo encuentran dificultades en las cárceles de Estremera y Aranjuez, donde están llevando a cabo el programa de Pideco, y relaciona estas barreras a que cada comunidad autónoma tiene su propia competencia en esta materia, así como cada órgano judicial, teniendo que adaptarse al protocolo que se establece en cada territorio.

En Madrid, por ejemplo, se informa al centro penitenciario del interés por mantener un encuentro restaurativo, este lo comunica al tribunal sentenciador y desde aquí se debe contactar a las víctimas para transmitirles la información del programa, ahondar en qué es la justicia restaurativa y qué les ofrece.

Sin embargo, las trabas a veces son incluso personales: “Hay distintas entidades que no están del todo de acuerdo con la justica restaurativa. Puede haber fiscales o jueces que crean más o menos en ella, otros que entiendan que volver a contactar a las personas afectadas las revictimiza y con esa sobreprotección no se las permite ejercer el derecho”, explica la facilitadora de programas de justicia restaurativa de AMPC.

En el caso del penado protagonista de este artículo, si no logra realizar el encuentro restaurativo dentro de prisión tiene en mente pedir dicho perdón cuando cumpla condena, acudiendo a alguno de los locales a los que engañó con su falso traspaso.

Reparar los daños

Cuando la culpa y la responsabilidad pesan mucho tras haberlas trabajado en estos grupos de Pideco, los condenados pueden recibir ayuda extra de los psicólogos del centro penitenciario, pero, además, la trabajadora de Concaes recomienda “dejar de darse golpes en el pecho y flagelarse y convertirlos en acción y en actos de reparación, que al final es lo que persigue la justicia restaurativa”.

Con este mismo ánimo se realizan en los centros penitenciarios actos de reparación, que pueden ser con los propios miembros de la comunidad en prisión o en lugares externos como centros de mayores, ONG, etc., dependiendo del grado de permisos que tengan los presos. “Parte de la responsabilidad es que, por lo menos, haya una reparación simbólica mientras se pueda dar el trámite de una reparación más directa”, añade desde AMPC.

De este modo, algunos ejemplos explican bien esa manera de proceder: “Compañeros de un grupo de Pideco han creado un grupo de teatro en los módulos de jóvenes, donde trabajan temas de justicia restaurativa y empatía sobre las tablas; otros han empezado a desarrollar actividades deportivas con presos de mayor edad; un condenado está impartiendo un curso de mindfulness y otro con experiencia en permisos de tercer grado está dando charlas de motivación a los presos que se acercan a la libertad”. Unas actividades que diseñan junto a los expertos de justicia restaurativa, aprovechando siempre las habilidades personales de cada preso y adaptándolas a las necesidades que encuentran en cada centro.

Baucells, apunta que “precisamente en algunos de los puntos débiles de la reinserción de estos delincuentes económicos es donde la perspectiva restaurativa podría dar buenos frutos. En primer lugar, el contacto de este tipo de delincuentes con sus víctimas ayudaría, sin lugar a dudas, a la toma de consciencia de las consecuencias de sus actos y permitiría mejorar uno de los ítems peores de estos internos, la empatía con las víctimas. Estudios criminológicos han demostrado que cuando los internos tienen contactos con sus víctimas, los índices de su reincidencia bajan significativamente”, concluye a la espera de resultados de Pideco.