Voces del sur global: la sociedad civil se articula rumbo a la COP30 de la Amazonía

Y es que la COP se celebró por última vez en la región en 2014, en Lima, Perú, y aunque estaba programada para realizarse en Chile en 2019, la cumbre se trasladó a España debido a la crisis social y política que atravesaba el país andino en ese momento.

Paz González, coordinadora programática de Resiliencia y Transición Climática y Biomas de Fundación Avina, resalta que al estar presidida por un país latinoamericano —en este caso Brasil, país anfitrión de la COP30 y responsable de la presidencia de la cumbre—, hay una impronta regional más fuerte: “Eso se ve en los mensajes de la presidencia, como cuando invita a hacer un mutirão, una acción colaborativa, a unir las decisiones climáticas con la vida de las personas. Eso ya empieza a hablar de la vida latinoamericana”.

La elección de la Amazonía como sede también refleja el perfil que la presidencia del país anfitrión busca darle a la cumbre. Llevar a los negociadores a una región vulnerable, que enfrenta múltiples desafíos y que es fundamental para la estabilidad del clima, tiene una intención clara.

Más allá del bioma amazónico: una agenda del sur global

Desde Redes Chaco destacan que la realización de la COP30 en América Latina —y especialmente en la Amazonía brasileña— representa un hecho simbólico y político de gran magnitud. “Por primera vez en años, la región que alberga una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta será el escenario de una cumbre clave para el futuro climático global”, señalan.

No obstante, advierten que el enfoque casi exclusivo en la Amazonía puede invisibilizar otros biomas estratégicos, es decir, regiones definidas por condiciones climáticas y geográficas, como el Gran Chaco Americano, la Mata Atlántica, el Pantanal, los Andes o la Patagonia, que también enfrentan amenazas urgentes y tienen mucho que aportar en soluciones basadas en la naturaleza y gobernanza comunitaria. “Necesitamos que esta sea una COP del sur global, no solo una COP amazónica”, subrayaron, remarcando la oportunidad de visibilizar problemáticas propias como la pérdida de biodiversidad, la deforestación y el avance extractivista, así como propuestas concretas desde el territorio con enfoque de justicia ambiental.

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Redes Chaco busca consolidarse como una voz territorial y multiactoral en el proceso hacia la COP30, articulando a comunidades, gobiernos locales, sector privado y organizaciones sociales. Impulsan iniciativas como Gran Chaco Proadapt, con planes municipales de adaptación y modelos de riesgo a 50 años; Nanum Mujeres Conectadas (Ver: Internet saca del aislamiento y empodera a comunidades del Gran Chaco Americano), que promueve la alfabetización digital climática en zonas rurales; Impacto Verde, centrado en la innovación sostenible de cadenas productivas, y Paisaje Productivo Protegido, que vincula producción, conservación y adaptación.

A través de la plataforma Flora, también fomentan un ecosistema de financiación climático para soluciones basadas en la naturaleza, transición energética justa y acceso a bonos de carbono con fuerte componente social. “La planificación climática territorial requiere datos, pero también voces del territorio. Por eso promovemos indicadores participativos y metodologías de evaluación que incluyan experiencias locales, como el monitoreo de lluvias o la adaptación apícola basada en curvas de floración. Nuestra prioridad es que mujeres, juventud y pueblos originarios estén en los espacios donde se toman las decisiones”, concluyen.

Para las organizaciones de la sociedad civil de la región, está COP tiene un valor político y geográfico clave. Estar en territorio latinoamericano debería facilitar el acceso y la participación de una diversidad de actores que históricamente han estado subrepresentados en estos espacios: pueblos indígenas, comunidades locales, movimientos juveniles, organizaciones territoriales y ambientales, entre otros.

“Teniendo en cuenta que esta COP se presenta como la COP de la implementación, con un foco en adaptación y transición justa, la sociedad civil latinoamericana se está preparando activamente, fortaleciendo redes y articulando posicionamientos comunes. Desde FARN buscamos contribuir a una mayor comprensión de lo que sucede en estos espacios y, al mismo tiempo, representar la voz de la región en redes internacionales donde predomina la participación del norte global”, dice Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de FARN, organización argentina independiente, comprometida con la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos desde 1985.

Transición justa, género y financiamiento

Durante los meses previos, la sociedad civil se ha estado movilizando. “Hay un montón de espacios de articulación. Avina participa en varios, tanto nacionales como regionales y globales. Se están dando conversaciones con la presidencia brasileña y con los negociadores para llevar la voz y las prioridades de la sociedad civil, y la presidencia de la cumbre se está mostrando sumamente abierta a tener esas conversaciones”, cuenta González.

Uno de los objetivos centrales de estas articulaciones es vincular las prioridades de los territorios con la agenda de la presidencia. “Buscamos involucrar a aliados locales, elevar sus prioridades y necesidades. Se observa mucha movilización dentro de los países, con eventos multiactorales, preCOPs, semanas climáticas, participación de gobiernos subnacionales, pueblos indígenas… Se generan conversaciones para construir mensajes y posicionamientos conjuntos”, agrega González.

Fundación Avina, en particular, cumple un rol de conexión entre las alianzas territoriales y la agenda internacional. “Apoyamos la participación y actividades que se realizan en territorio. Fortalecer la mirada del sur global y de América Latina es clave, articulando con negociadores y expertos”, sostiene González.

Hace años que la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) busca impulsar la ambición de los Estados para lograr resultados que lleven a una acción climática que permita evitar los efectos más catastróficos de la emergencia climática. “En ese sentido, nuestras prioridades en las negociaciones son las discusiones sobre género, transición justa y financiamiento climático. Estaremos siguiendo las negociaciones en torno al nuevo Plan de Acción de Género, la Ruta Bakú a Belém sobre financiamiento y la potencial actualización del Plan de Trabajo sobre Transición Justa”, dice Camila Barretto Maia, directora ejecutiva de GI-ESCR.

En cuanto a las prioridades coincide Mercure: “Entre las principales demandas que buscamos llevar a la COP30 destacan la necesidad de una transición energética justa que respete los derechos humanos y la biodiversidad; que las discusiones sobre financiamiento no se queden en la cantidad, sino que aborden temas como calidad, acceso, deuda y falsas soluciones, entre otros; el fortalecimiento de los mecanismos de participación en la toma de decisiones, y la inclusión efectiva de la protección de la naturaleza y los derechos de las comunidades como ejes transversales de la acción climática”.

Las alianzas multiactorales son, para las organizaciones de la sociedad civil fundamentales, especialmente para avanzar hacia la implementación de soluciones. “Esto es algo que la presidencia de la COP también quiere fomentar: pasar de la teoría a la acción. Son los actores locales, los gobiernos subnacionales, las comunidades, el sector privado… quienes implementan. Generar soluciones que integren múltiples miradas hace que las acciones sean más efectivas”, señala González.

Barretto Maia considera que la sociedad civil no puede actuar de forma aislada. “Es fundamental construir alianzas diversas, que conecten movimientos climáticos, redes de justicia fiscal, organizaciones que trabajan con deuda, derechos humanos y desarrollo. Solo así podremos incidir con fuerza en los distintos espacios de reforma y asegurar que las soluciones estén guiadas por principios de equidad, participación y justicia global”, expresa.

Obstáculos logísticos de una COP en la Amazonía

Hacer la COP en una ciudad que no es capital y que no está preparada para recibir esta cantidad de personas representa una dificultad. La presidencia está tratando de resolver aspectos logísticos clave, como la disponibilidad y, especialmente, la asequibilidad del alojamiento y otros costos.

Para el director de Proyectos de Fundación Plurales Nicolás Avellaneda, el contexto geopolítico actual plantea desafíos decisivos: “Se discutirán financiamiento, pérdidas y daños, transición justa y cumplimiento del Acuerdo de París, ejes donde América Latina tiene mucho que aportar desde las luchas contra el extractivismo y las soluciones locales como la agroecología o la reforestación comunitaria”. (Ver: Las claves de la agroecología que hay que copiar de América Latina).

La preparación de la sociedad civil latinoamericana, sostiene Avellaneda, va mucho más allá de la participación simbólica. “Nos estamos organizando para incidir con legitimidad y capacidad política. No vamos solo a participar: vamos a hacer oír la voz de los territorios”, expresa.

Desde Fundación Plurales y redes aliadas como la Plataforma Regional de Defensoras de la Tierra y la Alianza de Fondos del Sur, están impulsando procesos formativos —como la Escuela Feminista de Acción Climática— que fortalecen la participación de más de 30 defensoras de 11 países. La estrategia combina posicionamientos colectivos, protección para quienes asisten desde contextos de violencia, y generación de espacios de diálogo con actores clave del financiamiento climático y la toma de decisiones.

Con un enfoque claro en la justicia climática feminista, Plurales llega a la COP30 con una agenda que incluye demandas como financiamiento directo y seguro para comunidades, reconocimiento de las soluciones desarrolladas por mujeres en sus territorios, protección efectiva frente a la criminalización de defensoras, y la implementación real del Acuerdo de Escazú. En ese marco, coorganizan La Casa del Sur Global, un espacio que busca recentrar la financiación en la justicia socioambiental.

“Uno de los grandes desafíos es la desconexión entre las decisiones globales y las realidades concretas de los territorios. Necesitamos transformar los mecanismos de financiamiento e implementación, y esta COP puede ser un punto de inflexión, pero solo si se construye desde la participación efectiva y con justicia climática como horizonte”, concluye.

Desde Farn, reconocen que esta COP se desarrolla en un contexto especialmente desafiante. Las tensiones geopolíticas, el debilitamiento del multilateralismo, el avance del negacionismo y la lentitud en la implementación de los compromisos climáticos ponen en riesgo los avances necesarios. “A esto se suma la dificultad de acceso al espacio de la COP para muchos actores latinoamericanos por razones económicas o logísticas. Por eso, es clave seguir trabajando de forma colaborativa, estratégica y desde el territorio para que esta COP en América Latina sea una verdadera oportunidad de cambio y no solo un gesto simbólico”, expresa Mercure.