Europa reordena la sostenibilidad en 2026: cuatro frentes que cambian la agenda

El paquete Ómnibus ha introducido precisamente ese tipo de ajuste. La Comisión Europea presentó el paquete como un conjunto de medidas para simplificar y, de forma explícita, incluyó una propuesta para aplazar dos años requisitos de reporte que estaban previstos para 2026 o 2027, con el argumento de ganar tiempo para acordar cambios sustantivos.

El Consejo confirmó la aprobación de esa medida de aplazamiento en abril de 2025, subrayando la búsqueda de seguridad jurídica y competitividad. Ese cambio de ritmo está obligando a muchas organizaciones a revisar su hoja de ruta. Algunas líneas de trabajo se recalibran, otras se consolidan y otras conviene no cerrarlas todavía mientras el marco siga en revisión.

Por otra parte, 2026 no se va a vivir solo en clave corporativa. Hay frentes que entran en fase operativa dentro del propio año y que obligan a actuar, e incluso si parte del reporting se reprograma, generando una agenda más exigente.

Reajuste del reporting y la diligencia debida

La primera gran consecuencia del Ómnibus es el reajuste del calendario en la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). La pieza que lo hace operativo es la directiva de aplazamiento conocida como “stop-the-clock”, aprobada el 14 de abril de 2025 y publicada como Directiva (UE) 2025/794.

En CSRD, el cambio afecta sobre todo a quienes iban a incorporarse al reporting en la segunda y tercera oleada. En la práctica, afecta a grandes empresas que aún no estaban reportando bajo el régimen anterior y a las pymes cotizadas, que tenían un calendario más exigente por su condición de emisores. La medida desplaza dos años el inicio de esas obligaciones.

Las empresas que estaban previstas para reportar por primera vez en 2026 y 2027 pasan a hacerlo en 2028 y 2029. El objetivo declarado es evitar que se consoliden sistemas y procesos sobre un marco que se pretende simplificar y ajustar, además de dar margen para que los cambios de fondo queden cerrados antes de exigir implementaciones a gran escala.

En CSDDD, el aplazamiento también está acotado y se aplica, primero, a las empresas de mayor tamaño previstas en la primera fase de aplicación. Se amplía un año el plazo de transposición nacional hasta el 26 de julio de 2027 y se retrasa la primera fase de aplicación para las compañías más grandes hasta el 26 de julio de 2028.

Este aplazamiento obliga a revisar el plan de trabajo de 2026 de muchas organizaciones. Si se interpreta como permiso para parar, se acaba concentrando el esfuerzo cuando ya no hay margen de maniobra. Si se sigue como si no hubiese cambiado nada, se corre el riesgo de invertir en procedimientos que luego habrá que rehacer. Lo razonable es aprovechar el tiempo para ordenar definiciones internas, responsables, evidencias y controles, porque eso reduce fricción independientemente de cómo quede el ajuste final.

La revisión de los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS) refuerza esa lógica. En diciembre de 2025, el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) comunicó su asesoramiento técnico en materia de simplificación, incluyendo una reducción significativa de puntos de datos.

Esto no convierte 2026 en un año sin presión, pero sí desplaza el valor hacia lo que permanece útil, con menos foco en “rellenar” y más en tener datos consistentes, bien documentados y coherentes en todos los canales.

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Comercio e importaciones

Además del reporting, el calendario de 2026 trae hitos con impacto directo en operaciones, producto y comunicación. 

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que ajusta en frontera el coste del carbono asociado a determinadas importaciones intensivas en emisiones, entra en régimen definitivo el 1 de enero de 2026, y la Comisión está instando a importadores, o a sus representantes aduaneros indirectos, a solicitar la autorización como declarantes CBAM.

Desde ese momento, la atención se concentra en la capacidad de trabajar con datos de emisiones incorporadas, metodologías aceptadas y documentación consistente, lo que obliga a elevar el nivel de exigencia en la relación con proveedores y en la propia gobernanza del dato.

También aquí ha habido cambios de ejecución. La simplificación más comentada es el aplazamiento del inicio de la venta de certificados CBAM desde el 1 de enero de 2026 al 1 de febrero de 2027, con la lógica de que los certificados se adquieran en 2027 para emisiones incorporadas en importaciones realizadas durante 2026.

Producto y cadena de suministro

En cuanto a producto, la fecha fuerte de 2026 es el inicio de aplicación general del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR). El reglamento entró en vigor el 11 de febrero de 2025 y su aplicación general será a partir del 12 de agosto de 2026.  El impacto no se queda en una obligación administrativa, sino que afecta a decisiones de diseño, materiales, especificaciones, compras y costes, y suele exigir coordinación temprana porque los ciclos de producto y packaging no se ajustan a un cierre de trimestre.

La cadena de suministro añade otro elemento clave del año. La Regulación Europea contra la Deforestación (EUDR) se ha pospuesto un año. El Parlamento Europeo ha comunicado que los grandes operadores y traders aplicarán desde el 30 de diciembre de 2026, y los pequeños desde el 30 de junio de 2027.

Ese margen adicional no cambia el trabajo de fondo. Sigue siendo necesario asegurar trazabilidad, información de origen, diligencia debida e implementar sistemas capaces de resistir revisiones y auditorías. Lo que sí cambia es la ventana temporal para preparar la transición, sin concentrar todo el esfuerzo en el tramo final de 2026.

Mercado y narrativa

En 2026, lo que se dice al mercado sobre sostenibilidad y lo que se reporta a terceros empieza a medirse con reglas más concretas y con menos margen para mensajes vagos o inconsistencias.

La Directiva (UE) 2024/825, orientada a empoderar a los consumidores en la transición verde y a reforzar la protección frente a mensajes ambientales engañosos, tiene un calendario que aterriza de lleno dentro de este año. La Comisión recuerda que la transposición debe completarse antes del 27 de marzo de 2026 y que las normas aplicarán desde el 27 de septiembre de 2026.

En términos empresariales, esto obliga a revisar cómo se aprueban las afirmaciones ambientales. El centro de la discusión deja de ser el estilo y pasa a ser la prueba, qué se puede afirmar y con qué evidencia disponible y archivada.

La regulación de proveedores de ratings ESG introduce otro hito del año. El Reglamento de ratings ESG aplica desde el 2 de julio de 2026. A partir del 2 de agosto de 2026, los proveedores que ya operaban en la Unión deben notificar a ESMA si desean continuar y solicitar autorización o reconocimiento, con un calendario específico para proveedores pequeños. Para las empresas, el efecto más probable es un entorno con menos tolerancia a incoherencias y más contraste entre fuentes, reportes, cuestionarios y comunicaciones públicas.

Por último, 2026 reabre escenarios en movilidad al volver a debatirse el horizonte 2035. La Comisión, en su “Automotive Package” de diciembre de 2025, presentó un planteamiento según el cual, desde 2035, los fabricantes cumplirían un objetivo del 90% de reducción de emisiones de escape respecto a 2021, compensando el 10% restante mediante acero bajo en carbono fabricado en la Unión o mediante e-fuels y biocombustibles.

La propuesta todavía debe pasar por el proceso legislativo, pero su mera existencia ha sido interpretada por el sector automotriz como una posible suavización del enfoque original, a la vez que introduce incertidumbre regulatoria justo cuando muchas empresas planifican flotas, infraestructura y transición tecnológica a medio plazo.