Menos coches y vuelos cortos, más tren: qué cambia la Ley de Movilidad Sostenible

La norma reconoce por primera vez la movilidad como un derecho de la ciudadanía, con el mandato de que sea accesible e inclusiva. Para ello, blinda la financiación estatal del transporte público urbano y consolida el sistema concesional de autobuses, garantizando que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible asegurará parada en todos los municipios hoy atendidos por las concesiones estatales si las comunidades autónomas no asumen esos servicios.

Uno de los cambios con mayor impacto será la implantación de planes de movilidad sostenible al trabajo. Las empresas con más de 200 personas empleadas por centro —o 100 por turno— y las entidades públicas estatales dispondrán de dos años desde la entrada en vigor para aprobarlos, previa negociación con los comités sindicales. Las compañías de 50 a 200 trabajadores podrán adherirse de forma voluntaria y contarán con una línea de ayudas del Ministerio.

Estos planes deberán fomentar la movilidad activa (a pie y en bicicleta), el uso del transporte público, los vehículos de cero emisiones y el coche compartido; contemplarán medidas de teletrabajo cuando sea posible, formación en movilidad y seguridad vial, e instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Alcanzarán no solo a la plantilla, sino también a visitantes y proveedores, y deberán alinearse con los planes municipales o autonómicos vigentes, incluyendo zonas de bajas emisiones o carriles de alta ocupación.

En centros de alta ocupación —más de 1.000 empleados en ciudades de más de 500.000 habitantes— se prevén medidas para desescalar horas punta, como escalonamiento de horarios.

La ley fija como objetivo la neutralidad climática del transporte y establece mecanismos de descarbonización progresiva. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incorporará metas concretas y vinculantes de reducción de emisiones para 2030 y 2040. Entre las actuaciones, se impulsará la electrificación total de la red ferroviaria —con la eliminación de material diésel—, el desarrollo de autopistas ferroviarias en corredores estratégicos y un sistema de bonificaciones en cánones para el tráfico de mercancías, favoreciendo el trasvase modal de la carretera al ferrocarril. En el ámbito portuario, se tomarán medidas para garantizar el suministro eléctrico a buques atracados.

En el transporte aéreo, el Ministerio de Transportes elaborará en seis meses un estudio de impactos para reducir los vuelos domésticos en rutas con alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media, excepto en conexiones con aeropuertos que enlacen con vuelos internacionales. También evaluará la viabilidad de restablecer servicios ferroviarios con países europeos del entorno, con especial atención a trenes nocturnos, suprimidos en España desde 2020.

El texto refuerza asimismo la dimensión digital del sistema con la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad, que permitirá disponer de información sistematizada para diseñar mejores políticas públicas y favorecer la cogobernanza entre administraciones.

En el plano normativo, el Gobierno revisará el sistema de etiquetas ambientales de la DGT: en el plazo de un año, varios ministerios presentarán un análisis para actualizar los distintivos, incorporando la evolución tecnológica y las emisiones de CO₂ como criterio adicional, con el fin de corregir distorsiones detectadas en el acceso a zonas de bajas emisiones. Además, se señalizará en la red estatal la ubicación de puntos de recarga públicos y las distancias a los más cercanos.

La inversión pública deberá someterse a análisis de rentabilidad socioambiental y a mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas. La ley vincula el derecho a la movilidad con la obligación de aprobar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte, destinada a cubrir carencias de infraestructuras y servicios. Organizaciones ecologistas y sindicales han celebrado la aprobación al incorporar la neutralidad climática del transporte en 2050 y medidas como la promoción de la movilidad infantil en la planificación urbana.

Con este marco, el Gobierno aspira a pasar de “la ciudad de los coches” a “la ciudad de las personas”, priorizando la movilidad activa y el transporte público, y alineando a España con los compromisos internacionales de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y las estrategias europeas como el Pacto Verde y la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente.