Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías

La obligación nace en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2023/1542, que convierte esa ficha técnica digital (el battery Passport) en requisito para todas las baterías de EV, micromovilidad y usos industriales de más de 2 kWh, con el QR como llave de acceso público y gratuito a la información.

Volvo, en colaboración con la startup británica Circulor, ha desarrollado el primer pasaporte de baterías operativo, integrado en su SUV EX90. El sistema permite rastrear las materias primas “de la mina al volante”, monitoriza el estado de salud de la batería durante 15 años y tiene un coste de unos 10 dólares por vehículo. La compañía lo ha implementado casi tres años antes de la entrada en vigor de la normativa europea.

Para Bruselas, esta iniciativa será el campo de pruebas del futuro Digital Product Passport (DPP), la identidad digital que el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) extenderá a la mayoría de bienes de consumo antes de 2030.

La guía técnica del consorcio BatteryPass (que describe este pasaporte como el primer DPP a escala industrial) marca el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para que CEN/CENELEC (los organismos europeos de normalización Comité Europeo de Normalización y Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) publique los estándares de interoperabilidad, por lo que apenas quedan cinco meses para que fabricantes, reparadores y recicladores sincronicen sus sistemas de datos.

NOTICIAS RELACIONADAS
– “El Plan europeo de Automoción puede facilitar el despliegue masivo de vehículos eléctricos”
– Movilidad urbana sostenible: el futuro de las ciudades

Cuenta atrás: qué falta por cerrar y quién debe moverse ya

La siguiente casilla del calendario será el 18 de agosto de 2026. Para esa fecha la Comisión deberá adoptar el acto de ejecución previsto en el artículo 77(9) del Reglamento, que dirá qué “personas con interés legítimo” (recicladores, talleres, aseguradoras, gestores de flotas) podrán consultar y reutilizar la parte más sensible del pasaporte.

La definición es decisiva: de ella dependerá hasta qué punto las empresas tendrán que divulgar datos sobre composición química, estado de salud o emisiones asociadas.

Mientras tanto, el artículo 77 deja meridianamente claro quién cargará con la responsabilidad. El operador económico que coloque la batería en el mercado debe garantizar que la información del pasaporte sea exacta, completa y actualizada durante toda la vida útil. Si la batería pasa a segunda vida o se reacondiciona, esa obligación se transmite al nuevo titular. El reglamento habilita a las autoridades nacionales para retirar del mercado cualquier unidad cuyo pasaporte no cumpla esos requisitos.

Con el reloj avanzando, la prioridad de 2025 es doble: mapear los datos que cada compañía ya posee y diseñar una arquitectura de roles lo bastante flexible para adaptarse a las reglas de acceso que Bruselas publicará el año próximo.

Quien complete ese trabajo ahora llegará a febrero de 2027 con un pasaporte robusto y con una ventaja competitiva en la valorización de baterías de segunda mano, en lugar de enfrentarse a bloqueos en aduanas o retiradas del mercado europeo.

Las experiencias piloto analizadas por BatteryPass y el estudio en profundidad de Centro de Estudios de Política Europea (CEPS) confirman la urgencia: los mayores puntos ciegos aparecen en la calidad de los datos sobre el estado de salud y en la trazabilidad detallada de metales críticos, información que hoy está dispersa entre varios actores y suele protegerse mediante acuerdos de confidencialidad.

Qué lleva el pasaporte y cómo se gestionan sus datos

El pasaporte de baterías no es un PDF estático, sino un registro vivo alimentado por decenas de puntos de datos a lo largo de la vida útil del acumulador. Los requisitos mínimos los fija el Anexo XIII del Reglamento (UE) 2023/1542 y el consorcio BatteryPass los ha agrupado en siete grandes bloques para facilitar su implantación:

• Identidad y fabricación: número de serie, categoría, peso y fecha–lugar de producción.
• Composición material y sustancias críticas (Li, Co, Ni, Mn…)
• Huella de carbono:  cinco métricas obligatorias que irán de la simple declaración actual a un umbral máximo en los próximos años.
• Cadena de suministro y debida diligencia.
• Circularidad y eficiencia de recursos:  porcentajes de contenido reciclado y manuales de desmontaje.
• Rendimiento y durabilidad: capacidad, potencia, eficiencia de ida y vuelta, y los datos dinámicos de estado de salud de la batería que salen de su sistema de gestión.
• Eventos de vida: reparaciones, segunda vida, reacondicionado y reciclaje final.

El reglamento distingue tres niveles de acceso. El público general verá la huella de carbono y los valores declarativos; los organismos de vigilancia y la Comisión tendrán una vista completa para verificar el cumplimiento; y el ya citado grupo “personas con interés legítimo” podrá entrar en detalles como la composición química o el estado de salud de la batería.

En la práctica, el código QR que lleva cada batería enlaza con un identificador único basado en la familia ISO 15459 y abre la puerta a una base de datos que debe ser interoperable con otros pasaportes de producto, sin bloqueo de proveedor y bajo estándares abiertos.

El valor oculto de cada batería se vuelve visible

La exigencia de un pasaporte digital convierte cada batería en un activo de información; ya no vale solo el kilovatio-hora que almacena, sino la historia documentada que arrastra

BatteryPass, enumera entre los beneficios inmediatos la valoración más precisa del residuo (clave para el arrendamiento financiero), la apertura de un mercado transparente de baterías usadas respaldado por el estado de salud y un reciclaje optimizado gracias a la composición exacta de litio, cobalto o níquel registrada en la ficha digital.

El atractivo económico ya tiene su reflejo en cifras: según el último informe de IDTechEx, el negocio europeo de baterías de segunda vida pasará de ser marginal a mover unos 4.200 millones de dólares anuales en 2035, impulsado precisamente por la garantía que ofrece el pasaporte sobre la vida útil restante de cada módulo.

Los fabricantes de vehículos empiezan a incorporar esa garantía a sus cálculos de depreciación y a ofertas de recompra para flotas, mientras aseguradoras y recicladores reclaman acceso a los mismos datos para ajustar primas y procesos.

Además de su impacto comercial, el pasaporte digital promete reducir los litigios y disputas contractuales en operaciones transfronterizas. Al normalizar el acceso a la información técnica, se minimizan las asimetrías entre comprador y vendedor, y se facilitan auditorías independientes, algo especialmente valioso en mercados como el alquiler de equipos industriales o el reacondicionamiento de sistemas de almacenamiento estacionario.

También gana relevancia en el ámbito público, donde, por ejemplo, las ciudades que electrifican su flota de autobuses o bicicletas eléctricas pueden emplear estos datos para diseñar políticas de mantenimiento preventivo, extender la vida útil de las baterías y justificar inversiones con trazabilidad verificable. De este modo, el pasaporte no solo genera confianza entre agentes económicos, sino que también habilita una gestión más eficiente de recursos públicos.