Fracasa en Ginebra el acuerdo de la ONU para un tratado mundial de plásticos

Con ese mandato sobre la mesa, la segunda parte de la quinta ronda negociadora (celebrada en Ginebra del 5 al 15 de agosto de 2025) debía ser el cierre definitivo. Delegaciones de casi todos los países revisaron borradores, celebraron reuniones maratonianas y buscaron fórmulas de compromiso, pero las viejas fracturas reaparecieron desde la primera mañana.

El clima de urgencia también se sintió fuera del Palacio de las Naciones. La víspera de la apertura, activistas y artistas cubrieron el lugar con montañas de residuos para recordar que cada día el equivalente a 2.000 camiones de basura plástica termina en ríos y mares.

Dentro de la sala, el gran escollo fue la propuesta de más de un centenar de países (encabezados por la Unión Europea y varios Estados insulares) de establecer un límite a la producción de plástico nuevo. Estados Unidos y los mayores exportadores de petróleo se negaron a debatir esa idea y prefirieron centrarse en la gestión de residuos, creando un bloqueo que ninguna fórmula intermedia logró desatascar.

El 15 de agosto, el presidente de la negociación, Luis Vayas, presentó un texto revisado que incluía referencias por primera vez a un fondo financiero y a la posible reducción de ciertos productos plásticos, pero la propuesta no convenció a ninguna de las partes. La sesión se levantó sin acuerdo y se anunció una nueva ronda para 2026, todavía sin fecha ni documento base, mientras el reloj político y ambiental sigue corriendo.

Qué contiene realmente el nuevo borrador

El texto revisado, difundido el 15 de agosto, comprime en apenas catorce páginas el trabajo de tres años y refleja cada línea roja que apareció en la sala.

Más que un simple catálogo de buenas intenciones, el borrador dibuja cinco grandes frentes de acción (productos problemáticos, residuos, contaminación heredada, transición justa y financiación) sobre los que cualquier acuerdo final tendrá que pronunciarse.

El artículo 4 dedicado a productos de plástico arranca con una lista clara de seis circunstancias que obligarían a cada país a recortar, o incluso prohibir, determinados artículos: que se dispersen con facilidad, resulten tóxicos, no admitan reutilización ni reciclaje, estorben la economía circular, contengan sustancias peligrosas o lleven microplásticos añadidos. El texto invita además a valorar alternativas disponibles y el impacto social de las medidas antes de actuar.

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En gestión de residuos, el artículo 7 del borrador exige prohibir el vertido y la quema a cielo abierto, fijar metas nacionales de recogida y reciclaje, y crear sistemas de responsabilidad ampliada del productor para que quien pone plástico en el mercado pague su retorno. También alienta a frenar la pérdida de artes de pesca plásticas y a impulsar campañas públicas de prevención.

El nuevo artículo 8 mira al pasado: pide localizar los puntos calientes donde se acumulan residuos antiguos y prever su saneamiento con apoyo internacional. Incluso contempla un posible “mecanismo de remediación” que la Conferencia de las Partes definiría después de la firma.

Más allá del impacto ambiental, el artículo 9 introduce el concepto de “transición justa”. Reconoce explícitamente el papel de los recolectores informales y de las comunidades costeras, e insta a los gobiernos a diseñar planes laborales y de protección social para que nadie quede atrás cuando cambien los sistemas de gestión de residuos.

Por último, el artículo 10 dibuja un andamiaje financiero de tres pilares: mantener el actual Fondo para el Medio Ambiente Mundial, sumar un fondo multilateral específico para el tratado y abrir la puerta a una red de inversiones público-privadas. Las aportaciones diferenciadas “según capacidad de pago” siguen indefinidas en el borrador, pero la propuesta fija la idea de disponer de dinero nuevo, predecible y a tiempo para que los países con menos recursos puedan cumplir las futuras obligaciones.

Impacto para empresas: costes, trazabilidad y plazos

La última versión del borrador convierte la discusión ambiental en un asunto de balance de riesgos para cualquier cuenta de resultados.

Primero, la materia prima amenaza con encarecerse: el Reino Unido ya aplica 223,69 £ por tonelada de envases con menos de un 30% de plástico reciclado y, al otro lado del Atlántico, la propuesta Reduce Act arrancaría con un gravamen de 0,10 $/libra sobre resina virgen, que subiría hasta 0,20 $/libra dos años después. Los negociadores incluyeron en el borrador la posibilidad de un peaje mundial inspirado en esos dos precedentes, alertados por estimaciones que sitúan en cientos de billones de dólares el coste acumulado de no frenar la marea plástica.

Un segundo asunto es la trazabilidad obligatoria. El borrador exige que la información sobre los productos regulados quede disponible en línea, lo que en la práctica significa dotar a cada envase de un identificador legible capaz de revelar su composición y porcentaje de material reciclado.

La Unión Europea ya activó el camino: el Reglamento de Ecodiseño prevé que los primeros Pasaportes Digitales de Producto sean obligatorios a partir de 2026 y, si el futuro tratado adopta la misma mecánica, las marcas tendrían un único estándar global que remplazaría la actual maraña de etiquetas.

Finalmente, la cuenta atrás jurídica es más corta de lo que parece. El borrador fija que la convención entrará en vigor 90 o 120 días después de depositado el instrumento de ratificación número 50, 60 o 97 (la cifra exacta sigue sin definirse), de modo que, si la firma se produce en 2026, las nuevas reglas podrían ser ley operativa ya en 2028.

Con ese horizonte, los planes de inversión en materias primas, sistemas de trazabilidad y programas sociales tendrán que moverse rápido.

Calendario y escenarios para un futuro posplástico

Los primeros indicios de un mercado con menos plástico ya están a la vista.

Modelos de reutilización y recarga captan la atención de los grandes minoristas: un informe de Reuters cita estimaciones de la organización PR3 según las cuales los sistemas de reutilización pueden recortar hasta un 90% de los envases desechables y un 80 % de las emisiones asociadas cuando se despliegan a gran escala, cifras que se exhibieron durante el World Refill Day de 2025.

En paralelo, la primera edición del European Reuse Barometer (mayo 2024) agrupa 90 iniciativas activas en Europa y concluye que la combinación de depósito reembolsable y logística inversa ya es viable en los sectores de comida para llevar, venta al por menor y comercio electrónico.

Para el residuo que todavía no puede evitarse, la tecnología da pasos rápidos. Versalis, filial química de Eni, puso en marcha en 2025 una planta demostrativa basada en su proceso Hoop, capaz de convertir plásticos mezclados en nafta apta para fabricar nuevos polímeros, incluidos los de uso alimentario.  El avance coincide con estudios académicos que describen reactores modulares de tercera generación con rendimientos superiores al 70% y un 30% menos de consumo energético que la pirólisis tradicional.

La búsqueda de materiales alternativos avanza también en los laboratorios europeos. Una revisión publicada en 2025 resume tres rutas de síntesis de bioplásticos a partir de microalgas y concluye que, cuando la energía de proceso procede de fuentes renovables, la huella de carbono puede reducirse a una tercera parte frente a los plásticos de origen fósil.  Estas investigaciones apuntan a una próxima generación de polímeros que no compite con cultivos alimentarios y, además, captura CO₂ durante su crecimiento.

El dinero comienza a acompañar estos cambios. En enero de 2024, el Banco Mundial emitió un bono de 100 millones de dólares cuyo rendimiento se vincula a proyectos de recogida y reciclaje de plásticos en Ghana e Indonesia, un instrumento que canaliza parte del cupón a la infraestructura de economía circular.  Más allá de los organismos públicos, la financiación sostenible alcanzó el billón de dólares en emisiones de bonos verdes, sociales y vinculados a sostenibilidad en 2024, según datos de Bloomberg, lo que amplía el granero de capital disponible para ampliar reciclaje químico, biopolímeros y sistemas de reutilización.

Con estas piezas (modelos de reutilización ya rentables, tecnologías de reciclaje que cierran el círculo y nueva química de baja huella) el sector privado dispone de un campo de pruebas real. Si en 2026 el tratado fija metas claras, el despliegue a gran escala podría llegar antes que la próxima década.