Arquitectura hostil: ciudades que no acogen

Sus formas van desde pinchos en repisas y bancos segmentados hasta riego nocturno automático disuasorio. Aunque sus precedentes se remontan al higienismo del siglo XIX, en la última década estas tácticas han ganado visibilidad y controversia porque transforman el espacio público en una herramienta de control más que de convivencia.

Este tipo de arquitectura ha pasado de meras anécdotas aisladas a un patrón visible en las ciudades españolas. En marzo, la Puerta del Sol de Madrid se quedó sin asientos: el Ayuntamiento retiró los bancos durante las obras que preparan la instalación de toldos y anunció que, cuando vuelvan, serán piezas de granito que harán de anclaje para las velas de sombra. En Zaragoza, unos triángulos metálicos fijados al alféizar exterior de un McDonald’s del Coso obligaron a los repartidores a llevar sus propias sillas y reavivaron el debate sobre la proliferación de arquitectura hostil en la ciudad.

Mientras tanto, la Fundació Arrels ha cartografiado casi 950 elementos de mobiliario excluyente en el área metropolitana de Barcelona e invita a la ciudadanía a seguir documentándolos.

Estos datos bastan para encuadrar el tema: el diseño urbano se está utilizando como herramienta de control sobre quién puede permanecer, descansar o simplemente ocupar el espacio público, abriendo un debate inevitable sobre la responsabilidad social de la arquitectura y el derecho a la ciudad.

De la higiene al “antivandálico”

El primer eco de la arquitectura hostil se remonta al higienismo decimonónico. Cuando Georges-Eugène Haussmann abrió los grandes bulevares de París en el siglo XIX no solo buscaba luz y ventilación, sino que también pretendía hacer imposible la barricada y sacar la pobreza de la vista burguesa. Ese mismo impulso llevó a incorporar “deflectores de orina” en los muros londinenses, un invento de hierro ondulado que devolvía el líquido al infractor. Aquella idea de cambiar hábitos mediante obras públicas quedó inscrita en los manuales de salubridad urbanos de la época.

Un siglo más tarde, James Q. Wilson y George Kelling publicaron la teoría de las “ventanas rotas”: si un cristal permanece roto, pronto todo el edificio se degrada. Esa receta (atacar el desorden menor para prevenir un delito grave) fue llevada al extremo por la alcaldía de Rudolph Giuliani en Nueva York y se tradujo en mobiliario a prueba de vagabundos, rejas, aspersores nocturnos y bancos divididos.

El concepto se exportó rápido. En España, la década de 2000 vio proliferar ordenanzas de “civismo” que perseguían dormir en la calle, apoyar los pies en los bancos o vender artesanía sin licencia, y se pasó de codificar las faltas leves a multas, respaldadas por un urbanismo cada vez más defensivo.

Tras la crisis financiera de 2008 llegó el re-branding empresarial y los catálogos de mobiliario urbano dejaron de hablar de anti-homeless y adoptaron el adjetivo antivandálico: bancos de hormigón macizo, papeleras sin tapa móvil, farolas sin brida desmontable. Esos productos se promocionan hoy por su seguridad y resistencia y por reducir costes de mantenimiento, no por su capacidad de ahuyentar a nadie.

Sin embargo, la función última sigue siendo la misma: limitar la permanencia y hacer del espacio público un lugar de paso más que de estancia. Lo que parece una simple moda de diseño es, en realidad, la última vuelta de tuerca a un viejo método de control urbano que empezó justificándose por la higiene y hoy se vende como mobiliario “irrompible”.

Las tácticas de la arquitectura hostil

La forma más visible de la arquitectura hostil consiste en impedir un reposo continuado. Dos recursos dominan las calles españolas: divisores o reposabrazos intermedios que fraccionan el asiento y barras metálicas fijadas a bancos. Cabe recordar que el Real Decreto 505/2007 obliga a que las áreas de descanso públicas dispongan de asientos accesibles y sin barreras discriminatorias, exigencia que choca frontalmente con estos diseños.

Cuando lo que se quiere evitar es la permanencia prolongada o la instalación de refugios improvisados, la táctica pasa por cerrar el hueco con rejas, vallas o bloques que ocupan soportales y bajo puentes. Esos espacios, donde pernoctaban personas sin hogar, quedan así blindados frente a acampadas permanentes. El resultado inmediato es el desplazamiento de quienes vivían allí a zonas aún más expuestas, no la solución del problema habitacional.

El control también puede ser sensorial. Entre los ejemplos citados por la literatura sobre sinhogarismo figuran la difusión de música y el uso de dispositivos de ultrasonido que solo perciben o molestan a los menores de 25 años. En ambos casos el mensaje es el mismo: permanecer solo está permitido si no se nota.

Algunos edificios privados y portales comerciales han incorporado aspersores programados en cornisas y pórticos que liberan agua a intervalos (generalmente de noche o fuera del horario de apertura) con la única finalidad de empapar a quienes intentan dormir en esas zonas.

Estos cuatro ejemplos comparten la misma lógica: usar el detalle constructivo y otros procedimientos para regular el comportamiento sin intervención policial directa, pero con el mismo objetivo final: seguir excluyendo a quien no encaja en el guion de sociedad deseable.

El impacto invisible del urbanismo excluyente

Las decisiones de diseño que expulsan, dividen o incomodan no son neutras: dejan huella en la salud, en la convivencia y en los derechos. La obligación de trasladarse continuamente eleva el nivel de cortisol y agrava patologías respiratorias y musculares entre las personas sin hogar, además de aumentar la mortalidad invernal porque reduce el acceso a cobijo informal.

A mayores y personas con movilidad reducida los asientos inclinados o seccionados les obligan a adoptar posturas inestables y recortan sus tiempos de descanso necesarios para evitar edemas y dolores lumbares. Ni siquiera quienes tienen un domicilio quedan al margen: la sensación de amenaza ambiental derivada de estos objetos hace que el espacio público se perciba como menos acogedor.

Desde el plano jurídico, organizaciones de derechos humanos recuerdan que obstaculizar el descanso contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y erosiona el principio del derecho a la ciudad, entendido como la posibilidad material de permanecer, interactuar y cuidarse en el espacio común.

Por su parte, el Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), en la guía Ciudad y territorio justo, recuerda que solo el 0,6 % de la vivienda española es plenamente accesible e insta a diseñar para la hospitalidad.

Con estos compromisos sobre la mesa, la cuestión que recorre despachos y aulas es si un arquitecto puede firmar obras concebidas para excluir y, sobre todo, si la función social de la arquitectura se cumple cuando un simple banco o una cornisa se convierten en barrera.

NOTICIAS RELACIONADAS
– El reto de construir ciudades más sostenibles
– Arquitectura saludable: diseño y bienestar
– Tejer comunidad desde la regeneración urbana: el proyecto Modul

Movimientos contrarios a la arquitectura hostil

El terreno de las alternativas de hospitalidad demuestra que la exclusión no es el único camino. El propio CSCAE recomienda asientos con respaldo y reposabrazos laterales a una altura de 45-50 cm, intervalos de sombra y fuentes cada 150 m, recordando que esos parámetros no son un lujo sino un requisito para un país que envejece.

En el Reino Unido ha cuajado otra fórmula: The Friendly Bench. Esta iniciativa instala micro-jardines con bancos accesibles y programa encuentros vecinales para combatir la soledad; al contrario que el mobiliario disuasorio, la propuesta busca alargar la estancia y generar comunidad.

Por otro lado, el chair-bombing de Ciudad Emergente llevado a cabo en Santiago de Chile, consiste en fabricar asientos con materiales recuperados y colocarlos donde la Administración no los provee, una pedagogía urbana que visibiliza carencias y presiona para que lleguen soluciones permanentes.

Las herramientas digitales también se suman. Plataformas como Mapcesible, impulsada por Fundación Telefónica y el movimiento asociativo de la discapacidad, geoposicionan baños 24h, fuentes y bancos adaptados para que las personas con movilidad reducida planifiquen rutas sin sobresaltos. Mientras la obra pública se pone al día, el derecho a la información avanza.

Finalmente, los propios concursos y contratos públicos empiezan a incorporar criterios de hospitalidad: algunos ayuntamientos españoles exigen ya que el mobiliario urbano certifique accesibilidad y confort. Con ello, el mercado deja de premiar la mera resistencia al vandalismo y reconoce el valor social de un banco que invita a sentarse.

En suma, los efectos dañinos de la arquitectura hostil están bien documentados. Los códigos profesionales y los premios internacionales alinean la práctica con la inclusión y las alternativas (desde guías técnicas hasta tácticas ciudadanas) son reales y aplicables.

La disyuntiva es clara: o persistimos en diseñar ciudades de paso rápido o asumimos la hospitalidad como criterio de calidad urbana y de salud colectiva.