Día Mundial de la Salud: cuatro retos de los sistemas sanitarios del futuro

Algunos indicadores clave muestran signos preocupantes. Según el último informe de la OMS sobre financiación sanitaria, publicado en diciembre de 2024, el gasto público medio en salud por persona se redujo en 2022 en todos los grupos de países, independientemente de su nivel de ingresos. Este retroceso no solo rompe con la tendencia de refuerzo del gasto vivida durante los peores años de la covid-19, sino que pone en evidencia una pérdida de prioridad política para un derecho tan básico como la salud.

Mientras tanto, alrededor de 4.500 millones de personas siguen sin acceso pleno a servicios esenciales, mientras otras corren el riesgo de empobrecerse por gastos médicos que no pueden asumir.

En paralelo, se agravan otros frentes. El deterioro de la salud mental (especialmente en el ámbito laboral), el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, los efectos del cambio climático sobre el bienestar físico y mental de las poblaciones, y la contaminación del aire como factor determinante en millones de muertes prematuras, dibujan un panorama sanitario mucho más complejo que el de hace apenas una década.

Retrocesos en gasto público en salud tras la pandemia

Uno de los síntomas más visibles del momento que atraviesa la salud global es el retroceso en la inversión pública. El informe Global Health Expenditure Report 2024 advierte que los gobiernos de todos los niveles de ingresos redujeron en 2022 su gasto medio per cápita en salud. Se trata del primer descenso global registrado desde el estallido de la covid-19, y una señal preocupante sobre la dirección en la que avanzan las políticas públicas tras la emergencia sanitaria.

La caída no fue puntual ni marginal. El estudio constata que la proporción del gasto gubernamental dedicado a la salud cayó del 11,7% en 2021 al 11,2% en 2022. Este porcentaje, aparentemente técnico, es en realidad un termómetro de prioridades políticas: invertir menos en salud pública implica una mayor carga para los hogares y una presión creciente sobre los sistemas sanitarios, especialmente los públicos.

Además, el informe alerta de que el 38% del gasto sanitario en los países de ingresos bajos y medios sigue siendo financiado directamente por los hogares, lo que deja a millones de personas expuestas a situaciones de endeudamiento, pobreza o abandono de tratamientos por falta de recursos. En términos globales, más de 2.000 millones de personas continúan enfrentándose a gastos catastróficos en salud, es decir, desembolsos que superan el umbral del 10% o incluso el 25% del presupuesto familiar disponible.

Este repliegue presupuestario no solo refleja una fatiga pospandémica, sino también una desconexión entre los compromisos internacionales y las decisiones concretas de política fiscal. En un momento en el que se multiplican las llamadas a fortalecer los sistemas sanitarios, la realidad es que, salvo excepciones, se está avanzando en dirección contraria.

Salud mental y trabajo: el malestar que crece en silencio

La salud mental se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales frentes de atención sanitaria, pero su vínculo con el entorno laboral sigue siendo, en muchos contextos, un asunto secundario o directamente ignorado.

En octubre de 2024, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la OMS subrayó la urgencia de abordar el impacto del trabajo en el bienestar psicológico de las personas. Las cifras lo respaldan: más de la mitad de la población mundial se encuentra en edad laboral y el 15% de los adultos en edad de trabajar vive con un trastorno mental en un momento dado.

Sin embargo, no todos los entornos de trabajo protegen la salud mental. Jornadas excesivas, precariedad, inseguridad contractual, falta de reconocimiento, ausencia de espacios de descanso y presión constante por la productividad generan condiciones que contribuyen al aumento de trastornos como la ansiedad, la depresión o el agotamiento extremo.

Aunque este tipo de afecciones no siempre se visibilizan, su impacto se percibe en otros indicadores: mayor absentismo, bajas prolongadas, pérdida de motivación y deterioro de las relaciones interpersonales en el entorno laboral.

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Junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OMS ha publicado directrices dirigidas a gobiernos y empleadores para integrar la salud mental en la prevención de riesgos laborales. Estas recomendaciones incluyen desde la formación de los mandos intermedios hasta la disponibilidad de servicios de apoyo psicológico y la revisión de las cargas de trabajo.

A nivel económico, los efectos tampoco son menores. El Banco Mundial estima que los problemas de salud mental no tratados cuestan a la economía mundial alrededor de un billón de dólares al año en pérdida de productividad.

Una enfermedad antigua que sigue avanzando sin freno

Mientras el foco mediático ha girado en los últimos años en torno a la pandemia de covid-19, otras enfermedades infecciosas han seguido avanzando de forma menos visible, pero no menos letal. La tuberculosis, que nunca desapareció del todo, ha vuelto a ocupar el primer lugar como la enfermedad infecciosa más mortífera a nivel mundial. Así lo refleja el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2024 de la OMS.

Los datos son contundentes: en 2023, la tuberculosis causó aproximadamente 1,25 millones de muertes, superando al número de fallecimientos atribuidos al coronavirus ese mismo año. Se estima que 10,8 millones de personas enfermaron de tuberculosis, y aunque el acceso a tratamientos ha mejorado levemente, todavía hay un desfase preocupante entre los diagnósticos esperados y los realmente realizados.

La mayoría de los casos se concentran en países de ingresos bajos y medios, especialmente en regiones del sudeste asiático y África subsahariana, donde los sistemas de salud siguen debilitados por los efectos de la pandemia.

A pesar de los esfuerzos internacionales, solo el 44% de los pacientes con tuberculosis resistente a múltiples fármacos accedieron a un tratamiento adecuado en 2023, lo que agrava aún más la amenaza de futuras cepas resistentes.

Uno de los mayores desafíos es precisamente el abandono progresivo de la tuberculosis en la agenda política y mediática. Mientras se multiplican los planes estratégicos para hacer frente a futuras pandemias, la falta de financiación sostenida para enfermedades que afectan sobre todo a los más pobres retrasa la implementación de diagnósticos tempranos, vacunas efectivas y tratamientos accesibles.

Clima, aire y salud: amenazas ambientales 

La salud humana está cada vez más condicionada por el deterioro ambiental. La evidencia es clara: el cambio climático y la contaminación del aire están detrás de millones de muertes prematuras y el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares e infecciosas. Olas de calor más intensas, mayor proliferación de vectores como el dengue, desplazamientos forzados o inseguridad alimentaria son solo algunas de las consecuencias que ya afectan, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables.

En mayo de 2024, la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución que insta a los Estados a integrar la salud en sus políticas climáticas. Se calcula que el cambio climático podría provocar hasta 250.000 muertes adicionales cada año entre 2030 y 2050 debido a malnutrición, enfermedades transmitidas por el agua o el calor extremo. Pese a ello, en 2023 menos del 1% de la financiación climática internacional se destinó a reforzar los sistemas de salud, los primeros llamados a responder ante estas crisis.

A este panorama se suma la calidad del aire que respiramos. Se estima que el 99% de la población mundial está expuesta a niveles de contaminación superiores a los recomendados, y que más de 6,7 millones de muertes anuales pueden vincularse directamente a esa exposición. El problema es global, pero sus efectos se agravan en ciudades densamente pobladas con alto tráfico o actividad industrial.

En regiones como Murcia, España, la totalidad de la población vivía en 2024 por encima de los niveles de ozono y partículas finas que marca la OMS, según Ecologistas en Acción.

Detrás de estas cifras hay decisiones políticas, prioridades presupuestarias y una profunda desigualdad global. Los países que menos han contribuido al cambio climático son los que más sufren sus efectos.

Garantizar el derecho a la salud en el siglo XXI pasa por entender que no se puede proteger sin aire limpio, ecosistemas sanos ni una respuesta global al calentamiento del planeta.