¿Qué va a cambiar la nueva ley de desperdicio alimentario?

Esta normativa recoge medidas que conciernen a todos los agentes participantes en la cadena alimentaria, desde los productores hasta los consumidores. Entre ellas destaca, por ejemplo, la obligación para los distribuidores de alimentos y hosteleros de implementar un plan para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Dichos actores también deberán colaborar con las Administraciones públicas de cara a cuantificar los residuos alimentarios y reportar datos de pérdidas y desperdicio.

Para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), a la que pertenecen las principales cadenas de supermercados, todas estas nuevas exigencias solo serán eficaces si se gestionan desde un mismo marco común para todo el territorio nacional. “Es necesario contemplar, a los efectos de garantizar la mayor coherencia, eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos de la ley, que aquellos operadores que actúan a nivel nacional puedan elaborar sus planes de prevención de la reducción del desperdicio también a nivel nacional sin necesidad de tener que desarrollar un plan distinto en función de cada una de las comunidades autónomas donde operen”, recomienda David Gracia, portavoz de Anged.

Los supermercados están llamados a desempeñar un papel clave en esta lucha contra el desperdicio, al situarse en un punto estratégico en el que convergen productores y consumidores, y en el que además se manejan grandes volúmenes de alimentos. Esta es la visión de Phenix, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de excedentes alimentarios.

La compañía trabaja actualmente con más de 3.000 supermercados en Francia, España y Portugal. Desde esta posición, considera que apostar por una mejor administración de los volúmenes de alimentos sobrantes también conlleva beneficios paras los distribuidores, más allá de garantizar el cumplimiento de la nueva norma.

“Creemos que se puede ver de otra manera y que se pueden conseguir beneficios con esta mejor gestión. Primero, porque tirar comida cuesta dinero. Si desperdicias 100 euros de comida, no solo estás tirando ese dinero, sino que además tienes que pagar una cantidad adicional para que te gestionen esa basura, ya sea el servicio municipal o una empresa”, afirma Jean-Baptiste Boubault, country manager de Phenix en España.

Por tanto, apostar desde las grandes cadenas de distribución por una mejor administración de estos excedentes puede suponerles un “doble premio: no desperdicias el valor del producto ni pagas por la gestión del desecho”, insiste Boubault. El responsable de Phenix estima el coste económico de los alimentos que son desperdiciados en, al menos, en 1.000 millones de euros anuales para los distribuidores.

Donación y venta de alimentos con caducidad próxima

Entre las nuevas responsabilidades que la ley establece, también figura la obligación, para aquellos establecimientos de la cadena alimentaria con una superficie superior a 1.300 metros cuadrados, de firmar acuerdos de donación con entidades sociales.

En la práctica, la normativa apenas cambiará nada debido a que dichas donaciones son habituales en el sector desde hace décadas. “Las empresas de la distribución llevamos colaborando más de 25 años con diferentes entidades benéficas, entre las que se encuentran bancos de alimentos, Cáritas, Cruz Roja, comedores sociales, etc., con las que además trabajan en mejorar las donaciones en calidad y en cantidad”, resalta Gracia, de Anged.

Esta medida solidaria también tiene una contrapartida económica positiva para los supermercados. Según Boubault, “hay un incentivo fiscal en la normativa. Se puede acceder a desgravaciones si el supermercado reporta a Hacienda de forma adecuada esa donación de alimentos”.

“La desgravación ya era posible antes de la publicación de la ley, pero en muchas ocasiones este factor era desconocido por parte de muchos donantes potenciales”, matiza José Manuel Marco, director del proyecto PlanB, que también añade que “la ley va a extender el conocimiento de estas desgravaciones, bonificando además las donaciones recurrentes a lo largo de los años. Por ello consideramos que será un importante aliciente para las empresas a la hora de donar”.

PlanB es una iniciativa puesta en marcha desde la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) que trata de apoyar a las empresas de la cadena alimentaria en esta canalización de las donaciones. El proyecto ofrece una plataforma digital que facilita la eficiencia, la seguridad y la trazabilidad del proceso de donación, así como la posibilidad de establecer diferentes tipos de acuerdo entre donantes y entidades sociales. Todo ello bajo un modelo operativo unificado.

“Este proyecto ya es una realidad. De hecho, ya se han gestionado más de 268.000 kilos de excedentes a través de PlanB” asegura Marco.

Otra de las opciones que permite la nueva ley es promover, dentro de los propios supermercados, la venta de productos con imperfecciones, cercanos a la fecha de caducidad o consumo preferente, una práctica que ya se ha extendido por buena parte de las grandes cadenas de supermercados, en cuyos lineales es cada vez más habitual encontrarnos con alimentos que se suelen ofrecer con importantes descuentos, habitualmente entre un 30% y un 50%.

Como explica el portavoz de Anged, con todo ello se pretende “fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, conforme a lo establecido en el marco de la normativa europea sanitaria, para que nunca se vea comprometida la seguridad alimentaria y queden claras las responsabilidades de cada operador”.

Bares y restaurantes

Los establecimientos hosteleros también son parte fundamental en este empeño por reducir el desperdicio alimentario. En palabras de Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE): “El desperdicio de alimentos es siempre un error de gestión que se puede trabajar, que se puede mejorar en origen. Para ello, hay sistemas para la mejora en ámbitos como la gestión de compras, la planificación de los almacenamientos y la utilización de alimentos que permiten minimizar la cantidad de producto que acaba siendo un residuo o un desperdicio”.

Esta distinción entre residuo o desperdicio no es baladí. Como explica Ana Mastral, coordinadora del proyecto Hostelería Por El Clima —iniciativa impulsada por Ecodes, Coca-Cola y la CEHE para promover la acción climática en el sector, a la que ya se han adherido más de 14.000 establecimientos—, el término desperdicio hace referencia “a los restos de alimentos que todavía sirven para el consumo humano. Si no es el caso, tenemos que hablar de residuo”.

Precisamente, la jerarquía de prioridades que establece la futura ley a la hora de gestionar los excedentes lo que pretende es, en primer lugar, prevenir la aparición del desperdicio. Y en caso de que se detecte la existencia de alimentos no consumidos, debe evitarse que el desperdicio se acabe convirtiendo en residuo.

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Mastral asegura que la hostelería está comprometida contra el desperdicio desde esta primera fase de la prevención. “Según los datos del Ministerio de Agricultura, la restauración solo es responsable del 9,8% de todo el desperdicio. El gran problema, en realidad, se produce dentro de los hogares, ahí es donde hay que incidir, porque es donde se desperdicia hasta el 45,7% de la comida”.

Probablemente, el principal cambio para el sector derivado de la futura ley es la obligación de ofrecer al consumidor la posibilidad de llevarse a su domicilio los alimentos no consumidos dentro del establecimiento, y sin coste adicional. “Esta es una práctica que lleva tiempo realizándose de manera habitual en la hostelería”, asegura Gallego.

El secretario general de la CEHE sí que advierte de los posibles problemas que puede generar el requerimiento a los bares y restaurantes para que cuenten con recipientes aptos para este transporte de la comida y bebida sobrantes. “Nos preocupa la zona de conflicto en la que puede entrar la aplicación de esta norma de prevención del desperdicio alimentario con la de envases y residuos de envase. Hay que buscar soluciones sencillas, adaptadas, económicas y que no supongan enfrentarse a una mayor complejidad para nuestros establecimientos”, insiste Gallego.

La coordinadora del proyecto Hostelería Por El Clima también destaca otra de las medidas que quiere incentivar la nueva normativa, como es la flexibilización de los menús para que los clientes puedan escoger raciones de diferentes tamaños. Una pionera en este sentido fue Ada Parellada, gerente del restaurante Semproniana, en Barcelona. “Fue de las primeras que empezó a ofrecer tres tamaños de platos, S, M y XL, para que el consumidor pueda pedir un plato acorde a sus necesidades, y así evitar que no se coma toda la comida”, indica Mastral.

En cuanto a las donaciones a las entidades sociales, Gallego asegura que el sector de la hostelería lleva promoviendo desde hace años acuerdos en este sentido. “Lo que sí que planteamos es la necesaria flexibilidad en la aplicación de esta medida porque tenemos que tener en cuenta que bares y restaurantes hay en cualquier población, en cualquier rincón de nuestro país, y no en todos los lugares nos vamos a encontrar con ONG y asociaciones receptoras de alimentos”.

El secretario general de la CEHE considera que en estos casos habrá que optar por otras posibilidades contempladas dentro de la ley, como puede ser el empleo de estos excedentes en procesos de compostaje. La normativa también prevé destinar los alimentos sobrantes para otros fines diversos cuando no se puedan aprovechar para el consumo humano, por ejemplo, la alimentación de animales, la fabricación de piensos o la valorización energética como biocombustible.

Sanciones previstas

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario también contempla posibles sanciones derivadas de su incumplimiento. Por ejemplo, una infracción leve, como eludir la donación de alimentos no vendidos y aptos para el consumo humano, podría suponer una multa de hasta 2.000 euros.

En el caso de las infracciones graves, entre las que figuran la ausencia de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario; la discriminación en el reparto de alimentos donados. o la destrucción o alteración de alimentos aptos para el consumo, entre otros supuestos, la multa oscilaría entre los 2.001 y los 60.000 euros.

Por último, se considera infracción muy grave cuando se detecta la comisión de más de una infracción grave durante un plazo de tiempo de dos años. En tal caso, la multa podría ir desde los 60.001 hasta los 500.00 euros. En el Senado, a través de una enmienda, el PP ha rebajado esta multa máxima por infracciones muy graves a 100.000 euros. El Congreso tendrá ahora la última palabra.