El poder del activismo ambiental en la lucha contra el cambio climático

Con el avance de los años, los movimientos ambientalistas evolucionaron, incorporando nuevas estrategias y objetivos: ya en los años 80 y 90, su preocupación se centró en la deforestación, el agujero en la capa de ozono o la contaminación industrial, lo que llevó a la firma de los primeros acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal (1987), que permitió la reducción y eliminación del uso de sustancias que perjudicaban la capa de ozono, ayudando no solo a protegerla –para que ella nos proteja de la radiación ultravioleta del sol–, sino también a mejorar los resultados de las iniciativas dirigidas a afrontar el cambio climático. Con este acuerdo, se demostró que el multilateralismo y la cooperación mundial efectiva funcionan y que la acción colectiva de la ciudadanía es esencial para presionar a las instituciones y corporaciones a adoptar medidas contundentes contra la crisis climática.

A partir de los años 2000, el cambio climático se convirtió en el tema central de la lucha ambiental, con la Cumbre del Clima de Kioto (1997), –creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento global– y posteriormente el Acuerdo de París (2015), el tratado internacional sobre cambio climático jurídicamente vinculante que fue adoptado en diciembre de 2015 en París (COP 21) con el objetivo de limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados en comparación con los niveles preindustriales—y que supusieron hitos fundamentales en materia de diplomacia climática global.

Activismo climático y campañas emblemáticas

Paralelamente al aumento de las evidencias científicas sobre el calentamiento global, el activismo climático ha ido alcanzando una nueva dimensión a medida que ha avanzado el siglo XXI. Así, las protestas masivas se han convertido en una herramienta clave para llamar la atención sobre la crisis climática. Uno de los ejemplos más representativos ha sido el movimiento conocido como Fridays for Future, liderado por la activista sueca Greta Thunberg. En 2018, Thunberg inició una huelga escolar en solitario frente al Parlamento sueco, exigiendo medidas urgentes contra el cambio climático. En poco tiempo, su protesta inspiró a millones de jóvenes y adultos en todo el mundo y su protesta acabó tomando dimensiones globales y generando manifestaciones multitudinarias en ciudades de todo el mundo.

Además de las marchas por el clima, otros movimientos han tomado fuerza en los últimos años. Es el caso del movimiento Extinction Rebellion, fundado en Reino Unido hace unos seis años, y que ha organizado actos de desobediencia civil para exigir a los gobiernos que se declare la emergencia climática. Se trata de un movimiento internacional que se define como “políticamente no partidista, descentralizado” y que utiliza la acción directa no violenta y la desobediencia civil para persuadir a los gobiernos de que actúen con justicia ante la emergencia climática y ecológica.

Las premisas bajo las que actúa Extinction Rebellion son tres: decir la verdad –las instituciones deben comunicar de forma clara los riesgos extremos que enfrenta la humanidad y el resto de seres vivos, la injusticia que esto representa, sus raíces históricas, sus responsables actuales y la urgente necesidad de un rápido cambio político, social y económico, tal como alerta la comunidad científica–, actuar ahora –los gobiernos deben actuar de manera inmediata para reducir drásticamente las emisiones y la pérdida de biodiversidad, estableciendo las bases para una transformación del modelo socioeconómico dirigido hacia un decrecimiento planificado democráticamente, que se ajuste a la capacidad biofísica del planeta, respete las necesidades básicas de la población y priorice la protección de la vida— y las asambleas ciudadanas –los gobiernos deben establecer un mecanismo de asambleas ciudadanas permanentes y vinculantes para garantizar la transición ecológica basada en la justicia social–.

A esto se suma el activismo digital, que ha conseguido que las campañas de concienciación se viralicen rápidamente y que utilizan de altavoz a las redes sociales, blogs o foros para movilizar a la opinión pública y ejercer presión sobre las instituciones políticas y económicas. Cuentan con ventajas como su alcance global e inmediato, la posibilidad de que traspasen fronteras o el hecho de que personas de diferentes culturas y contextos se unan por una causa común: el cuidado del planeta. También su potencial para convertirse en herramientas de educación masiva; Plataformas como YouTube, Instagram, TikTok o las APPs de nuestros teléfonos móviles están llenas de contenido educativo sobre sostenibilidad, reciclaje o energías renovables.

Desde tutoriales sobre cómo crear compost en casa hasta consejos para reducir el consumo de plástico, lo digital se ha convertido en una herramienta fundamental para que la educación ambiental sea más accesible y atractiva para todas las edades. Los influencers ambientales también juegan un papel crucial en la difusión de prácticas sostenibles, ya que inspiran cambios, amplifican el impacto de las campañas globales y su capacidad para conectar emocionalmente con sus audiencias y seguidores les convierten en aliados clave en la lucha por un mundo más sostenible.

Algunas de las campañas más destacadas en los últimos años han sido, entre otras, La Hora del Planeta, los movimientos “antivuelos”, Plastic Free July o Divestment Movement.  La Hora del Planeta es una iniciativa que nació en Sidney en el año 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora y a la que, a lo largo de estos años, ya se han sumado millones de personas, ciudades, empresas y organizaciones que apagan las luces durante una hora con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del ahorro energético. La edición 2025 se celebrará el próximo 22 de marzo y en la edición 2024 más de 200 países se sumaron a este movimiento apagando la iluminación de los monumentos más emblemáticos de todo el mundo.

En la misma línea, campañas como Flight Shame en Suecia promueven la reducción de los viajes en avión debido a su alto impacto en las emisiones de CO₂, fomentando el uso de trenes y otros medios de transporte más sostenibles.  Es lo que se llama “vergüenza de volar” (flygskam en sueco), el sentimiento de culpa e incomodidad por volar –en lugar de orgullo– ante los efectos ambientales dañinos del transporte aéreo y su influencia en el cambio climático. Este movimiento aboga por el transporte alternativo y el desarrollo de políticas y tecnología a favor de la neutralidad de carbono en el transporte aéreo y el no uso de vehículos motorizados que sean impulsados por combustibles fósiles.

Aunque la precursora de este movimiento fue la activista sueca Maja Rosén, que dejó de volar en el 2008 por razones ambientales, a ella también se sumó Greta Thunberg en 2015, cuando incluso convenció a su madre, la mezzosoprano de fama internacional Malena Enrman, para que renunciara a viajar en avión en sus giras mundiales. Después, esta tendencia fue globalmente conocida cuando ella misma se negó a llegar en avión a la Cumbre sobre Cambio Climático celebrada en Madrid en 2019 (COP25) y lo hizo en un pequeño barco que recorrió el Atlántico hasta Lisboa, para después llegar a la capital española en tren.

Sin embargo, el término flygskam se internacionalizó definitivamente con la creación de la plataforma Stay Grounded (quedarse o permanecer en tierra) una red que trabaja a nivel mundial para reducir el tráfico aéreo y construir un sistema de transporte sostenible que evite las consecuencias ambientales que un vuelo puede tener en la atmósfera. Entre las más de 200 organizaciones miembro que forman parte de este movimiento se encuentran grupos locales de oposición a aeropuertos y de justicia climática, ONG, sindicatos, iniciativas que fomentan alternativas a la aviación como los trenes nocturnos, y organizaciones que apoyan a comunidades que luchan contra proyectos de compensación o los “mal llamados” SAF (Combustibles Sostenibles para la Aviación). También activistas individuales, académicos o simplemente personas interesadas que quieran apoyar esta red.

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Plastic Free July nació en 2011 en Australia de la mano de Rebecca Prince-Ruiz, fundadora de Plastic Free Foundation, como una iniciativa gracias a la que, cada mes de julio, se promueven acciones para reducir e incluso eliminar el plástico de un solo uso de nuestras vidas. Empezó siendo una iniciativa local, pero poco a poco se ha extendido por todo el planeta y ahora ya tiene un alcance global con más de 250 millones de participantes de casi 180 países que trabajan bajo el hastag #PlasticFree y la premisa de que “el plástico no es malo. Tiene ventajas y desventajas, entre ellas, su uso desmedido, que es lo que ha contribuido a los problemas ambientales. Seamos responsables y elijamos mejores alternativas”.

Por su parte, Divestment Movement, propone hacer presión social mediante campañas multitudinarias para que se deje de invertir en combustibles fósiles, una idea que ponía en marcha en 2012 el activista ambiental Bill McKibben con su organización 350.org y su campaña Fossil free (Libres de combustibles fósiles) y que se ha extendido rápidamente a más de 188 países de todo el mundo.

Algunas de sus campañas globales han sido muy llamativas, como el uso de burbujas gigantes simulando el dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases implicados en el cambio climático, o mareas humanas a modo de “manchas” de petróleo. El apoyo más simbólico se producía en septiembre de 2014 cuando la fundación de los herederos de la fortuna del famoso magnate del petróleo, John D. Rockefeller, retiró sus inversiones en combustibles fósiles en unos 775 millones de euros. En aquel momento, su presidente, Stephen Heintz, afirmó estar convencidos de que “si Rockefeller estuviera vivo hoy, como el astuto hombre de negocios con visión de futuro que era, estaría saliendo de los combustibles fósiles e invirtiendo en energías limpias y renovables”.

La influencia del activismo en las políticas ambientales

Y es que, el activismo ambiental ha sido a lo largo de la historia un factor clave en el impulso de numerosas políticas ambientales a nivel nacional e internacional. En España ha impulsado medidas como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021), que establece objetivos de reducción de emisiones y fomenta el uso de energías renovables. También ha influido en la prohibición de plásticos de un solo uso y en la expansión de las Zonas de Bajas Emisiones en ciudades como Madrid o Barcelona.

El movimiento Nunca Máis, que surgió tras el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 en las costas gallegas y causó una de las mayores catástrofes ambientales en la historia del país, se convirtió en una plataforma ciudadana de presión a niel nacional que exigió responsabilidades medioambientales, judiciales y políticas, la declaración de zona catastrófica y la implementación de mecanismos de prevención para evitar futuros desastres.

Como resultado de esta movilización originada como reacción popular contra la gestión de la catástrofe y para pedir que se activasen las ayudas económicas para recuperar la zona, limpiar el vertido tóxico y compensar a los sectores afectados en una zona de tradición marítima tan arraigada, se adoptaron políticas más estrictas en materia de regulación de la industria marítima y la protección de las costas. Al movimiento Nunca Máis se llegaron a sumar más de 200 asociaciones vinculadas con la sociedad civil gallega, según datos de la propia organización, que, con el paso del tiempo, se ha reconvertido en un movimiento contra toda clase de desastres ecológicos en Galicia, como, por ejemplo, los incendios forestales.

Otros ejemplos de influencia del activismo ambiental en el cambio o surgimiento de políticas de protección del entorno son, entre otro, los movimientos ciudadanos contra el fracking, que han logrado que varios gobiernos regionales, como los de Cantabria o Navarra, prohíban esta técnica de extracción de hidrocarburos. La movilización social y la presión ejercida por estos movimientos han sido fundamentales para que se implementen leyes que protejan el medio ambiente de los efectos nocivos de esta práctica que se basa en la extracción de gas o petróleo del subsuelo mediante la presión o fracturación hidráulica.

A nivel internacional, el activismo ambiental también ha tenido un impacto muy significativo en la formulación de políticas ambientales. Un ejemplo importante es la sentencia del Tribunal de Montana (EE. UU) en 2022, cuando un grupo de jóvenes activistas ganó una demanda contra el Estado, argumentando que su derecho a un “ambiente limpio y saludable”  estaba siendo violado por la promoción de combustibles fósiles. El tribunal falló a favor de los demandantes, lo que provocó una revisión de las políticas energéticas del Estado y un mayor enfoque en la sostenibilidad y la reducción de emisiones en futuras políticas.

En 2021, en Kenia, la Corte Medioambiental dictó una sentencia que impidió la tala de árboles en áreas protegidas gracias a la presión de activistas y organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, que exigieron políticas que protejan los bosques comunitarios. En Italia, Greenpeace también logró que el Consejo de Estado aprobara su solicitud para acceder a documentos clave relacionados con la Corporación Nacional de Hidrocarburos (ENI), una victoria en materia de transparencia que ha logrado que la información ambiental sea cada vez más accesible al público, algo fundamental para la rendición de cuentas ante la sociedad a la hora de emprender proyectos que afectan de forma directa al entorno y el medio ambiente.

Lo cierto es que el activismo ambiental es, cada vez más, un motor de cambio social y político a nivel global y los diferentes movimientos sociales han logrado poner la crisis climática en el centro del debate público en todo el mundo. Las protestas masivas, las campañas de concienciación y la presión ciudadana han influido y siguen influyendo en la toma de decisiones de gobiernos y grandes corporaciones, demostrando que la acción colectiva sigue siendo clave para dotar a la emergencia climática de la importancia que merece.

A medida que la crisis climática se intensifica, la labor de los movimientos sociales por el clima y el activismo ambiental es cada vez más crucial, más aún en un contexto en el que la acción gubernamental es, en muchas ocasiones, insuficiente. Pero, pese a que la movilización ciudadana supone sin duda una fuerza transformadora capaz de generar cambios significativos, aún queda camino por recorrer y el futuro del activismo ambiental dependerá de la capacidad de la sociedad para mantener la presión sobre los que toman las decisiones y exigir compromisos concretos.

La crisis climática es el mayor reto del siglo XXI y solo con una ciudadanía informada, concienciada y, sobre todo, implicada y movilizada, será posible lograr un cambio real para proteger nuestro planeta e impulsar una sociedad más equitativa y sostenible.