Ley Ómnibus de la UE: ¿un paso adelante o atrás en la regulación ASG?

Al mismo tiempo, responde a la creciente preocupación del sector empresarial, que ha señalado que el marco normativo de la UE ha llegado a ser excesivamente complejo, dificultando el crecimiento, la inversión y la innovación en sectores clave.

A nivel político y económico, la Comisión también busca garantizar que Europa pueda competir en igualdad de condiciones con otras potencias económicas como Estados Unidos y China, que han optado por modelos más flexibles para incentivar su desarrollo empresarial e industrial.

El punto de partida de la reforma se encuentra en el Informe Draghi sobre la Competitividad Europea, un documento elaborado bajo la dirección del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que expone cómo el entramado regulatorio europeo ha contribuido al rezago en inversión e innovación. Según el informe, la Unión Europea, aunque ha mantenido un fuerte liderazgo en sostenibilidad y transparencia corporativa, no ha logrado convertir estos avances en un crecimiento económico sólido, mientras que sus competidores globales han implementado estrategias más ágiles y favorables a la inversión.

Desde hace años, la UE ha sido un referente en la creación de normativas destinadas a garantizar la sostenibilidad, la transparencia y la protección del consumidor. Este marco ha permitido consolidar un modelo económico basado en la responsabilidad corporativa, pero también ha derivado en un sistema normativo cada vez más denso y difícil de gestionar para las empresas.

El principal desafío de la Ley Ómnibus será equilibrar la reducción de la burocracia con la preservación de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Para ello, la reforma revisará normativas clave como la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD) y la Taxonomía Europea. La intención es agilizar los procesos administrativos, eliminar duplicidades en los reportes y mejorar la coherencia entre distintas normativas para facilitar su implementación sin comprometer la transparencia.

La carga burocrática como freno a la competitividad

El marco normativo europeo ha evolucionado hasta convertirse en uno de los más exigentes del mundo, con múltiples regulaciones que las empresas deben cumplir para operar dentro del mercado comunitario. Si bien estas normativas han elevado los estándares de sostenibilidad y transparencia, su aplicación ha generado una carga administrativa significativa que afecta tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas.

Uno de los mayores desafíos es la fragmentación en la implementación de las normativas, ya que cada Estado miembro tiene margen de maniobra en la adaptación de las directivas europeas a su legislación nacional. Esto ha generado discrepancias entre países y ha llevado a que muchas compañías se enfrenten a regulaciones superpuestas o contradictorias dependiendo del país en el que operen.

Además, la recopilación y reporte de datos ASG se ha convertido en un proceso altamente técnico y costoso. La Taxonomía Europea, por ejemplo, establece criterios estrictos para clasificar actividades sostenibles, pero su aplicación ha sido criticada por su falta de flexibilidad y la dificultad de adaptación en sectores industriales más tradicionales.

Otro aspecto problemático es la diligencia debida en las cadenas de suministro, una exigencia que obligará a las empresas a garantizar que sus proveedores cumplan con los mismos estándares ASG. Aunque esta medida es clave para asegurar la sostenibilidad en todas las fases de producción, ha generado un impacto desproporcionado en pequeñas empresas, que no cuentan con los mismos recursos que las grandes corporaciones para cumplir con estas obligaciones.

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Lo que se sabe de la Ley Ómnibus 

En los últimos días, ha salido a la luz un documento filtrado, titulado A Competitiveness Compass for the EU, que expone las estrategias y cambios normativos previstos en la Ley Ómnibus. El documento detalla una reducción del 25% en las obligaciones de reporte para grandes empresas y del 35% para pymes eliminando requisitos redundantes y simplificando procesos administrativos.

Además, la Comisión planea revisar la CSRD, la CSDDD y la Taxonomía Europea con el objetivo de evitar solapamientos entre normativas y clarificar la información que se exige a las empresas. También se ha anunciado la creación de una nueva categoría de “pequeñas empresas de mediana capitalización”, con el propósito de adaptar la regulación a empresas que no encajan dentro de las definiciones tradicionales de pymes o grandes corporaciones.

Otro punto clave de la reforma es la digitalización del cumplimiento normativo, con la implementación de plataformas electrónicas que permitan gestionar la información de manera centralizada y reduzcan la duplicidad de registros en distintos países.

Para mejorar la coordinación entre los Estados miembros, la Comisión también busca establecer un marco regulatorio más homogéneo, reduciendo la fragmentación en la aplicación de las normativas y garantizando que las empresas operen bajo criterios uniformes en toda la UE.

Riesgos de la Ley Ómnibus

Si bien la reforma ha sido bien recibida por el sector empresarial, existen preocupaciones sobre su impacto en la sostenibilidad y la transparencia corporativa. Uno de los aspectos más controvertidos es que, aunque se busca reducir la carga administrativa, no se ha especificado cómo se garantizará que la sostenibilidad siga siendo un criterio central en la regulación de las pymes.

Además, se ha anunciado la creación de un Grupo Asesor de Simplificación, encargado de supervisar los cambios normativos. Sin embargo, la falta de claridad, hasta el momento, sobre su composición y competencias ha generado dudas sobre su independencia y capacidad de equilibrar los intereses empresariales con los objetivos ASG.

Otro punto conflictivo es la presión de algunos Estados miembros para postergar la implementación de la CSRD y la CSDDD. Francia y Alemania han solicitado aplazamientos en la entrada en vigor de estas normativas, argumentando que su aplicación inmediata podría afectar la competitividad de las empresas europeas. Sin embargo, esto plantea el riesgo de que la reducción de obligaciones abra la puerta a prácticas de greenwashing y debilite los compromisos climáticos de la UE.

Por último, algunos expertos han señalado la paradoja de la reforma: aunque busca simplificar la regulación, introduce nuevas consultas, evaluaciones y organismos de supervisión, lo que podría terminar generando más burocracia en lugar de reducirla.

En definitiva, la Ley Ómnibus de Simplificación representa un intento ambicioso de aliviar la carga regulatoria de las empresas sin comprometer los avances en sostenibilidad. Con ella, la Unión Europea se enfrenta a un desafío clave: demostrar que es posible simplificar sin debilitar su liderazgo en sostenibilidad.

La aplicación de esta Ley determinará si la UE puede mantener este equilibrio o si, por el contrario, abre la puerta a una desregulación que afecte su compromiso con la transparencia y la transición ecológica.