Europa da un paso atrás y aplaza la ley contra la deforestación

El propósito principal de este reglamento pionero en el mundo, que debía entrar en vigor el 30 de diciembre de 2024 y que ahora lo hará en 2025, es garantizar que los bienes comercializados en Europa no estén asociados con la destrucción de ecosistemas forestales, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y aumento de emisiones de carbono a nivel global.

La normativa define la deforestación como la conversión de bosques en tierras agrícolas, sin excluir cambios causados por desastres naturales si posteriormente se utiliza esa tierra para cultivo. Para determinar si un producto incumple esta regulación, se utiliza como referencia el estado de la tierra el 31 de diciembre de 2020. Si desde esa fecha se han producido cambios que llevaron a la eliminación de bosques, los productos de esas áreas no podrán ser comercializados en el mercado europeo.

El concepto de “bosque” adoptado en esta regulación es amplio, ya que toma como base la definición de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Esto incluye no solo selvas densas, sino también ecosistemas clave como sabanas y humedales, fundamentales para el equilibrio climático y la conservación de especies.

Los productos bajo vigilancia abarcan bienes de consumo masivo como el aceite de palma, la soja, el café, el cacao, la madera y el caucho, además de sus derivados. Estos bienes, presentes en la vida diaria de millones de personas, han sido históricamente vinculados a la deforestación en regiones tropicales y subtropicales.

Con este marco legal, la Unión Europea no solo busca liderar la lucha contra la deforestación, sino también establecer un precedente global en la construcción de cadenas de suministro sostenibles.

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Geolocalización y control riguroso para proteger los bosques

Una de las principales exigencias del reglamento es que las empresas deben garantizar la trazabilidad de los productos sujetos a la normativa, lo que implica probar su origen exacto.

Para ello, será obligatorio proporcionar información detallada sobre la geolocalización de las parcelas de terreno donde se produjeron las materias primas utilizadas. Este requisito permitirá identificar si esas tierras estuvieron sujetas a deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020, fecha clave establecida por la normativa.

Además, las empresas deberán presentar una declaración de diligencia debida, un documento clave que certifica que el producto cumple con los requisitos del reglamento. Esta declaración debe ser registrada en un sistema de información electrónica creado por la UE, diseñado para centralizar y hacer más fácil el intercambio de datos entre los operadores y las autoridades pertinentes. El sistema también está vinculado con los sistemas aduaneros europeos, lo que asegura un control más riguroso en las fronteras.

La diligencia debida implica que las empresas deben evaluar cuidadosamente sus cadenas de suministro y mitigar cualquier riesgo de que sus productos estén relacionados con la deforestación o la degradación de bosques. Este análisis deberá incluir la verificación del cumplimiento de las leyes locales en los países de origen, así como un seguimiento continuo para verificar que los estándares se mantengan en el tiempo.

Para las pymes, aunque los requisitos generales son los mismos, el reglamento contempla ciertos apoyos específicos para facilitar su cumplimiento. Por ejemplo, las micro y pequeñas empresas no estarán obligadas a presentar declaraciones directamente, siempre que trabajen como intermediarias y no importen directamente productos al mercado europeo.

Este enfoque exige una transformación significativa en las operaciones de las empresas, especialmente aquellas con cadenas de suministro complejas que abarcan múltiples regiones.

El tratamiento de materiales y productos complejos 

Las directrices establecidas por la UE en el marco del reglamento abordan casos complejos con el objetivo de hacer una implementación efectiva en diversos contextos comerciales.

Entre los conceptos clave se encuentra el de “riesgo negligible”, que simplificará la identificación de situaciones en las que, tras un análisis exhaustivo, puede determinarse con confianza que un producto no está asociado a la deforestación ni a la degradación de bosques.

En el caso de los productos derivados de la madera, el reglamento también establece distinciones importantes. Por ejemplo, el embalaje de madera está cubierto si forma parte del producto comercializado, como en el caso de embalajes reutilizables o diseñados para acompañar al bien final. Sin embargo, los embalajes que se utilizan exclusivamente para el transporte y no se destinan al uso final quedan fuera del alcance de la normativa, lo que aporta claridad sobre su tratamiento regulatorio.

El reglamento también aborda materiales reciclados, promoviendo su uso como una alternativa más sostenible. Los productos de papel y cartón reciclados están excluidos de la normativa, ya que no contribuyen directamente a la deforestación y, en cambio, apoyan la transición hacia una economía circular. Por otra parte, los productos fabricados con materiales comercializados antes de la plena aplicación de las obligaciones quedarán exentos, evitando que se impongan cargas regulatorias injustas a bienes que ya estaban en el mercado.

Para los productos de madera, se define que un material es considerado libre de degradación forestal si proviene de áreas gestionadas de forma sostenible, siempre que dichas prácticas hayan estado en vigor desde el 31 de diciembre de 2020. Este criterio garantizará que los bosques sean manejados de manera que conserven la biodiversidad y respeten las normativas ambientales internacionales y locales.

Adaptación escalonada y colaboración internacional

El reglamento establece un cronograma claro para la implementación de las obligaciones, y el año de retraso en su implementación real permitirá que las empresas tengan todavía más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias. De esta forma, se asegurará una transición ordenada, especialmente para las pymes, al tiempo que refuerza la colaboración con países socios para conseguir una aplicación global eficaz.

Así, se establecen dos fases para la aplicación de las obligaciones. A partir del 30 de diciembre de 2025, las empresas medianas y grandes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos, incluidos la trazabilidad y la presentación de declaraciones de diligencia debida. Las micro y pequeñas empresas, por su parte, tendrán un plazo adicional hasta el 30 de junio de 2026 para adaptarse a la normativa, reconociendo los desafíos particulares que enfrentan en términos de recursos y capacidad técnica.

Dado que muchos de los productos regulados por esta normativa proceden de regiones fuera de Europa, la colaboración internacional se convertirá en un pilar fundamental para su éxito. La Unión Europea trabaja estrechamente con países socios mediante diversos mecanismos.

Por un lado, ofrece asistencia técnica y apoyo financiero para fortalecer las capacidades locales en los países exportadores, incluyendo la formación en trazabilidad y sostenibilidad para productores agrícolas y operadores. Además, fomenta la promoción de cadenas de suministro sostenibles a través de acuerdos bilaterales y multilaterales que incentivan prácticas agrícolas responsables, reducen el impacto ambiental y respetan los derechos de las comunidades locales.

Asimismo, se han establecido foros de diálogo político y diplomático con gobiernos, organizaciones internacionales y empresas para facilitar que los países productores comprendan las implicaciones de la normativa y se involucren activamente en su implementación.