Cien litros de agua diarios, ese derecho escrito en papel mojado

El volumen se sitúa “entre 50 y cien litros por persona y día”, un requisito al que se añaden otros cuatro condicionantes que se agrupan en tres ámbitos: esa agua debe ser potable (segura y aceptable); asequible, de manera que acceder a ella no pueda requerir más del 3% de los ingresos del hogar, y físicamente accesible, lo que requiere que la fuente no puede hallarse a más de un kilómetro del hogar y el tiempo para recogerla y transportarla hasta él no puede rebasar la media hora.

¿Cien litros son mucho o poco? Opiniones al margen, lo que sí se sabe es que una ducha suele consumir veinte litros de agua por minuto y que una cisterna de inodoro de cierta antigüedad tiene una capacidad de ocho a dieciséis (las más modernas la reducen hasta los tres), unos volúmenes que restringen bastante el margen de maniobra higiénico para alguien que solo dispusiera de esos cien litros diarios.

Pese a lo cristalino del enunciado, el derecho humano a un cupo diario de agua potable, cuya formulación inicial se completaba con una exhortación a “los Estados y las organizaciones internacionales” para garantizar un “acceso económico al agua potable y el saneamiento” y “en particular a los países en desarrollo”, y con una petición para ahondar en el conocimiento de su cumplimiento, no acaba casi catorce años después de salir a flote en la legislación española, en la que, con la excepción de un goteo de iniciativas municipales, la deriva de su tratamiento discurre entre la ausencia y el olvido.

Hay lagunas en los tres ámbitos, tal y como ponen de manifiesto varias investigaciones y fuentes estadísticas.

En cuanto a la potabilidad, los trabajos de la red ciudadana de medición de nitratos que coordina Greenpeace apuntan a que el 28,6% de las aguas subterráneas, el 11% de las superficiales (ríos, lagos, lagunas y canales) y el 7% de las destinadas al consumo humano están contaminadas por residuos de origen ganadero y agrícola, mientras que el monitoreo de alertas de salud pública que desarrolla Ecologistas en Acción eleva el primero de esos porcentajes al 37% y cifra en 171, con 214.851 habitantes, el número de municipios en cuyas redes de distribución urbana se detectaron en 2022 concentraciones de nitratos superiores a los 50 miligramos por litro que permite la normativa española. En otros 554 pasaba de 25.

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Sobre el precio, el último estudio de la OCU estima la factura anual en una horquilla de 164 a 520 euros por hogar para un consumo medio de 175.000 litros (120 litros diarios para cuatro miembros y 160 para tres). Ese último coste supera el 3% para un hogar con ingresos de hasta 17.333 euros anuales, una cuantía que, según los datos de la Agencia Tributaria, no alcanzan 12,8 de los 22 millones de contribuyentes censados en el país.

Y con un encarecimiento en el último lustro, según indican los datos de subclases del IPC (Índice de Precios de Consumo) del INE (Instituto Nacional de Estadística), de algo más de cuatro puntos en el apartado del suministro y otro de casi cinco en el saneamiento, que son los dos componentes principales de la factura del agua.

El apartado del acceso al agua también tiene lo suyo, con evidentes carencias de las redes de abastecimiento de las que resultan paradigmáticos episodios como el de las sesenta familias que viven en el barrio pacense de Tulio o el de los 272 habitantes del municipio oscense de Peralta de Calasanz.

Los primeros, por carecer de red de abastecimiento y de saneamiento, llevan décadas acarreando garrafas y cántaros desde un pozo comunitario cuyas aguas han acabado degenerando hasta la insalubridad por exceso de nitratos y de coliformes. El segundo, rodeado por seis pantanos con capacidad para almacenar 2.000 hectómetros cúbicos (diez veces el consumo anual de la ciudad de Madrid) en menos de 60 kilómetros a la redonda, debe abastecerse en verano con cisternas porque su acuífero se seca.

Por otro lado, los datos oficiales cifran en 27.390 el número de viviendas principales que carecen de suministro de agua en España, una cifra pequeña en relación con los 18,81 millones de hogares (0,14%) pero que sitúa en el entorno de las 75.000 el número de personas que carecen de abastecimiento, un dato al que hay que añadirle otro como el de los 1,19 millones de viviendas principales, el 6,32% del total, reciben el suministro “por abastecimiento privado o particular del edificio” en lugar de hacerlo desde redes públicas.

La suma de ambas cantidades, 1,2 millones, resulta asombrosamente similar a los censos de Cantabria, Asturias o Aragón y ayuda a hacerse una idea más aproximada del grado de cumplimiento de ese derecho humano al acceso al agua que muestran la práctica totalidad de las administraciones españolas.

Muchas de esas situaciones de escasez y de dificultad para el acceso al agua se están viendo intensificadas como consecuencia de la situación de sequía meteorológica (falta de lluvia y de nieve) y/o hidráulica (pocas reservas embalsadas) que se está dando en buena parte de España, con mayor potencia en las cuencas del litoral mediterráneo y, dentro de estas, en Cataluña y Andalucía.

En la primera de ellas, las directrices de la Generalitat limitan el suministro urbano a 200 litros por habitante y día en los municipios declarados en situación de emergencia, aunque la dotación personal resulta netamente inferior al incluir en el cálculo los usos productivos. Y no hay ningún precepto que garantice el acceso a cien litros diarios a cada ciudadano catalán.

En Andalucía las restricciones que han ido estableciendo los Comités de Sequía en los que la Junta ha delegado esas decisiones se han movido en una horquilla de los 160 a los 200 litros diarios por habitante, aunque con las mismas lagunas que en Cataluña.

Esa inconcreción resulta especialmente llamativa en el caso de Andalucía al tratarse de la única comunidad autónoma española que ha legislado sobre la aplicación del derecho humano a un cupo mínimo diario de agua.

La disposición final cuarta de la Ley de Medidas contra el Cambio Climático modificó en 2018 la Ley de Aguas de Andalucía para amparar “la garantía y protección del derecho humano al agua entendido como el acceso universal, de carácter domiciliario y a un precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para atender las necesidades básicas, así como al saneamiento”.

“Las condiciones de prestación y acceso al derecho humano al agua, concebido como mínimo vital, serán objeto de desarrollo reglamentario en la disposición administrativa de carácter general que contemple las relaciones entre las entidades que prestan los distintos servicios que componen el ciclo integral del agua de uso urbano y los usuarios de los mismos”, continuaba el texto, que añadía que “las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social que acrediten dicha condición (…) podrán ser objeto de bonificación al suministro mínimo vital de agua y al saneamiento básico en los términos que reglamentariamente se determinen”.

La laguna, en este caso, se encuentra en la inexistencia, seis años después, de esos reglamentos, para cuyo desarrollo quedaba facultado el Consejo de Gobierno de la Junta.

“Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un ‘mínimo vital’ de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo”, explica Luis Babiano, gerente de Aeopas, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de agua, quien destaca que el ejecutivo autonómico “aún no ha dado ningún paso para llevarlo a la práctica”.

Varios ayuntamientos andaluces como el de Medina Sidonia, pionero ya desde 2014 en garantizar el suministro de un ‘mínimo vital’ de cien litros diarios de agua por miembro a las familias sin recursos, y otros de las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, llevan años sacándoles los colores en este ámbito al resto de las administraciones del país, algo que también llevan tiempo haciendo los barceloneses de El Prat de Llobregat y Tarrasa.

Más de 200 familias en situación de vulnerabilidad acceden diariamente y de manera gratuita a un suministro diario de cien litros por persona de Medinaglobal, la empresa municipal encargada del ciclo del agua, que aplica los baremos que previamente elaboran los servicios sociales comunitarios y que “se hace cargo del gasto a través de un fondo de solidaridad, con la premisa de que nunca puede cortar el agua a un usuario de primera vivienda”, explica el gerente de Aeopas.

Otros 689 hogares se benefician del mínimo vital en la red de Aguas de Córdoba (Emproacsa), la empresa pública de la Diputación que abastece a 52 municipios de esa provincia. El número de beneficiarios se ha multiplicado casi por siete desde 2017, cuando la medida llegó a 107 en los primeros meses de aplicación. “Sigue siendo una cantidad muy asumible para la empresa, ya que sólo debe bonificar el 0,81% de todos los suministros domésticos que abastece”, anota Babiano.

“El suministro de agua es un servicio que requiere inversiones y por eso hay que trasladar sus costes, pero esto no es contradictorio con el reconocimiento de asequibilidad y accesibilidad que todas las personas debemos tener garantizada por ley”, destaca Babiano, quien recuerda cómo “la pandemia evidenció que el agua está estrechamente relacionada por la salud y debemos protegerla”.