Lucha europea contra la deforestación: la mirada latinoamericana

Existe una clara relación entre el consumo de los países europeos -especialmente de soja y carne vacuna- y varios de los principales frentes de deforestación identificados mundialmente, incluyendo el Cerrado y el Amazonas, en Brasil, y el Gran Chaco, en Argentina y Paraguay. Varios informes muestran cómo el consumo de productos agrícolas en el Reino Unido y en la Unión Europea (EU) están contribuyendo a la destrucción de bosques y otros ecosistemas naturales, incluidos pastizales y humedales e impactando de manera negativa sobre las comunidades locales.

Por esta razón, la Unión Europea aprobó recientemente una nueva ley que busca garantizar que los productos importados a la región no hayan sido producidos en tierras deforestadas. Esta regulación es la primera en el mundo que aborda la deforestación global y reducirá significativamente la huella de la UE en la naturaleza. Además, establecerá estrictas normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que desean colocar productos relevantes en el mercado europeo o exportarlos.

Tras este primer acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que adoptar formalmente el nuevo reglamento y, una vez que entre en vigor, los operadores y comerciantes tendrán 18 meses para implementar las nuevas reglas. Las micro y pequeñas empresas gozarán de un mayor período de adaptación, así como de otras disposiciones específicas.

“La nueva reglamentación es un hito en el compromiso por garantizar el fin de la deforestación global. Esta nueva ley impulsa a cambiar las políticas y los mecanismos actuales para alcanzar un sistema de trazabilidad que nos permita detener la deforestación y degradación forestal por las actividades productivas. El momento de hacerlo es ahora y el camino es claro: redefinir los modelos productivos y contar con sistemas confiables de monitoreo, que contribuyan eficazmente a la conservación de los bosques y ecosistemas naturales y que reduzcan los impactos socioambientales negativos de la actividad agropecuaria en nuestro país”, afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

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Por otro lado, al ser consultados sobre la nueva legislación, desde la Sociedad Rural Argentina señalan que en la organización tienen la mirada puesta en incentivos (“zanahorias”) y no en prohibiciones o impuestos (“garrote”) para poder solucionar el aumento de la temperatura global. “La Unión Europea está decidida a impulsar sus iniciativas de acción climática siguiendo el lineamiento del ‘garrote’. Con prohibiciones e impuestos pretende influir sobre el comercio multilateral de los países y pasar por encima de la libre determinación de los pueblos, de la soberanía nacional de los recursos naturales y de las leyes locales, aduciendo que debemos cuidar la casa común y que el calentamiento global hay que combatirlo de manera inmediata”, expresa Andrés Costamagna, referente de la Comisión de Sostenibilidad y Agricultura Familiar de la Sociedad Rural Argentina.

“Tanto la iniciativa deforestación cero como la del carbono de frontera implican prohibiciones de un continente que tiene resuelta su economía y que insiste en no hacerse responsable por el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero que provocó su desarrollo, que intentan generar barreras pararancelarias comerciales como medidas de castigo o adoctrinamiento a los países que tienen en su territorio recursos naturales aún no explotados”, añade Costamagna.

La regulación significa un desafío para el sector agroexportador latinoamericano y genera la necesidad de redefinir sus modos de producción para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones.

Para resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza es necesario, por un lado, transformar los actuales sistemas alimentarios a gran escala para lograr que sean compatibles con la alimentación de una población global en crecimiento, con el mantenimiento de los servicios que brindan los ecosistemas y con la conservación de la biodiversidad. Y, por otro, es imprescindible contar con información que permita diferenciar aquellos productos provenientes de un manejo sustentable de los que provienen de sistemas de producción con alto impacto socioambiental.

“Las nuevas tendencias sobre el consumo responsable y las exigencias tanto de los consumidores como de ciertos mercados empujan a los productores, las empresas y marcas globales a incluir nuevos lineamientos en materia de sostenibilidad. Por eso resulta necesario sumar la trazabilidad ambiental a los productos para asegurar que toda la cadena productiva sea libre de deforestación y conversión de ambientes naturales, es decir, que no se hayan realizado desmontes ni se hayan transformado áreas naturales en ninguna de las etapas del proceso de producción, industrialización y distribución”, señala Jaramillo.

“Desde Vida Silvestre venimos trabajando con varios sectores para lograr que las exportaciones de carne vacuna en Argentina sean libres de deforestación y conversión. En ese sentido, hemos avanzado con la provincia de Santa Fe en la construcción de un sistema de trazabilidad para asegurar carne y cuero vacuno libre de deforestación o conversión de ambientes naturales en el territorio provincial y garantizar que todo el proceso de producción sea bajo estándares de cuidados ambientales. Consideramos que esta experiencia puede ampliarse al resto del país”, agrega.

Algunas iniciativas que se han adoptado

Desde 2021, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay han implementado 30 proyectos de ganadería sostenible con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estas iniciativas han demostrado que prácticas amigables con el medio ambiente, como el cuidado de los pastos y el manejo de residuos y de desechos, permiten aumentar la rentabilidad y la producción y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo.

Aunque el sector ganadero de América Latina y el Caribe aporta solo entre el 2 y 3 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero emitidas por la región, su manejo sostenible es clave para enfrentar el impacto del cambio climático, disminuir la deforestación, cuidar los recursos naturales y ampliar las oportunidades de miles de pequeños productores.

En Uruguay, la FAO apoyó a más de 60 familias en incorporar tecnología e innovación para implementar buenas prácticas de pastoreo, gracias a las cuales han aumentado el secuestro de carbono y mejorado la salud del suelo y la calidad del agua. Pese a la sequía que ha vivido ese país en los dos últimos años, algunas de las familias involucradas en el proyecto apoyado por la FAO aumentaron en un 50 % sus ingresos netos y el país cuenta con datos para desarrollar una estrategia nacional de ganadería climáticamente inteligente.

En Argentina, la FAO apoyó un proyecto de ganadería baja en emisiones que permitió que ganaderos de Corrientes aumentaran en 74 % su producción de carne, reduciendo en 21 % la intensidad de sus emisiones.

En Ecuador, el proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente trabajó con más de mil ganaderos de siete provincias del país, logrando un incremento en la producción de leche y carne, con un aumento del 16 % en los ingresos y una disminución de 75.000 toneladas (26%) de emisiones de gases de efecto invernadero, a través de la mejora de 40.000 hectáreas de suelo que fueron intervenidas.

Costa Rica también ha logrado grandes resultados gracias a la ganadería sostenible: desde que el país adoptó la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) Ganadería -que inició proyecto un piloto en 2014 y tuvo el primer escalamiento en 2018-, el número total de ganado creció 25 %, pero sin aumentar el área de pastoreo, probando que es posible realizar una intensificación sostenible de la actividad. Hoy, se estima que la iniciativa ya ha alcanzado a 1.800 fincas.

“La evidencia proveniente de múltiples países de la región nos está demostrando que la gestión ganadera sostenible, resiliente, inclusiva y baja en emisiones es perfectamente factible” explica Andrés Costamagna.