Las diócesis como entornos protectores y de buen trato para la infancia

Sobre esta cuestión ya han venido trabajando algunas diócesis españolas a través de protocolos y otras herramientas, entre las que cabe resaltar la formación y concienciación de todos los agentes clave.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el objetivo esencial es evitar que dichos casos ocurran, por lo que también resulta preciso poner el foco en la prevención y en la sensibilización.

La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece la obligación de proteger a los niños y las niñas, y este marco ha sido desarrollado en España por la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (comúnmente conocida como LOPIVI).

Esta ley supone un hito y marca las líneas clave que tienen que ponerse en marcha en todos los ámbitos de la vida de los niños y las niñas, con especial énfasis en la prevención.

Para garantizar la protección a la infancia, las diócesis deberían de contar con una Política de protección y buen trato o de entorno seguro (la denominación puede variar) que, de ser posible, se construya de manera participativa y consensuada, sea el marco que guíe la prevención de todo tipo de violencia contra la infancia (no solo la que se concreta en el abuso sexual), y marque las pautas de actuación correctas ante posibles casos.

Esta política se habrá de firmar por las personas que tengan una relación laboral o de voluntariado con la diócesis, y, en cualquier caso, debe de ser accesible. Para garantizar la accesibilidad al documento, este debe de publicarse en la web y difundirse, pero también es importante que sea adaptado a un lenguaje comprensible para los niños, las niñas y sus familias.

A continuación, se enumeran ciertos instrumentos que estructuran el sistema de buen trato y son esenciales para la implementación de la política:

• Declaración institucional, reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos que se derivan de su dignidad humana, mostrando el rechazo hacia cualquier tipo de violencia contra la infancia y la intención de la diócesis de trabajar para prevenirla.
• Los códigos de conducta tienen una gran importancia preventiva, ya que marcan los comportamientos esperados de las personas que están en contacto con niños y niñas, los que deben promoverse y aquellos comportamientos que no están permitidos.
• Reporte y respuesta:
  • Existencia de canales de información y comunicación para que cualquier persona que tenga una duda en materia de protección a la infancia o que tenga sospecha o evidencia de un caso sepa cómo y dónde puede comunicarlo a través de canales accesibles, tanto internos como externos. Para garantizar dicha accesibilidad a las personas menores de 18 años o a las personas vulnerables se debe de contar con canales adaptados a su edad o a sus necesidades.
  • Los protocolos de actuación han de ser sencillos y claros, para que los miembros de la diócesis puedan aplicarlos con facilidad. Deben recoger las actuaciones para la detección precoz y los pasos a seguir ante posibles situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia.Asimismo, deben incorporar una plantilla que permita sistematizar la información de los casos detectados para mantener un registro que facilite el seguimiento. En todo caso, han de ceñirse a lo dispuesto en la legislación civil, tal y como ha señalado el Papa.

• Estructura/Persona referente en protección a la infancia. Para garantizar la implementación de la política, es importante designar responsables y las funciones que tendrán atribuidas.Habrá de nombrarse a una persona/comisión referente en prevención de violencia y promoción del buen trato, que asimismo estará formada y capacitada para recibir las comunicaciones que lleguen a la diócesis y de canalizarlas como sea oportuno.

• Evaluación de riesgos (mapa de riesgos), para analizar los posibles riesgos a los que pueden estar expuestos los niños y niñas de la diócesis atendiendo a las diferentes actividades que se desarrollan, y enumerar una serie de medidas para mitigarlos.
• Selección del personal:
  • Cumpliendo con el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, se requerirá el Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales a todas las personas que entren en contacto con niños, niñas o adolescentes.
  • Sería óptimo que la diócesis comprobase antecedentes y revisase referencias de sacerdotes, seminaristas, trabajadores, colaboradores y voluntarios. En el caso de sacerdotes y seminaristas, dicha revisión de referencias tiene sentido que se haga en la fase de discernimiento vocacional (previa a la admisión a las órdenes) o en el caso de que se incorporen desde otra diócesis o destino. Cualquier persona que se incorpore a la diócesis deberá firmar la política y tener una formación de bienvenida.

• Sensibilización y plan formativo para todo el personal en contacto con niños, niñas y adolescentes y también para los niños. Participación infantil: los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados, por lo que las diócesis tienen que tener en cuenta las opiniones de las personas menores de edad, tanto al articular las herramientas de protección a la infancia, como al tomar otras decisiones que les afecten.Los niños y niñas son agentes clave en la prevención, detección y respuesta temprana ante posibles casos de violencia, así como para poder llevar a cabo de forma autónoma comunicaciones al respecto.

La política debe ser revisada en intervalos regulares con el fin de valorar su eficacia, introduciendo las modificaciones que sean oportunas e integrando la retroalimentación de las personas sobre las que aplica. Así, se abordan los fallos de implementación detectados, las lagunas y áreas de trabajo que requieren una atención especial y se mitigan nuevos riesgos que puedan detectarse.

Los resultados de la evaluación deberán hacerse públicos para promover la transparencia.

La protección a la infancia es una responsabilidad ética, moral y legal que debe ser compartida por todos nosotros como miembros de una comunidad que va más allá de la diócesis y que promueve el reconocimiento del otro a través de su dignidad.