Cumplimiento de los derechos humanos, ¿en qué deben fijarse los inversores?

La anterior es una de las conclusiones a la que llega la International Federation for Human Rights (FIDH) en su informe From policies to impacts: analysing modern slavery risks in portfolio companies, y en el que también ofrece a los inversores herramientas para identificar y abordar los riesgos de los derechos humanos, incluidos los riesgos de la esclavitud moderna en sus carteras de inversión.

Tras la progresiva legalización de las normas internacionales de soft law sobre empresas y derechos humanos, para la FIDH la ‘S’ de ESG (siglas en inglés de medio ambiente, social y gobernanza) ya no es un criterio opcional que los inversores pueden incluir en su proceso de toma de decisiones, sino que se está convirtiendo en parte de su deber normativo de respetar esos derechos.

Como parte de la iniciativa Moving the market, la FIDH ha revisado su anterior metodología de análisis de los derechos humanos para incluir herramientas de rendimiento que puedan facilitar la evaluación de la esclavitud moderna y ha utilizado esta metodología actualizada para analizar una lista de empresas de cuatro sectores: turismo, construcción, alimentación y bebidas, y textil y calzado.

Las conclusiones de esa evaluación se presentan en el informe incluyendo una descripción específica de los resultados por sector, centrándose en la esclavitud moderna, junto con la identificación de áreas de riesgo transversales que se relacionan con algunas de las causas fundamentales de esta.

Discrepancias entre lo ideal y la realidad

El análisis sectorial realizado en el informe de la FIDH muestra que sigue existiendo una gran brecha entre las políticas y prácticas de derechos humanos de las empresas y el impacto sobre los titulares de los derechos sobre el terreno.

Para rectificar estas discrepancias, los indicadores sociales y de derechos humanos utilizados por los inversores al analizar las empresas de sus carteras no deberían evaluar exclusivamente si las empresas tienen políticas, códigos de conducta de los proveedores y otros compromisos en esa materia. Los inversores deben encargarse de evaluar la congruencia de las políticas y las prácticas.

El informe también muestra que el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos llevan a cabo documentando, defendiendo y litigando contra las empresas por los abusos que se producen en sus operaciones y cadenas de suministro, desempeña un papel fundamental de vigilancia y hace que las empresas pongan en marcha políticas, programas y procesos específicos para prevenir y mitigar los impactos sobre el terreno.

Sectores bajo el microscopio de los inversores

El informe del FIDH analiza cuatro sectores concretos en busca de discrepancias entre los compromisos establecidos y la situación real que se da en ellos.

Por lo que respecta al sector turístico, en la actualidad muchas empresas incluyen un compromiso con respecto al trabajo forzoso y la trata de personas en sus códigos de ética y políticas de derechos humanos, pero son pocas las que cuentan con políticas específicas sobre la esclavitud moderna.

Otro problema detectado es la falta de esfuerzos para trazar un mapa de las cadenas de suministro, los contratistas, los socios comerciales y las agencias de empleo y contratación, junto con una total falta de transparencia en torno a este tema. A lo anterior hay que sumar la escasa protección de los derechos de negociación colectiva y libertad de asociación.

En el sector de la construcción el informe pone de relieve que, desde que se concedió a Qatar la Copa del Mundo de 2022, han muerto ya 6.500 trabajadores inmigrantes en la realización de obras e infraestructuras para el evento.

En ese sector, los abusos de los derechos humanos más frecuentes son la violación de los derechos de los miembros de los sindicatos, las condiciones laborales precarias en las operaciones de las empresas y sus filiales, los derechos de las comunidades locales y

poblaciones indígenas (incluyendo las violaciones del derecho a la tierra, a la alimentación y al agua, y al desarrollo), y la existencia de centros penitenciarios y de detención en los que se somete a las personas a condiciones crueles y degradantes.

Por su parte, el sector de la alimentación y las bebidas es conocido por las graves violaciones de los derechos humanos que se producen en sus cadenas de suministro, entre las que se encuentran el trabajo infantil en las explotaciones de cacao, el trabajo forzoso en la industria pesquera y el acaparamiento de tierras en la cadena de suministro del azúcar.

Por último, pero no menos importante, está el sector textil y del calzado, en el que el informe subraya que las limitaciones de las auditorías sociales en el sector textil son bien conocidas, y la FIDH las ha señalado constantemente, siendo la esclavitud moderna el principal problema en esa industria.

En ese aspecto, pocas empresas informan de otro tipo de acciones centradas en abordar las causas profundas de esa esclavitud, como por ejemplo prohibir el abastecimiento de determinadas materias primas procedentes de países con un alto riesgo de trabajo forzoso; analizar sus propias prácticas de compra para comprender cómo afectan a las normas laborales de los proveedores; identificar los costes laborales en los contratos con los proveedores; establecer objetivos de trazabilidad vinculados a los compromisos en materia de derechos humanos, o crear programas de divulgación para relacionarse con los niveles inferiores de la cadena de suministro, entre otros.

Recomendaciones para los inversores

Para que los inversores puedan analizar las discrepancias entre las políticas de las empresas y las prácticas e impactos sobre el terreno, la FIDH ha identificado una lista de áreas transversales a las que los inversores deberían prestar atención, al analizar cómo las empresas de sus carteras abordan los riesgos de la esclavitud moderna.

En primer lugar, los inversores deben analizar la ubicación de las operaciones y los proveedores de las empresas, para identificar los países de alto riesgo (por ejemplo, países en conflicto, países con leyes laborales débiles o represión de los sindicatos) y compararlos con la aplicabilidad de los compromisos de derechos humanos de las empresas y la eficacia de los procesos de diligencia debida en esa área.

También deben examinar si las empresas de sus carteras están trazando sus cadenas de suministro rastreando las materias primas y divulgando estos datos, y buscar información que muestre cómo las empresas están previniendo y mitigando los riesgos del trabajo forzoso a lo largo de la cadena de suministro, empezando por las políticas que se aplican en cascada a los niveles inferiores de las cadenas de suministro y los procesos, para comprobar si los proveedores cumplen con este requisito y cómo lo hacen.

El examen acerca de si las empresas reflexionan sobre sus propias prácticas de compra y procedimientos empresariales, y cómo afectan a los derechos laborales a través de la cadena de suministro también es muy necesario junto con la comprobación de si las empresas han tomado medidas para modificar estas prácticas.

Otra comprobación a realizar por parte de los inversores es si las empresas de sus carteras se comprometen de forma significativa con los titulares de derechos, las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan sobre el terreno y los que se oponen a las operaciones de las empresas, durante sus evaluaciones del riesgo para los derechos humanos y los procesos de diligencia debida esa materia.

Finally, it highlights the need to look for indicators that show not only commitments, but also how companies have applied policies and practices on the ground to ensure the effectiveness of those commitments, especially if contracting is cross-border.