En 2011, 33 de las empresas que forman el IBEX 35 tenían presencia en territorios considerados como paraísos fiscales, cuyas actividades no están relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera o sociedades holding.
Esto supone que el 94% de las empresas del selectivo poseen sociedades en estos territorios, un 8% más que en 2010. Estas son algunas de las conclusiones del informe La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, que ha presentado el Observatorio de la RSC.
El documento destaca, también, la escasa información que las empresas proporcionan en sus memorias anuales y que esta ha disminuido levemente en 2011.
«Más allá de que se trata de un retroceso cuantitativamente mínimo, tiene una importancia enorme en un contexto como el actual, en el que la ciudadanía reclama y espera una mayor transparencia por parte de las corporaciones y la administración, tal y como se ha puesto en evidencia en el Eurobarómetro publicado recientemente por la Comisión Europea», afirma Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio.
De la evaluación se desprende que ninguna empresa del IBEX 35 cuenta con una política fiscal accesible a todas las partes interesadas, que incluya los criterios para aprobar operaciones e inversiones en paraísos fiscales y ninguna informa sobre los impuestos que paga ni los beneficios que recibe en cada uno de los países en los que opera y tributa.
Las empresas del IBEX 35 apenas han avanzado en el enfoque de «diligencia debida» (proceso de evaluación del impacto real y potencial que la empresa haya provocado o pueda contribuir a provocar en los derechos humanos, así como la forma en que hace frente a las consecuencias negativas). En este apartado, apenas el 10% de las empresas del IBEX 35 realizan evaluaciones sobre riesgos e impactos de sus actuaciones.
En 2011, solo tres empresas informaron sobre el impacto de sus actuaciones sobre el medio ambiente de forma cuantificada y valorada. Pero en casi todas se evidencia una información incompleta sobre el impacto que producen y, en general, se opta por minimizar e infravalorar el mismo.
En lo que respecta a los derechos laborales, tan solo cinco empresas tienen un compromiso expreso con la protección de los derechos de los trabajadores en países que no apliquen en su totalidad las normas internacionales relativas a la libertad de asociación, sindicación y negociación colectiva y solo dos de las 35 dan información por países del porcentaje de empleados afiliados a sindicatos y cubiertos por convenios colectivos.
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