Empresas y democracia: la hora de levantar la voz

La evolución de la ciudadanía corporativa debe transitar, por tanto, de la mera contribución económica al bienestar social a la participación activa en el debate público. Las empresas no pueden limitarse a pagar impuestos y hacer donaciones: deben ser actores visibles en la defensa de la legalidad, la independencia institucional y la pluralidad democrática.

La realidad reciente en España nos ofrece ejemplos preocupantes de injerencia política en el ámbito empresarial, ante los que la reacción del sector privado ha sido, en demasiadas ocasiones, silenciosa o, en todo caso, muy tibia. El primer caso relevante fue el ataque a Ferrovial cuando decidió trasladar su sede a los Países Bajos: aunque la decisión fue adoptada por el consejo de administración de la empresa, y avalada posteriormente por la inmensa mayoría de los accionistas, se produjo un ataque indiscriminado a la empresa desde el ámbito político y mediático, con acusaciones de falta de patriotismo, de buscar una jurisdicción fiscal más favorable y ataques a la reputación de su presidente. Muy pocos líderes empresariales optaron por pronunciarse, dejando a la compañía aislada frente a la crítica pública.

Más tarde, la destitución de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica y el nombramiento de Marc Murtra, en un proceso marcado por la injerencia política, tampoco suscitó una respuesta firme del sector. El intento de controlar el Grupo Prisa por parte de consejeros afines al gobierno, y la invención de una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Sabadell —una iniciativa no prevista en la legislación y que pone en entredicho la independencia de la CNMC—, son otros ejemplos de pasividad empresarial ante la injerencia política, una actitud que puede contribuir a erosionar la confianza pública en la defensa de los valores democráticos y la seguridad jurídica.

Por eso, en la Fundación Haz hemos incorporado a nuestros estándares la exigencia de que las empresas entren en el debate público y fijen posiciones claras. Nos ha resultado alentador comprobar que algunas compañías, como Repsol y Endesa, han comenzado a responder a este llamamiento en el ámbito fiscal, asumiendo el riesgo de posicionarse públicamente sobre su contribución tributaria y participando activamente en la discusión sobre fiscalidad empresarial. De este modo, participan en la escena pública dando su opinión sobre la fiscalidad responsable. especialmente en un contexto en el que proliferan discursos simplistas y populistas.

El liderazgo empresarial tiene un peso significativo en la sociedad. Las compañías generan empleo, impulsan la innovación y contribuyen al desarrollo económico, pero también son referentes éticos y morales para sus empleados, clientes y comunidades. Callar ante la injusticia o la erosión de los principios democráticos es renunciar a esa responsabilidad. Pronunciarse públicamente puede conllevar riesgos, generar incomodidad, críticas o incluso represalias. Pero la historia nos enseña que el progreso social y la defensa de la democracia siempre han requerido coraje.

Hoy, más que nunca, necesitamos líderes empresariales que no se escondan tras una falsa prudencia, sino que asuman el reto de ser agentes activos en la construcción y protección de una sociedad libre, plural y justa. Levantar la voz no es solo un derecho; en estos tiempos, es un deber ineludible.