Sobre la destitución de Álvarez-Pallete y el futuro de Telefónica

Se trata de una decisión opaca, prepotente e impúdica que contribuye a reforzar la sensación de impotencia y perplejidad de una sociedad que asiste inerme a los juegos de poder e influencia de una camarilla de políticos y empresarios que toman las decisiones en una mesa camilla sin controles y contrapesos de ningún tipo. Decisiones cuyo único fundamento parece basarse en un intercambio interminable de favores y privilegios inconfesables.

Se trata de una decisión opaca porque su oportunidad y motivos reales son desconocidos para la mayoría de sus accionistas, empleados y clientes, con la excepción de los tres accionistas mayoritarios (Gobierno, CriteriaCaixa y el Fondo Soberano Saudí) cuyas razones no han revelado, probablemente, porque resulten vergonzantes. ¿Por qué esta decisión a comienzo de año cuándo la última Junta de accionistas de Telefónica aprobó con una mayoría histórica superior al 99%, la gestión y el futuro plan de la compañía?  ¿Qué hechos justifican esta decisión tan súbita y oligárquica?

Es prepotente, porque la decisión se ha tomado sin consultar previamente al consejo y la correspondiente comisión de nombramientos. Se justifica afirmando que ha contado con el apoyo de los principales accionistas, que no han resistido la presión de la Moncloa o han recibido a cambio la promesa de compensarlos de alguna manera.  Se ha tomado con absoluto desprecio de los procedimientos y prácticas de buen gobierno más elementales, que aconsejan proceder a la sustitución del primer ejecutivo siguiendo unas normas que garanticen que el proceso del saliente y del entrante se lleven a cabo ordenadamente y como fruto de una reflexión serena y objetiva.

Es impúdica porque el destino del presidente de una de las mayores empresas cotizadas del país se ha decidido y comunicado intempestivamente al afectado en la sede del Director de la Oficina de Asuntos Económicos dependiente del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

De todos los despropósitos esta falta de recato constituye, sin duda, el principal agravante, pues refrenda la percepción generalizada de que “todo vale” mientras uno cuente con los votos suficientes, sin importar las formas y procedimientos que, por cierto, son el garante del buen gobierno en las empresas y de la política con mayúsculas.

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Teniendo en cuenta estos antecedentes, los temores y reservas que surgen en relación con el futuro uso de la compañía para fines políticos resultan totalmente justificados. ¿Se tomarán las decisiones de inversión publicitaria en los medios de comunicación teniendo en cuenta la línea editorial cercana al Gobierno? ¿Qué garantías tendremos sobre la protección de privacidad de nuestros datos y llamadas? ¿Colaborará la empresa con la justicia cuando le soliciten información sobre llamadas que pueden ser constitutivas de un delito y afectar a alguno de los integrantes del gobierno?

Resulta muy razonable que los accionistas de Telefónica, a la vista de esta situación, se planteen si no ha llegado el momento de vender e invertir en otra compañía que tenga un futuro más transparente, independiente y prometedor. Nuestra recomendación es clara: No espere más, ¡venda!