Lo cortés no quita lo valiente: nuevas exigencias para un debate fiscal a la altura

Ese recorrido ha tenido un impacto visible. Hoy es habitual encontrar políticas fiscales publicadas, información país por país, referencias a códigos de buenas prácticas tributarias y una gobernanza fiscal mucho más robusta que la que existía hace una década. La transparencia fiscal ha dejado de ser una rareza para convertirse, al menos entre las grandes cotizadas, en una expectativa básica. Sin embargo, el contexto ha cambiado y el listón también debe hacerlo.

Con la edición de 2026 hemos revisado en profundidad nuestro estándar de transparencia y responsabilidad fiscal. El nuevo marco incorpora las mejores prácticas internacionales, refuerza la dimensión de gobernanza y gestión del riesgo y mantiene la lógica de evaluación por indicadores. Pero introduce, además, un matiz que consideramos esencial: la empresa no solo debe informar bien, también debe participar responsablemente en el debate público sobre fiscalidad. Por eso, uno de los cambios más significativos se concentra en el área 8, dedicada a la relación con los grupos de interés y al posicionamiento público. Ahí es donde pedimos a las empresas que den un paso más y pasen de ser meros sujetos pasivos del debate a ejercer como auténticos “ciudadanos corporativos responsables”.

El nuevo estándar reconoce dos planos complementarios. Por un lado, la empresa ha de demostrar que cuenta con canales y mecanismos de diálogo para escuchar las preocupaciones fiscales de sus grupos de interés: empleados, inversores, clientes, comunidades, organizaciones de la sociedad civil o reguladores. No basta con declarar genéricamente que se mantiene “un diálogo abierto”; se trata de explicar cómo se recogen esas inquietudes, en qué espacios se discuten y de qué modo se incorporan a la gestión de la responsabilidad fiscal. En este ámbito también se analiza la participación de la empresa en foros, asociaciones e iniciativas colectivas en las que se abordan cuestiones de fiscalidad y transparencia. La presencia en estos espacios no es un fin en sí mismo, pero sí un indicador relevante de hasta qué punto la empresa está dispuesta a contrastar sus prácticas y sus políticas con otros actores y a someterlas al escrutinio público y sectorial.

Por otro lado, el estándar introduce una exigencia más ambiciosa: que la empresa haga explícito su posicionamiento público en materia de fiscalidad y responsabilidad fiscal. No hablamos solo de afirmar que “se cumplen las obligaciones tributarias” o que “se apuesta por una fiscalidad justa y sostenible”, fórmulas cada vez más presentes en los discursos corporativos. Hablamos de explicar con cierta profundidad qué principios y criterios orientan su visión de un sistema fiscal equilibrado, competitivo y socialmente aceptable; de cómo valora cuestiones como la presión fiscal efectiva que soporta, la seguridad jurídica del marco tributario, la estabilidad normativa o la competencia fiscal entre jurisdicciones; y de qué manera traslada esa posición a la sociedad a través de informes, intervenciones públicas, tribunas, comparecencias o su participación en debates sectoriales.

El objetivo no es que las empresas se conviertan en actores partidistas ni que se alineen con una determinada agenda política. Al contrario, lo que se pretende es que, en un entorno en el que el debate sobre impuestos y fiscalidad está con frecuencia polarizado y atravesado por lo que podríamos llamar “populismo fiscal”, las grandes compañías aporten precisamente aquello de lo que el debate suele carecer: datos, experiencia y argumentos serios. Les pedimos que ayuden a elevar la calidad del debate público sobre fiscalidad, no que lo contaminen con más ruido.

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A lo largo de estos años hemos exigido —y seguiremos exigiendo— a las grandes empresas que sean transparentes, responsables y coherentes. Transparentes, porque deben explicar con claridad qué impuestos pagan, dónde y por qué. Responsables, porque no pueden refugiarse en prácticas de planificación agresiva que erosionan las bases fiscales de los países en los que operan. Coherentes, porque lo que cuentan en sus memorias y en sus informes de sostenibilidad debe corresponderse con lo que realmente hacen en su operativa diaria. Pero lo cortés no quita lo valiente.

Creemos que la responsabilidad fiscal de una empresa no consiste solo en pagar lo que corresponde y rendir cuentas de ello, sino también en expresar sin miedo una opinión razonada cuando entiende que el marco fiscal no es justo, equitativo o seguro. Una empresa que conoce de primera mano el impacto de los cambios normativos sobre la inversión, el empleo o la competitividad tiene no solo el derecho, sino en buena medida la responsabilidad de explicar ese impacto con transparencia y rigor. Señalar, con datos y argumentos, los efectos que puede tener una determinada reforma, defender la necesidad de una mayor seguridad jurídica y estabilidad normativa frente a cambios improvisados o meramente tácticos, o advertir de los riesgos de una competencia fiscal desleal no es incompatible con la responsabilidad fiscal; forma parte de ella.

En este sentido, también sería incompleto el comportamiento de una empresa que cumple de manera ejemplar y que, sin embargo, calla sistemáticamente ante distorsiones evidentes del sistema. Una compañía que no es transparente ni responsable en su contribución fiscal carece de legitimidad para reclamar un entorno más justo o estable. Pero una compañía que cumple, que informa de manera ejemplar y que, además, contribuye abiertamente a un debate fiscal más honesto y fundamentado, está desplegando todo su potencial como actor responsable en la sociedad.

Hablar de la empresa como “ciudadano corporativo responsable” no es un recurso retórico. Es reconocer que las grandes compañías tienen una capacidad de influencia real en el diseño y la aplicación de las políticas fiscales, un conocimiento profundo de cómo impactan esas políticas en la economía real y una responsabilidad de utilizar esa influencia y ese conocimiento de forma abierta, argumentada y transparente, no solo en despachos cerrados. El nuevo estándar de responsabilidad fiscal 2026 intenta reflejar justamente esta doble dimensión: por un lado, medir cómo la empresa escucha y se abre al diálogo con sus grupos de interés en materia fiscal; por otro, valorar cómo da la cara intelectualmente en el debate público, explicando su visión, incluso cuando incluye posiciones críticas, siempre desde el compromiso con la legalidad y con una contribución responsable a las finanzas públicas.

Con el lanzamiento de este nuevo estándar y la próxima edición del sello t de transparente, queremos consolidar dos mensajes. El primero, que las grandes empresas españolas han demostrado que pueden situarse en la vanguardia mundial de la transparencia fiscal si existe un marco claro de exigencia y reconocimiento. El segundo, que el siguiente paso es que sean también referentes en la calidad del debate público sobre fiscalidad. Desde la Fundación Haz seguiremos haciendo lo que venimos haciendo estos doce años: evaluar, comparar, difundir las mejores prácticas y acompañar a las empresas que quieren ir un poco más allá. Porque, en materia de responsabilidad fiscal, ser cortés es ser transparente y responsable, y ser valiente es atreverse a opinar con rigor y sin miedo cuando el marco no está a la altura de lo que una sociedad justa, sostenible y bien informada necesita.