Cinco maneras de incluir la comunicación clara en las políticas públicas

La comunicación clara es una herramienta estratégica que se puede aplicar de manera transversal en todas las fases del ciclo integral de una política pública, desde la formulación de problemas y su posicionamiento en la agenda pública, hasta la evaluación de los planes o programas implementados. Desde esta perspectiva, genera confianza y legitimidad en el Gobierno y las instituciones públicas, mejora la transparencia y fomenta la participación. En este sentido, son frecuentes los ejemplos en los que la comunicación clara se ha desarrollado en el marco de políticas relacionadas con el gobierno abierto.

Como curiosidad, tanto la agenda del gobierno abierto como la del lenguaje claro recibieron un fuerte impulso a nivel mundial gracias a la administración del presidente estadounidense Barack Obama, a pesar de que ambas agendas se venían desarrollando desde años e incluso décadas atrás. Sin embargo, no podemos interpretar esta coincidencia como una mera casualidad, sino más bien al contrario, a una manera de entender la relación entre Administración pública y ciudadanía, fundamentada en la colaboración, la confianza y la eliminación de barreras.

A nivel mundial, los países anglosajones, con Estados Unidos y Reino Unido como principales referentes, y los países nórdicos, con el especial protagonismo de Suecia, han representado la vanguardia a nivel mundial en el desarrollo de políticas públicas orientadas al fomento de la comunicación clara. Estas políticas se han apoyado tanto en textos normativos y directrices gubernamentales que han promovido el uso de lenguaje claro en las comunicaciones administrativas (como la Plain Writing Act de 2010 en Estados Unidos, el plan Plain English en el portal gov.uk, la Ley del Idioma y el posterior desarrollo normativo en Suecia), como en la creación de estructuras estables dentro de las instituciones públicas que fomentan y aseguran la claridad de las leyes y textos administrativos (Plain Swedish Group). Estas estructuras se complementen con iniciativas formativas y divulgativas, así como de colaboración público-privada, que promueven una implementación más eficiente de las políticas públicas diseñadas por los gobiernos.

En estos modelos se inspiran las principales referencias sobre comunicación clara en España, que podemos agrupar en cinco tipos, con un destacable desarrollo a nivel autonómico.

• Referencias legislativas: El lenguaje claro y aspectos de la comunicación clara, como el uso de recursos gráficos, encuentran su lugar en las leyes de transparencia, en referencia a los principios de publicidad activa y la presentación de la información en los portales de transparencia. De una manera más amplia, la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi es uno de los textos normativos más avanzados en comunicación clara en el ámbito estatal. A nivel estatal hay varias referencias al uso de un lenguaje claro y accesible, desde la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas a la Ley 5/2024 del Derecho de Defensa.
• Actos normativos en la esfera del poder ejecutivo: Con especial protagonismo de la Generalitat de Cataluña, podemos citar el conjunto formado por el Acuerdo GOV/29/2024, que impulsa la comunicación clara; el Decreto 76/2020 de administración digital, y el Acuerdo GOV/146/2023, sobre atención ciudadana.

• Estructuras y grupos de trabajo estables: Encontramos varios ejemplos desde perspectivas y momentos distintos. En Euskadi, como respuesta a la necesidad y los problemas de implantar el euskera en la Administración y en el marco jurídico autonómico, se creó en los años 90 el área de Lenguaje Administrativo en el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), que promueve la claridad, divulga y forma al personal público en materia de lenguaje claro, y que sigue activo a día de hoy como una excelente referencia para otras administraciones, compartiendo publicaciones en abierto y un interesante blog. La Región de Murcia creó en 2021 el Grupo de Trabajo para la simplicidad y la claridad, que elaboró su propia guía y estableció relaciones con agentes del tercer sector para el fomento de la lectura fácil. Por su parte, en Cataluña el citado Acuerdo 29/2024 crea el Comité Director de Comunicación Clara, integrado por representantes multidisciplinares de cada Departamento de la Generalitat, y cuyo trabajo está dando grandes frutos.
• Planes y programas: Encontramos dos modelos de presencia de la comunicación clara en planes autonómicos. Por un lado, los que sitúan la claridad como uno de sus ejes, como planes de comunicación institucional o planes de gobierno abierto (Ayuntamiento de Madrid, Navarra, Euskadi, Aragón); y, por otro, los planes o programas de comunicación clara con esta materia como motivo principal (Generalitat Valenciana, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Madrid, Cabildo de Tenerife), que engloban una diversidad de acciones de manera planificada y evaluable, como acciones formativas, sellos de claridad, guías, documentos divulgativos o clarificación de documentos y procedimientos administrativos.

• Acciones específicas: Esta modalidad, menos estructurada, es la que han seguido o partir de la que se ha empezado a trabajar en materia de comunicación clara en muchas administraciones españolas, englobando guías, procesos de clarificación de páginas web o documentos, sistematización de trámites, formación y otras acciones divulgativas. Los ejemplos se pueden encontrar a nivel estatal (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda), a nivel autonómico (Junta de Andalucía, Principado de Asturias), a nivel provincial (Diputación de Castellón, Diputación de Salamanca) o a nivel municipal (Ayuntamientos de Pamplona, Logroño, Barcelona, San Cristóbal de La Laguna o Amorebieta, entre muchos otros).

En general, cabe destacar la colaboración con profesionales expertos, ya sea agentes del tercer sector, del mundo académico o de la empresa privada, que aportan conocimiento, recursos técnicos y herramientas para el aprendizaje del funcionariado, como aspecto clave para asegurar la sostenibilidad de estos proyectos.

Aunque no podemos ignorar que el desarrollo de la comunicación clara ha sido tardío y lento, estos ejemplos suponen un excelente punto de partida. A pesar de ello, estas debilidades ofrecen a la vez muchas oportunidades de mejora, lo que supone un importante reto para las Administraciones públicas, que tienen ante sí una propuesta accesible y transversal para mejorar los servicios públicos y fortalecer el derecho a entender como herramienta para asegurar el ejercicio del resto de derechos.