La universidad española, atrapada en la polémica política

Los informes de transparencia y buen gobierno de la Fundación Haz, publicados durante los últimos doce años, han puesto de manifiesto que tanto las universidades públicas como las privadas tienen importantes áreas de mejora.

Por un lado, las universidades públicas han avanzado notablemente en su compromiso con la transparencia, cumpliendo con las exigencias de la ley y publicando información clave sobre su gestión. Sin embargo, arrastran problemas graves de gobernanza, derivados de la endogamia en la contratación de personal y la falta de un organismo supervisor independiente que garantice una gestión eficiente y orientada a resultados. Este déficit de gobernanza limita su capacidad para adaptarse a los retos del siglo XXI y para competir en un entorno global.

Por otro lado, las universidades privadas destacan por su opacidad, especialmente aquellas gestionadas por sociedades mercantiles, donde la rentabilidad económica tiende a primar sobre otros indicadores relacionados con la misión educativa y social de la universidad. Esta falta de transparencia genera desconfianza y aumenta el riesgo de que estas instituciones se desvíen de su propósito académico, convirtiéndose en “fábricas de títulos” más preocupadas por el beneficio que por la calidad educativa.

Una ley insuficiente y mal aplicada

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, fue una oportunidad perdida para abordar los problemas estructurales de la universidad española. Aunque endureció los requisitos de autorización y supervisión de las universidades privadas, no abordó los problemas de gobernanza de las universidades públicas, perpetuando un modelo que sigue siendo ineficiente y poco competitivo.

Además, la aplicación de la LOSU depende de las comunidades autónomas, que no han hecho lo suficiente para impulsar la transparencia de las universidades privadas ni para garantizar una gobernanza adecuada en las públicas. Este vacío en la implementación de la ley ha dejado al sistema universitario en una situación de parálisis, donde los problemas estructurales persisten y las soluciones reales brillan por su ausencia.

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Una polémica artificial y electoralista

En este contexto, el decreto del Gobierno endureciendo las exigencias para las universidades privadas ha generado una polémica innecesaria y artificial. En lugar de buscar soluciones conjuntas, se ha utilizado este tema como arma política, enfrentando a las universidades públicas y privadas y desviando la atención de los problemas comunes que afectan a ambas.

El discurso del Gobierno, centrado en criticar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, y en defender la universidad pública frente a la privada, tiene un claro carácter electoralista. Muchas de las medidas anunciadas ya estaban recogidas en la LOSU, lo que refuerza la idea de que este decreto busca más un impacto político que una solución práctica.

El verdadero problema: la falta de diálogo

El principal problema de la universidad española no es la coexistencia de modelos públicos y privados, sino la falta de diálogo y coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas. Esta falta de colaboración es el verdadero “cáncer” del sistema universitario, ya que impide la implementación efectiva de las leyes y perpetúa las desigualdades y los problemas estructurales.

Este mismo patrón de falta de coordinación se ha visto en otros ámbitos, como la gestión de la dana, donde la polarización política ha dificultado la respuesta conjunta a emergencias climáticas. En ambos casos, la confrontación entre Administraciones ha prevalecido sobre el interés general, dejando a la ciudadanía y a las instituciones en una situación de vulnerabilidad.

Conclusión: un cambio de enfoque necesario

La universidad española necesita un cambio de enfoque urgente. En lugar de generar polémicas artificiales y utilizar el sistema universitario como arma política, es necesario un compromiso real por parte de todas las Administraciones para abordar los problemas estructurales que afectan tanto a las universidades públicas como a las privadas.

Esto pasa por:

• Crear un organismo supervisor independiente que garantice la buena gobernanza de las universidades públicas.
• Exigir a las comunidades autónomas que ejerzan sus competencias de supervisión sobre las universidades privadas, asegurando su transparencia y calidad.
• Fomentar un diálogo constructivo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, basado en la corresponsabilidad y el interés general.

Solo a través de un enfoque colaborativo y despolitizado será posible garantizar un sistema universitario que esté a la altura de los retos del siglo XXI y que cumpla con su misión de formar a las futuras generaciones y contribuir al progreso social y económico del país.