Las cuatro y diez o las cifras de la deconstrucción de la transparencia

Como todo índice sobre transparencia, corrupción o cuestiones similares, los resultados deben tomarse con cierta cautela y entendiendo bien cómo se obtienen y qué significan. Este índice se elabora a partir de los informes de expertos que elaboran 13 entidades a nivel mundial sobre el estado de las instituciones, los avances legislativos de los Estados y otros ámbitos, siempre referidos al sector público. No es, por tanto, una percepción ciudadana recogida a través de encuestas u otro método. Por ello, es importante entender que los resultados se fundamentan en informes externos con distintas metodologías que evalúan una amplia gama de indicadores. Y, también hay que decirlo, no se trata de instituciones académicas, sino entidades privadas de reconocido prestigio de diversa índole.

Cuatro y diez

Aclarada brevemente la fuente de estos datos, el titular es que España pierde cuatro puntos (de 60 a 56 sobre 100) y diez posiciones (del 36 al 46 sobre 180) respecto a la evaluación anterior. Unas cifras que son resultado de “un marco normativo e institucional débil, ya que no están implementadas todas las medidas para prevenir la corrupción” que ya se han proyectado, en palabras de la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, y que han justificado en buena medida el estancamiento que España ha venido protagonizando en las dos últimas ediciones del IPC.

Entre estas medidas, Bacigalupo señalaba la tardanza en la transposición de directivas europeas, la ausencia de una estrategia nacional anticorrupción (como recoge la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción), o la falta de nombramiento del titular de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (justamente este mes de marzo el Gobierno ha propuesto a Manuel Villoria, precisamente cofundador de Transparencia Internacional España).

En definitiva, a pesar de avanzar en materia legislativa, los cambios clave no terminan de producirse. Una circunstancia que se ha observado tanto en materia de protección de denunciantes de corrupción, como en regulación de lobbies o en la elaboración de un reglamento de desarrollo de la Ley de transparencia, un proyecto repetidamente aparcado, aplazado y recuperado para al final nunca ver la luz. A la transparencia se le hace de noche, comentábamos en este espacio hace ya dos años.

En la presentación del informe del capítulo español de Transparencia Internacional, precisamente Manuel Villoria, como presidente del Consejo Asesor de TI-España, enunciaba otras cuestiones que tienen que ver con la caída de España en el IPC, además de las comentadas por Bacigalupo, como la eliminación de agencias antifraude autonómicas (caso específico de Baleares), o el debilitamiento de otras (caso de la Agencia Valenciana Antifraude). Sobre ello hablamos en El viraje de la transparencia a ninguna parte.

El caso valenciano es especialmente grave, ya que ha pasado de ser tomado como un ejemplo de buenas prácticas a sufrir una reestructuración que se ha visto manifestada especialmente en un éxodo (voluntario y no voluntario) de miembros destacados de su plantilla, o la derogación del Código Ético y la disolución del Comité de Ética de la AVAF, que han sido llevadas a lo contencioso-administrativo por tres organizaciones anticorrupción (la Fundación Hay Derecho, la Fundación por la Justicia y la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción).

También señalaba Villoria el caso de la Comunidad de Madrid, donde el cambio de la Ley de transparencia otorgaba mayor control al ejecutivo madrileño sobre el Consejo de Transparencia regional, de cuya disolución en su formato anterior nos hicimos eco en La dignidad del cargo público y la supervivencia de las instituciones.

La relación de ejemplos que se mencionaron durante la presentación del informe coincide, prácticamente al unísono, con cada uno de los casos y situaciones que hemos venido analizando en esta sección. Creo que solo no han mencionado el caso del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia que, después del esperpento que se formó durante meses para el nombramiento del nuevo titular, previa transmutación de Consejo a Comisionado, dejando por el camino el carácter colegiado del órgano y la participación de múltiples actores, ha entrado en una aparente parálisis temporal.

En definitiva, la deconstrucción de la transparencia está cuantificada, al menos en parte. Y a ello han contribuido diversos actores de distinto signo político. La responsabilidad no es solo del de enfrente. Ni la caída de España como país en este IPC es una muestra de las políticas del Gobierno central, ni el desmantelamiento de los órganos de control autonómicos explica todo el retroceso. Parte y parte, y en la partida pierde quien menos juega, la ciudadanía.

Tendencias y placas tectónicas

Este repaso viene a decir dos cosas: que lo que está pasando ya se llevaba advirtiendo mucho tiempo y por voces diversas, y que lo más probable es que este proceso no haya acabado todavía. No sé si lo peor está por venir, pero lo parece. La política está marcada por las tendencias. Como en el ejemplo de los sondeos preelectorales, que suelen decirnos que lo que muestran es la foto de un momento, lo que realmente importa son las tendencias.

La tendencia iniciada hace más de dos años muestra una línea preocupante, y aunque se atisban algunos rayos de esperanza, como iniciativas innovadoras en parlamento abierto, gobierno de datos, comunicación clara, integridad institucional, o incluso participación ciudadana, la trayectoria de la línea empieza a marcar por algunas zonas la señal de peligro, de freno o incluso retroceso.

Estamos en un momento en que, como le pasó a Aute en aquella cita en el cine que tuvo hace casi setenta años, que cuenta y canta en Las cuatro y diez, no podemos permitirnos ni llegar “hora y media” tarde a nuestro encuentro con el gobierno abierto y la transparencia, ni tirarle piedras a nuestra propia casa. Tendremos el oropel de la IX Cumbre Global de la Open Government Partnership (OGP), en octubre en Vitoria, y puede que los fastos nos hagan creer que todo marcha correctamente, mientras que, por debajo, las placas tectónicas nos mueven hacia atrás.

Hace unos meses decíamos, como aquel personaje que se caía del piso 50 de un rascacielos, que “hasta ahora todo va bien”, que lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Trabajemos por remontar el vuelo, por invertir la tendencia, ya sea por el impulso de la Cumbre o (sería preferible) por otro cambio de viento favorable. Un cambio de viento basado en políticas públicas sólidas y en compromisos realistas y honestos. No es mucho pedir. Y si no lo creen, repasen la hemeroteca, que está llena de promesas, programas y planes.

A mi hermano Fran, por todas las horas que nos quedaron pendientes.