Juntas de accionistas: qué esperar este 2025

Así, desde la llegada de la pandemia, la asistencia y participación virtual en las juntas generales es una cuestión a estudiar a lo largo de los años. En 2024 la mayoría de las empresas del IBEX 35 desarrollan sus juntas en formato híbrido, llegando a representar el 94% de las mismas (97% en la temporada 2023). Por tanto, el IBEX 35, de momento, apuesta decididamente por la modalidad híbrida que se percibe como la opción más inclusiva, ya que permite tanto la asistencia a junta tradicional física como la más novedosa telemática.

No obstante, analizando la práctica del IBEX 35 frente a la de otros mercados internacionales, el formato de junta tiene un seguimiento desigual: la proliferación de las juntas solo virtuales en otros mercados como Alemania, Estados Unidos o Canadá puede propiciar que la situación actual cambie en 2025. Las solo virtuales pueden permitir que las empresas abaraten costes, aunque deben asegurarse de no ocasionar un deterioro de los derechos de los accionistas al participar en la junta, con la posibilidad de sufrir grandes riesgos reputacionales.

Tratando de vislumbrar posibles cuestiones clave para 2025, el cumplimiento de las cuotas obligatorias de diversidad de género será un asunto capital. En este sentido, y de acuerdo a la reciente transposición de la Directiva (UE) 2022/2381 tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2024, es obligatorio disponer en el consejo del 40% de personas del género menos representado en el mismo. Pese a que las empresas aún tienen hasta junio de 2026 para alcanzar dicho umbral, aún un 24% de los consejos de administración del IBEX 35 no lo ha alcanzado.

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En cuanto al rol que las mujeres ocupan es principalmente cargos de consejeras externas independientes, con un 79,5% de los nombramientos bajo esta categoría en el IBEX 35, distribución que contrasta con el promedio general de los consejos, donde esta categoría representa solo el 56%.

Finalmente, uno de los retos que caracterizará a la próxima temporada de juntas, será la integración de CSRD, que establece un nuevo estándar para el reporte de información de sostenibilidad por parte de las empresas. Este se plantea que tenga el mismo rigor y control que el reporte financiero. Para ello se introduce la doble evaluación de materialidad, el reporte basado en los puntos definidos en las Normas Europeas de Información en materia de Sostenibilidad (ESRS por sus siglas en inglés) y su verificación externa. A partir de 2025, las primeras entidades de interés público deberán reportar bajo este nuevo marco. Ello influirá en su perfil de sostenibilidad y la valoración de sus activos, cuestiones que en consecuencia podrían alcanzar a la junta.