Cómo ha cambiado la legislación sobre discapacidad en 50 años

Desde la aprobación de la Constitución Española en 1978, que fue de las primeras en introducir la protección a las personas con discapacidad, han sido varias las normas nacionales e internacionales, convenciones y tratados no vinculantes que se han ratificado en este mismo sentido.

A nivel nacional, destaca la Ley de Integración social de los Minusválidos (Lismi), aprobada en 1982 para fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Esta norma estuvo en vigor hasta 2014, cuando se integró en la Ley General de Discapacidad (LGD) que, promulgada para conseguir la igualdad entre todas las personas, se centra en eliminar las barreras morales, arquitectónicas y prejuiciosas que impiden la plena inclusión social de aquellas con discapacidad.

A nivel internacional, si tenemos que destacar una norma por su alcance e impacto, esa es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006. España ratificó esta norma tan solo un año después, con lo que se comprometió a poner en marcha leyes destinadas a asegurar que las personas con discapacidad disfrutan de sus derechos y acceden sin limitaciones a la educación, la información y el empleo, entre otros.

Así pues, hace apenas dos años, se aprobó en nuestro país la ‘Estrategia española sobre discapacidad 2022-2030 para el acceso, goce y disfrute de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad’, que marca las directrices a seguir en esta materia y que va muy en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en los que la discapacidad ocupa un papel para nada desdeñable, al aparecer en 5 de los 17 objetivos establecidos.

No cabe duda de que, sobre todo en los últimos años, se ha dado un impulso a la igualdad, fomentando no solo la protección de las personas con discapacidad, sino también el pleno disfrute de todos sus derechos en igualdad de condiciones. Y esto es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa, en la que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar sus proyectos vitales de la forma en la que desean.

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Sabemos que para ello es esencial garantizar el acceso a un empleo de calidad, que otorgue la independencia y autonomía necesarias. Y para eso trabajamos en Fundación Randstad: para fomentar el empleo de las personas con discapacidad y ofrecer una formación que les permita llevar sus carreras hacia el ámbito deseado. Solo así lograremos los objetivos que vienen marcando las distintas leyes desde hace décadas y que, sabemos, son imprescindibles para alcanzar la verdadera igualdad.

En el último informe que hemos presentado sobre Palancas globales de apoyo a la integración de las personas con discapacidad, se establece un paralelismo entre los ODS y la legislación que, a su vez, repercute de forma positiva en la calidad del empleo de las personas con discapacidad, tal y como está pautado en el ODS 8. También hace referencia a que dicho empleo debe ser seguro y adaptable, como lo indica el Pilar Europeo; y con unas condiciones de trabajo humanas, como lo establece el objetivo 1 de la Taxonomía Social Europea.

Con esta vinculación entre la legislación y el compromiso de las empresas, se ha demostrado mediante los últimos datos referidos a 2022 que, aunque la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral continúa siendo baja, la cifra total de activos y ocupados con discapacidad es la más alta desde 2015. Esto nos indica que, aunque nos queda mucho por mejorar, contamos con las herramientas y la base legal necesarias para hacerlo. Estamos trabajando en la dirección adecuada.