Ministerio de Cultura, artistas e IA

El decreto es la excusa perfecta para que empresas e instituciones públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, puedan continuar realizando -con total desfachatez- campañas mediante IA generativa en detrimento de los profesionales creativos, personas de carne y hueso, incluso en connivencia con supuestos diseñadores, en muchos casos.

Las licencias no son una medida orientada a remunerar a los autores de manera suficiente y proporcional. Son un instrumento disfrazado de apariencia legal para allanar el camino de los desarrolladores de IA. Se precariza, aún más a los profesionales creativos hasta fagocitarlos por completo en última instancia. Este tipo de prácticas no son nuevas. A lo largo de la historia ha habido organismos -animales, vegetales y, ahora, tecnológicos- que viven a costa de otros de distinta especie, alimentándose de ellos, depauperándolos sin llegar a matarlos.

Los artistas españoles no quieren limosnas. No hay licencia que compense todos los perjuicios que esta tecnología ocasiona a la comunidad artística y a la cultura en su conjunto, impunemente. ¿Dónde quedan los derechos laborales y creativos de los ilustradores? ¿Han consentido fehaciente, inequívoca y conscientemente los autores (legítimos propietarios de sus obras) el uso de sus textos, imágenes, audios o videos para facilitar el entrenamiento de las IA?

Por cierto, los artistas no son los responsables de exigir sus derechos. De la misma manera que opera la presunción de inocencia, es el que acusa el que debe demostrar la culpa del acusado. En este caso, los autores no tienen la responsabilidad de negar el consentimiento. Por el contrario, las empresas son las responsables de justificar que lo han obtenido.

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¿Es posible que la IA vulnere la Ley de Propiedad Intelectual, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea u otras normativas? ¿Es consciente el Ministerio de Cultura de que existen ya demandas en curso contra estas grandes compañías que, en el mejor de los casos, alertan de diferentes sensibilidades que merecen respeto? ¿No debería el Gobierno medir las consecuencias de sus decisiones legislativas en términos de IRO (impacto, riesgo y oportunidades) en cuanto a severidad, si son irremediables y probabilidad de ocurrencia (como así lo exigirá a la empresa privada la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad CSRD)?

Parece ser que la promoción y la garantía de los derechos culturales, la defensa y promoción de la propiedad intelectual, la cooperación cultural con las regiones y la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español son algunas de las encomiendas del ministro Ernest Urtasun Domènech. No se entiende pues que en sus dictámenes abogue por “ventajas competitivas” conquistadas sobre tierra quemada. La estrategia de la IA es perfeccionar sus resultados, llenos de artificiales imágenes deformadas y grotescas, textos incomprensibles o disparatados y sucedáneos de melodías y voces clonadas. El Ministerio de Cultura le pone en bandeja todo el progreso e innovación a la IA a precio de saldo.