Una nueva necesaria mirada hacia la discapacidad

Las entidades sociales, en alianza con instituciones públicas, familias, profesionales y voluntarios, han forjado una alianza sobre los cimientos de la imprescindible participación de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la vida (también en el desarrollo de dichas entidades). Eso sí, es imprescindible distinguir entre las que tiene ánimo de lucro frente a las que no. No es comprensible que algunos puedan llegar a hacer negocio a costa de la discapacidad.

Queda un largo camino que recorrer. La heterogeneidad de la discapacidad inhabilita un modelo economicista de economía de escala (“café con leche para todos”) y demanda otro de atención social centrado en cada persona con resultados, por supuesto, medibles. ¿Y en que unidades reflejar esta contabilidad no financiera? En las que sean conformes con las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad -NEIS- que plantea la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad -CSRD-: cuantitativas y cualitativas, numerarias (monetarias, número de horas, de personas, de actividades…), porcentuales y relativas. Y, por supuesto, en formato XBRL.

Así podremos separar el polvo de la paja y distinguir entre las empresas que solo buscan el beneficio financiero de sus propietarios y las empresas con propósito -en la línea de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), según la disposición adicional décima de la Ley Crea y Crece – que tienen por objetivo, en este caso, incrementar el bienestar de sus usuarios con discapacidad. Con resultados transparentes, demostrables y comparables. Se trata de contrastar qué modelo de atención se adapta mejor a los proyectos de vida de las personas con discapacidad. En este sentido, la Ley de Contratos del Sector Público distingue entre ambos, cosa que, desafortunadamente, no hace la Ley General de Discapacidad.

De cualquier manera, el punto de partida debe ser el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, independientemente de su contexto y condición. Así el foco se centra en desarrollar fortalezas y recursos, aumentando el sentimiento de capacidad de un modo holístico, incluyendo todo el ciclo vital, con resiliencia y flexibilidad ya que, es obvio, que el acompañamiento variará según lo hagan las necesidades personales a lo largo de la vida.

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Sin embargo, estamos sufriendo un proceso de deterioro de la red de recursos y protección hacia la discapacidad que pone en serio peligro la sostenibilidad del modelo social. Los presupuestos de las Administraciones públicas son cicateros y timoratos y se diluyen en otras partidas más ideológicas que sociales. No contemplan la creación, transformación, desarrollo y mantenimiento de los recursos y red de apoyos de las entidades sociales, imprescindibles para dar respuesta a las necesidades reales del colectivo. Por no hablar de su falta de perspectiva y agilidad frente a los costes extraordinarios propiciados por la inflación, agravada por el efecto de la Ley de desindexación y los persistentes sobreesfuerzos provocados por la covid.

¿Recursos para incorporar las nuevas tecnologías como promotoras de derechos para superar la brecha digital y otras externalidades negativas de la digitalización? Brillan por su ausencia. ¿Una estrategia pública de acompañamiento y transparencia para acomodar la normativa y exigencias legales a los nuevos modelos de atención a las personas con discapacidad intelectual? Ni está ni se le espera.

Nos enfrentamos, además, a una crisis de profesionales de apoyos y cuidados, con exiguo reconocimiento social, frustrante precariedad laboral y una sonrojante brecha entre los servicios de gestión directa públicos y los concertados de iniciativa social. Y todo ello, a pesar de sus buenas prácticas profesionales basadas en la ética, el conocimiento, empatía y calidad humana, compromiso personal, dedicación, implicación, exigentes requerimientos profesionales y formación constante.