La dignidad del cargo público y la supervivencia de las instituciones

Si bien el texto del que extraigo esta cita se refiere concretamente a la fundamentación de los derechos humanos, los conceptos que manejan me resultan muy cercanos a la intervención realizada por un cargo público en situación de interinidad cuando apenas se ha cumplido la mitad de su mandato.

Me resulta cercano porque dignidad sería una de las principales palabras que podrían resumir su intervención. Dignidad tanto personal como en función de cargo público cesado contra los propios argumentos que escuchó unos meses antes en la misma sede parlamentaria en la que ha realizado su última intervención.

Decía este cargo que en aquel entonces que “nadie podía prever la necesidad de modificar por completo el sistema de transparencia y fiscalización de las instituciones”, después de las valoraciones tan positivas de los portavoces de los grupos parlamentarios representados, expresadas en la cámara en septiembre del año 2023. Ese mismo noviembre se anunció la intención legislativa de emprender el cambio y en diciembre se aprobó.

También resulta cercano por los valores a los que hace referencia la construcción de la dignidad según Peces-Barba, puesto que varios de ellos fueron convenientemente explicados y vinculados a la transparencia por este cargo interino en sus últimas palabras en el atril.

Decía del Estado liberal que no vive sus mejores momentos, ya que “sus pilares, la libertad, la igualdad y el Estado de derecho, se encuentran amenazados, y ante esta situación reivindicamos la transparencia como un principio absolutamente indispensable y profundamente liberal, pero para ello la transparencia tiene que ser algo tangible, algo que hay que practicar y no solo predicar”.

NOTICIAS RELACIONADAS
– Tardini descubre la relatividad y cómo se aplica a la transparencia
– 2024, gobierno abierto y el complejo de Penélope
– La transparencia baila bachata

La referencia precisamente a la libertad, tan presente y tan frecuentemente mencionada justo en ese Parlamento regional, resonaron con contundencia en la cámara. No sabemos si así fue también en la conciencia de quienes promovieron el cambio legislativo que supone el relevo, no solo en el puesto, sino en el modelo de institución.

Una muerte anunciada

Hablamos de la “conversión” del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (CTPCM) en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos regional. Y el cargo es Rafael Rubio Núñez, consejero del Consejo de Transparencia y Participación a propuesta del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea y presidente por turno rotatorio, como establecía la derogada Ley de Transparencia regional.

En virtud de su cargo fue el encargado de presentar el último informe de actividad del órgano en la Asamblea de Madrid. En sus palabras, “lo presenta el presidente interino de un órgano que ya no existe”. De dicha intervención extraigo esta cita y las anteriores. Merece que la vean, son poco más de quince minutos, y está disponible en la mediateca de la Asamblea.

Las crónicas de muertes anunciadas, por sabidas, no hacen que sean menos tristes. Restan sorpresa por aquello de lo anunciado, y en ese momento se vehicula gran parte de la protesta, pero después apenas queda un, por lo general, inoperante derecho a la pataleta. Aunque esta vez, en parte, no ha sido así. Precisamente por aquello de la dignidad.

Desde noviembre de 2023 sabíamos que el modelo de órgano garante de la transparencia en la Comunidad de Madrid estaba en vías de extinción, y que se certificó su muerte (o su reencarnación en otro órgano, según se quiera ver) con la aprobación en diciembre de la Ley 16/2023 de 27 de diciembre, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid.

Llevamos meses advirtiendo de que, bajo el paraguas de la simplificación y la eficiencia, la transparencia iba a verse afectada. Dicen sus promotores que para mejor, que la ciudadanía se verá beneficiada por el ahorro de trámites y que se ahorrarán costes económicos, pero no coinciden en ese diagnóstico ni los miembros de órganos garantes, que llevan pidiendo recursos desde que se crean los órganos porque son insuficientes, y eso que eran más de los que serán en el futuro (si creemos de verdad que se ahorrarán costes) y oponiéndose con mayor o menor locuacidad a tales reformas; ni los analistas y la sociedad civil, que comparan los aspectos legislativos y constatan que las herramientas para garantizar la transparencia serán menos efectivas; ni la realidad, que constata que los controles son menos estrictos.

Cambio de modelo

Un modelo que venía de una de las leyes más avanzadas en cuanto a exigencia (con un sistema de sanciones por incumplimiento), en el formato y sistema de elección (órgano colegiado de tres miembros a propuesta de los grupos de la cámara y con la necesidad de acuerdo amplio de tres quintas partes de la Asamblea) y duración del órgano (seis años, pasando ampliamente la duración normal de la legislatura ordinaria, no renovables).

De ese diseño, pasamos a un órgano unipersonal (que en sí mismo no es mejor ni peor), a propuesta del Consejo de Gobierno de la Comunidad, por un periodo de cuatro años renovable por otros cuatro (si satisface las expectativas de quien lo nombró, puede renovar) y que necesitará solo la mayoría absoluta en el trámite parlamentario en primera votación, y mayoría simple en segunda votación. Por cierto, este trámite ni siquiera estaba incluido en el proyecto original; se añadió tras la propuesta de la Fundación Civio en el periodo de consulta pública.

Defendía en el pleno del pasado 18 de abril el portavoz del grupo parlamentario popular que el modelo de aunar transparencia y protección de datos se asimila al de otras comunidades, como Andalucía. Cierto. Es un buen modelo en ese sentido puesto que se aborda de una manera integral dos caras de la misma moneda. Sin embargo, olvidó mencionar que el mandato del director del CTPD de Andalucía es por cinco años no renovables o que necesita mayoría absoluta en el Parlamento tras la propuesta por el Consejo de Gobierno.

Asimismo, defendía el portavoz popular que el sistema de sanciones se asemejaba al del Consejo de Transparencia estatal. Cierto. Lo que obvió en su razonamiento es que en la Comunidad de Madrid se aprobó una de las leyes más avanzadas del país y este cambio supone un claro retroceso. En definitiva, salvo el formato unipersonal o colegiado, y la naturaleza de estar configurado como Transparencia y Participación o Transparencia y Protección de Datos (que es opinable), cambia a peor desde el punto de vista de la independencia del órgano.

También se le olvidó que el cambio es parte de un ‘combo’ en el que otros órganos de control también se verán simplificados y mejorados, como la Cámara de Cuentas regional, donde la simplificación afecta también al sistema de elección de sus miembros y a hacer innecesario el consenso para nombrarlos.

Coincidencias en el tiempo y poco más

Abril también ha dejado el último informe de actividad de otro máximo dirigente de un órgano garante de la transparencia. Daniel Cerdán ha presentado la última memoria de actividad del Comisionado de Transparencia de Canarias y el balance de casi diez años en el cargo, 2015-2024. Poco que ver con el caso anterior.

Aquí nos encontramos con el apoyo del Parlamento canario a la institución, al que destinó muy pocos recursos de inicio (como todos) y al que ha ido dotando de más medios con el paso del tiempo (a diferencia de otros). Y también el extraño caso, que será difícil volver a ver, de que el cargo era de cinco años no renovables y por acuerdo de los grupos de la cámara se decidió prorrogar a Cerdán en su puesto un mandato más.

Un cargo, por cierto, dependiente de la Asamblea, que ha desarrollado herramientas propias y ha sido reconocido por ello, como vimos en Revista Haz recientemente en el brillante reportaje elaborado por Beatriz C. Martisi. La efectividad del trabajo del Comisionado ha quedado patente en las estadísticas, consiguiendo un número de autoevaluaciones de transparencia a día de hoy impensable en otras regiones (véase el caso de Murcia, que está importando el modelo canario y puede verse afectada en breve también por la simplificación) y un aumento considerable en las calificaciones medias. Esto no es casual, es fruto de trabajar en la cultura de la transparencia.

Es ahí donde el legado de Cerdán dejará huella, en lo invisible a los ojos, aunque las referencias en unos años se limiten a la herramienta de evaluación y a las notas en transparencia de las entidades públicas y privadas (todo un logro) de Canarias. El legado de Cerdán estará en la promoción de la transparencia como valor democrático y cívico, en la presencia en todos los foros posibles y en el interés en todo lo que se movía en transparencia, en el esfuerzo por acercar el ejercicio del derecho de acceso a la ciudadanía, y en el fomento de una colaboración honesta y constante.

Cerdán ha dejado cimientos sólidos, con el apoyo parlamentario del que depende su institución, no del Gobierno regional, para quien vendrá a sustituirle, asegurando (por el momento) la supervivencia de la institución garante canaria. Su receta no difiere mucho de la que apuntaba Rubio en su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid. Decía el presidente interino del CTPCM que establecieron “vías de colaboración con las distintas administraciones, independientemente de su tamaño y su color político”, trabajando “de la mano de todos, pero sin atarnos a nadie, en tiempos de fidelidades ciegas, lo que, a la vista de la situación actual del Consejo, quizá no haya sido la mejor receta para su supervivencia”.

Lo que sirve de ejemplo de independencia y de honradez en un sitio, puede no funcionar en otro. Lo que para unos puede ser seña de identidad y garantía de permanencia, para otros puede, sencillamente, no significar nada, aunque se alabe públicamente su labor. La transparencia, siempre lo ha sido y cada vez lo aparenta más, es política. “Fuimos innovadores, autónomos y molestos”, dijo otro de los consejeros del extinto CTPCM, Antonio Rovira. Valores poco apreciados en la política actual.

A los que se van, Cerdán y Rubio, gracias. Al primero por el legado, por la pasión, por la entrega, por demostrar que es posible avanzar en transparencia haciendo palanca en el punto de la cultura, quizás el más complejo, aunque sabe él y sabemos todos que falta mucho por hacer.

Al segundo, por contribuir a poner una institución nueva en el mapa, trabajar con pocos recursos y devolver buenos resultados, a la vista de su último informe, y especialmente por vestir de la dignidad que merece una institución que nació para contribuir a definir una democracia mejor, y de paso, proveer de ética lo público hasta sus últimas actuaciones, incluyendo un anuncio de dimisión programada si no había sustituto nombrado, y despejando toda suerte de especulaciones en ese momento al vincular la dimisión y su fecha a compromisos profesionales propios.

A quienes vienen

Ya se conocen los nombres de quienes ocuparán el Comisionado de Transparencia de Canarias y la presidencia del nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

Por un lado, en la Comunidad de Madrid, el gobierno regional ha elegido a José María González García, catedrático de Derecho Procesal y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Un perfil técnico sin experiencia política previa, que fue letrado del Constitucional y del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial. Solo falta que la Asamblea de Madrid lo ratifique, como es de esperar, con la mayoría absoluta del grupo parlamentario popular.

Por su parte, el Parlamento de Canarias ha verificado la idoneidad de Noelia García Leal como nueva Comisionada de Transparencia de Canarias. Al contrario que en el caso anterior, García Leal sí cuenta con una amplia experiencia en gestión y en cargos públicos, habiendo sido directora del Instituto Canario de la Mujer, coordinadora del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), diputada del Parlamento de Canarias y alcaldesa de Los Llanos de Aridane por el Partido Popular. El próximo 7 de mayo se votará su nombramiento en el Parlamento, donde necesitará el apoyo de tres quintos de la cámara.

A ambos, desearles desde aquí el mejor desempeño en su puesto, sin valorar su pasado. Como en otras ocasiones, como en el nombramiento del actual presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, me remito a la frase de Esther Arizmendi: “Por sus actos los conoceréis”.

Y me permito compartir una cita más del discurso de Rafael Rubio, la última en la tribuna de la Asamblea madrileña como presidente del CTPCM: “Cuando la transparencia se incorpora al actuar de las Administraciones, los ciudadanos informados son más libre e iguales, los organismos públicos más responsables y la democracia mejora su calidad y el compromiso de la ciudadanía”. Estoy seguro de que lo saben, pero conviene que tampoco lo olviden.