Por qué el Tribunal de Cuentas debería auditar al Santander

La aceptación pasiva de que el reparto de la jugosa tarta (125 millones, según El Confidencial) deba decidirse tan solo entre cuatro pretendientes es uno de los mayores atentados a la libre competencia en los mercados, permitido por la negligencia de los reguladores y la complicidad de los miembros del consejo de las entidades auditadas.

Ley de Auditoría de Cuentas de 2015: un proyecto fallido

Tras la crisis financiera del 2008, originada en gran parte por la mala calidad de la información financiera auditada, se impulsaron distintas reformas para intentar corregir la falta de independencia de las auditoras y promover una mayor competencia en el sector.

En abril de 2014, los legisladores de la Unión Europea aprobaron la Reforma Europea de la Auditoría, cuya transposición y adaptación a la legislación española se llevó a cabo a través de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC).

Aunque la LAC puso cierto freno a la barra libre que venían disfrutando las Big Four a la hora de prestar todo tipo de servicios de auditoría y de consultoría, que generaban constantes conflictos de intereses poniendo en riesgo su independencia, desde el punto de vista del impulso de la competencia el resultado de la LAC ha sido decepcionante.

La principal medida que incorporó la LAC con el fin de impulsar la competencia en el mercado fue la rotación obligatoria del auditor legal de las entidades de interés público, una vez finalizado el periodo de contratación máximo de diez años.

En el borrador inicial de la LAC se contemplaba una prórroga adicional de cuatro años para la auditoría de las entidades de interés público que, finalmente, no fue aprobada, tras un informe muy negativo de la CNMC en el que se advertía que “la facultad de incrementar la duración total del contrato hasta 14 años constituye un incentivo evidente a los operadores para la coordinación con la finalidad de contratar conjuntamente con la finalidad de cerrar el mercado durante más tiempo, lo que presenta efectos anticompetitivos que deben evitarse”.

Pero, aunque el primer intento de las Big Four por consolidar su “posición de dominio colectivo” consiguió frenarse, en 2022 las grandes auditoras volvieron al ataque “persuadiendo” a los partidos nacionalistas (PNV y PdCat), mucho más permeables al lobby de las Big Four, para que introdujeran una enmienda transaccional a los presupuestos generales del Estado. Esa enmienda consiguió que se aprobase por la puerta de atrás la prórroga del contrato de auditoría hasta los cuatro años adicionales, si se contrataba al mismo auditor junto a otro u otros auditores para que actúen conjuntamente en este periodo adicional.

Como ya advirtió la CNMC en su informe de 2015, la prórroga del plazo con la exigencia de una coauditoría solo tendría como efecto blindar aún más a las Big Four forzando un intercambio en las parejas de mus. Y, efectivamente, así ha sido. Las Big Four siguen concentrando el 90% del mercado de auditoría de las entidades de interés público.

Como consecuencia de lo anterior, nuestro país es el único que ha ampliado el plazo de rotación de las auditoras durante cuatro años más y, para enmascarar esa arbitraria ampliación, se camufló en las bondades de la coauditoría, aunque el propósito inconfesable fue otorgar un salvoconducto a las Big Four por cuatro años más.

Es un buen ejemplo de la influencia y capacidad de lobby que han ido tejiendo, coordinada y silenciosamente, las grandes auditoras, fruto de su cercanía con los altos cargos públicos, que, por qué no decirlo, vislumbran en las Big Four una atractiva puerta giratoria al término de su carrera política.

Una madeja opaca y difícil de romper

La red de intereses que han ido urdiendo las Big Four a lo largo de los años, no solo con los responsables políticos, sino con las grandes empresas, es un entramado difícil de romper y controlar. Difícil de romper porque los hilos, cruzados y anudados entre ambas partes, conforman un tejido en el que resulta imposible ya distinguir lo propio de lo ajeno. Difícil de controlar, porque la falta de independencia de los consejeros integrantes de las comisiones de auditoría (más atentos a conservar su lucrativo puesto que a favorecer a los accionistas y clientes) unida a la fragmentación y parquedad de recursos de los reguladores complica llegar al fondo de la cuestión.

Que este estado de cosas resulta insostenible e intolerable es una verdad compartida por cada vez más voces independientes y reconocidas. Martin Wolf, el editor jefe de Economía del Financial Times y uno de los columnistas más influyentes del mundo, en su último libro, La crisis del capitalismo democrático, afirmaba sin tapujos que “la práctica de permitir que las empresas elijan y paguen a sus propios auditores es corrupta. Sería mejor hacer de la auditoría una función financiada con fondos públicos o que la hiciera un organismo público”.

Wolf no es el único que ha levantado la voz. En nuestro país, Aristóbulo de Juan, el exdirector general de inspección del Banco de España, en un reciente artículo en la revista Consejeros, denunciaba, de un lado, “el conflicto de intereses que supone la estructura del sector de la auditoría, al albergar bajo el mismo techo actividades ajenas a la auditoría” y, por otro, la “autosupervisión de sector por instancias compuestas por representantes del (propio) colectivo”.

Nada nuevo bajo el sol. Nada que no sepamos desde hace años. Y, sin embargo, aquí seguimos, con las mismas prácticas ‘corruptas’, con las mismas inercias de siempre, impulsadas por los intereses de unos pocos y facilitada por la pasividad de una mayoría, sin que nadie levante la mano, sin que nadie llame la atención, salvo cuando llega el momento de repartir el ansiado pastel entre los miembros de este ‘capitalismo de amiguetes’”.

PwC y Banco de Santander: cocinando las cifras

Y, ciertamente, el pastel es muy jugoso.  Según El Confidencial, 125 millones es lo que pagó el Santander a PwC el año 2022 por los trabajos de auditoría externa. Pero, en realidad, la cifra final nadie la sabe porque, tanto el banco como la auditora hacen un enorme esfuerzo porque no salga a la luz a cuánto asciende la cantidad que recibe PwC del Santander en relación con sus ingresos totales, como la Fundación Haz viene denunciando cada año en su Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35.     

Conocer la cifra exacta que la sociedad auditora española (PwC) factura al Banco de Santander no es una cuestión menor. Para garantizar la independencia del auditor externo, el legislador ha establecido también un límite de ingresos que puede percibir la sociedad auditora: en concreto, no puede traspasar el 15% de sus ingresos totales durante tres años consecutivos.

Como es natural, conocer esta cifra resulta muy relevante, pues, en la medida en que se acerque o traspase ese 15%, puede poner en riesgo la independencia y la continuidad del auditor externo. Para evitar que salten las alarmas el Banco de Santander, con la complicidad de sus auditoras (hoy PwC y antes Deloitte) en su Informe anual calcula ese porcentaje no sobre la base de los ingresos de la sociedad auditora en España, sino computando todos los ingresos de la red mundial de PwC.

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Como se puede comprobar, revisando el Informe anual 2022 y todos los anteriores a esa fecha, al analizar la independencia del auditor externo y las posibles amenazas y medidas de salvaguarda, la comisión de auditoría y control declara que “verificó que la relación entre los honorarios totales satisfechos a PwC por todos los servicios prestados al Grupo y sus ingresos anuales en España y en el mundo en 2022 no superó el 15% durante tres años consecutivos, situándose dicha ratio en el 0,3% de los ingresos totales de PwC en todo el mundo” (página 207).

Pero el Banco de Santander y PwC saben perfectamente que el denominador para calcular el límite del 15% no se calcula sobre los ingresos totales de la red mundial de PwC, sino, como es evidente, sobre los ingresos totales de PwC Auditores S.L España.

Se trata de una práctica censurable por intentar confundir sobre un aspecto importante e implicar a dos entidades que, por la entidad y función que desempeñan, deberían ser ejemplares en sus compromisos con la transparencia y el buen gobierno. Pero, además de reprobable, resulta un tanto ingenua, pues las entidades auditoras están obligadas a publicar anualmente un informe de transparencia en el que tienen que detallar los ingresos recibidos de las entidades de interés público.

Y, si revisamos los informes de transparencia de PwC correspondientes al año 2022 y 2023 comprobaremos que los ingresos totales percibidos por la sociedad auditora española procedentes del Banco de Santander se encuentran muy cercanos a ese límite del 15%, si es que no lo han traspasado.

La fragmentación de los reguladores

El problema de esta situación, en nuestra opinión, no se encuentra, principalmente, como señala Aristóbulo de Juan, en que las entidades que representan al sector y defienden sus intereses (Instituto de Censores Jurados de Cuentas-ICJC y Registro de Economistas y Auditores-REA) sean juez y parte.

Nadie razonable puede confiar en que la solución pueda venir de estas entidades y, particularmente, del ICJC, cuyo actual presidente es un exsocio de PwC, y su director no tiene el menor reparo en afirmar que “no ve ningún riesgo para la independencia de las auditoras” el que se ampliase a veinte años los contratos con las auditoras.

No hay que esperar mucho del ICJC. Por el contrario, conviene vigilarle de cerca, pues sus actuaciones responden, claramente, a un interés de parte. Buena prueba de ello es el reciente intento del ICJC por atribuirse nuevas competencias de supervisión del ejercicio profesional con la excusa de la modificación de sus estatutos. La CNMC reaccionó a tiempo emitiendo un informe en junio del año pasado, manifestando que esa modificación no ajusta a lo previsto en la LAC y su Reglamento. La CNMC aclara al ICJC de manera contundente que “la supervisión pública del ejercicio profesional corresponde, de acuerdo con los arts. 46 y ss. de la LAC, exclusivamente al ICAC, sin perjuicio de las posibilidades y deberes de colaboración administrativa y asistencia por parte de otras entidades”.

El principal obstáculo para que exista una supervisión eficaz de las grandes auditoras, como comentamos, no reside en el ICJC, controlado por ellas, sino en la falta de un organismo único, independiente y con suficientes recursos para desempeñar su función. Los organismos supervisores son tan numerosos que, al final, las responsabilidades de control están completamente diluidas.

Por una parte, se encuentra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya función es proteger la competencia en los mercados y defender a los consumidores. Pero, aparte de los informes mencionados, hasta la fecha no se conoce que haya tomado ninguna medida concreta para impulsar la competencia ni sugerido propuestas de reforma, a diferencia de otros reguladores europeos, como es el caso del regulador británico: Competition and Markets Authority (CMA).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya función es proteger a los inversores, tiene la competencia de supervisar el funcionamiento de las comisiones de auditoría. Y no lo está haciendo.

La Guía Técnica sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público aprobada en el 2017 por la CNMV fue un documento que, en su día, obligó a las comisiones de auditoría a rendir cuenta de sus actividades. Pero la experiencia de estos años ha mostrado que esos informes de actividades carecen de interés y utilidad. Su contenido se limita a informar del cumplimiento formal de las competencias y responsabilidad asignadas a la comisión sin aportar ningún valor adicional.

La CNMV debería analizar los informes de actividades que las comisiones de auditoria publican cada año, rindiendo cuentas de sus actividades, e impulsar la mejora y calidad de los mismo. No tiene ningún sentido que, tras siete años de vigencia de las Guías, la CNMV haya abierto una consulta para actualizar exclusivamente los contenidos relativos a la sostenibilidad, sin plantearse una revisión a fondo del modelo actual de los informes.

Por último, se encuentra el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), cuya principal función es supervisar la actividad de la auditoría, pero, como es conocido, se trata de un organismo que carece de recursos económicos y humanos para desempeñar su función. Si analizamos la última memoria anual disponible del ICAC, la correspondiente al año 2022, comprobaremos que el presupuesto de gastos del ICAC es de tan solo 6,7 millones de euros, de los cuales 4 millones corresponden a gastos de personal. El número total de funcionarios contratados es de 71 personas, de las que aproximadamente media docena se dedican a actividades de inspección.

Con esta parvedad de recursos no cabe hablar de un verdadero organismo de supervisión. Sobre todo, si los comparamos con los 2.875 millones que ingresaron las Big Four en el año 2023. No se puede hacer palanca con un fideo.

Nos guste o no, la eficacia e independencia de un organismo de supervisión se mide, entre otros indicadores, por el número de expedientes abiertos y las sanciones impuestas. Si comparamos las sanciones de los reguladores británicos y español en 2021, la cantidad de multas impuestas en el Reino Unido a las empresas auditoras por malas prácticas alcanzó la cifra de 46,5 millones de libras. En España, según la Memoria del ICAC de 2022, las sanciones a las sociedades de auditoría y sus socios fueron de 173.735 euros ¿Es que las sociedades auditoras españolas y sus socios están vacunados contra las malas prácticas? No, lo que sucede es que no hay recursos ni medios para perseguirlas.

Proteger a los clientes y accionistas

La propuesta de Martín Wolf de que las auditorías de las grandes empresas deberían financiarse con fondos públicos o realizarse por un organismo público tiene mucho sentido y deberíamos meditarla seriamente. El presupuesto del Tribunal de Cuentas para el año 2024 es de 78 millones de euros. Con ese presupuesto fiscaliza la actividad económica financiera de todo el sector público. Desconozco los recursos que serían necesarios para supervisar a las empresas del IBEX 35. Estimo que bastaría con una quinta parte (25 millones de euros) de la factura que el Banco de Santander paga a PwC.

Si el propio Banco de Santander presume de ser la única entidad financiera de “importancia sistémica global” razón de más para adoptar medidas de refuerzo que garanticen la realización de una auditoría verdaderamente independiente y de calidad.

Todos saldríamos ganando. La entidad financiera vería sustancialmente disminuida su factura, los informes ganarían en calidad, rigor e independencia y la confianza de los inversores resultaría reforzada al contar con la supervisión de un organismo con recursos y verdaderamente independiente.

En realidad, para ser totalmente sinceros, no todos saldrían ganando. Perderían las Big Four, pero pondríamos fin a sus cuestionables prácticas. Esas mismas prácticas que Mariana Mazzucato ha descrito en su último libro con el elocuente título de El gran engaño.