Tardini descubre la relatividad y cómo se aplica a la transparencia

Esta es una sinopsis brevísima de una película llamada El viento se llevó lo que (1998). El pueblo, en esa distopía que nos presenta el director Alejandro Agresti, no tiene más contacto con el mundo exterior que la sala de cine, a la que llegan los celuloides ya desvencijados después de haber pasado por más de seiscientas salas y con miles de pases. Por ello, el dueño de la sala debe restaurarlas cada vez que llega una ‘nueva’ película. En cada restauración las secuencias cambian de orden, los actores se mueven marcha atrás o con la velocidad cambiada…todo tipo de alteraciones que poco importan a los entregados espectadores.

Esta relación con el cine, único contacto de los lugareños con el exterior, pues no tienen ni radio, ni televisión, ni prensa, contribuye a generar una serie de personajes de lo más pintoresco, cada cual con su forma de ver la realidad y de ocupar su sitio en el mundo. Entre ellos, destacan Pedro, el crítico de cine que prácticamente solo habla con frases de películas en conversaciones del todo inconexas, que se enamora de Soledad, y un genio autóctono, Antonio Tardini, encargado de las cuestiones tecnológicas, las teorías y los inventos. Tardini protagoniza una de las historias secundarias de la película, que inspira estas líneas.

Tardini, el genio tardío e inoportuno

El genio local, a lo largo de la película, formula desde su propio razonamiento algunas de las teorías más influyentes del mundo contemporáneo. Primero idea la teoría de la relatividad, y se marcha a “venderla” (en sus propias palabras) a Buenos Aires, sin éxito, como cabe esperar. A esto le sucede el psicoanálisis de raíces freudianas, que corre la misma suerte. Por último, se centra en las ciencias sociales y en la que será su teoría más revolucionaria, organizada en torno al reparto equitativo de las riquezas del país. Marcha del pueblo hacia la capital el 20 de marzo de 1976 y llega en su carreta cuatro días más tarde, justo se produce el golpe de estado de los militares. Después de más de un año vuelve al pueblo, tras haber sufrido peor suerte que en sus anteriores viajes. Ya no solo fue ignorado, sino que sufrió torturas, algo que no logra entender desde su genuina inocencia. Además, en el pueblo, se acaba enterando (en un fallo de coherencia de guion) de que su teoría se ha aplicado en la Unión Soviética, por lo que se consideran estafados por su vecino.

Otros Tardinis, más reales

Algún rasgo del imaginado personaje de Tardini se encuentra en no pocos lugares de la política en general y, sin duda, de la transparencia en particular. Se trataría de una especie de adanismo, del que cree que nada ha sido anterior a él, solo con la salvedad de que Tardini lo hacía desde la total honestidad de su ignorancia respecto al trabajo de otros, mientras que los Tardinis reales sí que saben lo que hacen. Y cuando no lo saben, es menos justificable que en el caso de nuestro inventor patagónico. Febrero nos ha dejado un par de ejemplos que pueden encontrar inspiración en él.

El primero de estos ejemplos se produce en el Parlamento de Navarra, donde el grupo parlamentario de Vox ha pedido que el Gobierno Foral publique una serie de indicadores que lleva publicando una década. Aquí, en lugar de descubrir la relatividad, Tardini ha descubierto la transparencia y las obligaciones de publicidad activa.

Pero no es así. En realidad, sí sabían que ya se hacía, o eso han declarado después, solo que hay determinados asuntos que no se actualizan o no se han publicado. En la petición se incluye la publicación de “cuentas anuales, informes de auditoría y de fiscalización, retribuciones de altos cargos y del personal, contratos, convenios, subvenciones, personal contratado y sus retribuciones, entre otros”. Tomando como cierto que sí conocen la ley, la cuestión se reduce en último término a la petición de publicar los convenios y el informe de fiscalización de un “chiringuito de políticas de género”, concretamente el Instituto Navarro para la Igualdad. No se trata de los presupuestos o las cuentas o las retribuciones de ese ente, sino del informe que realiza la Cámara de Comptos de distintas entidades públicas navarras.

NOTICIAS RELACIONADAS
– 2024, gobierno abierto y el complejo de Penélope
– La transparencia baila bachata
– No hay nada más ridículo que un hombre corriendo tras su sombrero

Como dato a tener en cuenta, otra de las formaciones que apoyó la moción, UPN, reconoce que muchas de las cosas pedidas estaban publicadas. Y como reflexión rápida, esto de pedir por defecto “todo” o la fórmula “entre otros” hace que se pierda rigor y credibilidad. Transparencia a discreción. Pero es un consejo al aire al que no espero que haga caso nadie.

El listado de las instituciones que se van a fiscalizar se incluye en un plan cada año (aquí el de 2024), y muchas de las entidades se aprueban previa votación en el Parlamento de Navarra. Es decir, que no todos los entes se fiscalizan cada año; es más, ni siquiera todos los ayuntamientos navarros se fiscalizan cada año. De camino, Tardini ha descubierto también que los recursos son limitados, uno de los grandes principios de la economía. Y en cuestiones de transparencia, más. O a lo mejor también lo sabían de antemano.

De cualquier forma, y a modo de ejemplo, se puede observar que el plan de evaluación anual para 2024 del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal incluye a 310 instituciones, organismos y entidades públicas y privadas, una muestra bastante pequeña de los miles bajo su jurisdicción. Cuestión de recursos.

La transparencia es relativa según la gravedad de los objetos

En este caso, se da una circunstancia que a priori no tendría por qué ser criticable, puesto que se pide el control sobre el uso de fondos públicos, pero sí tiene alguna derivada. La primera, que sobre dicho ente ya se ha emitido un informe de fiscalización que ocupa un periodo de cuatro años (2016-2019). Cierto es que podría y debería hacerse del siguiente cuatrienio, pero dada la escasez de recursos, tal vez sea razonable poner el foco en otros entes de Navarra. Como decía, ni siquiera todos los ayuntamientos se fiscalizan cada año. Pero bueno, no es mala cosa que se pida la fiscalización de recursos públicos. Ni a pesar de que la fiscalización se centre en ese ente por la temática a la que se dedica (igualdad, un campo de batalla de Vox), y que la petición esté inserta dentro de una batería de acciones de ese grupo parlamentario en la misma batalla. Pero esto no nos importa: pedir transparencia nunca está de más.

Sin embargo, la teoría de la relatividad ejerce aquí una labor poderosa. Y es que como sostenía Einstein, y no Tardini, las leyes de la física son universales para todos los observadores, no como el tiempo y el espacio, que no son absolutos y que pueden variar para el observador en función de la velocidad y la gravedad de los objetos.

En este caso la masa y la gravedad del objeto influyen definitivamente en la necesidad de transparencia, a pesar de ser un deber común (con matices según el tipo de entidad) para los sujetos obligados. El partido político bajo cuyas siglas se sientan los miembros de ese grupo parlamentario en la cámara legislativa de Navarra no ha tenido históricamente una relación especialmente fluida con la transparencia.

Entre los últimos hitos, dentro de un rosario de ejemplos desde su llegada a las instituciones, podemos citar que el Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente sancionador a Vox por financiación irregular por aceptar “miles de donaciones finalistas”, prohibidas por ley. Un mal, por cierto, que no solo aqueja a Vox, sino que también han sido señaladas las formaciones de Mas País, PdCat y Més per Mallorca en el informe del tribunal de otoño de 2023. O las sospechas sobre la financiación de la Fundación Disenso, presidida también por el propio presidente nacional de Vox. O las propias cuentas de Disenso, tres años sin ser presentadas desde su creación y que cuando se presentan, se tienen serias dudas sobre su certeza para fuentes internas del partido. O las acusaciones de falta de transparencia en muchas formaciones territoriales del partido, expresadas por parte de los propios militantes.

El tiempo es relativo

Otro caso bien distinto y más grave es el de un nuevo caso de presunta corrupción vinculado a la compra de mascarillas durante la pandemia (caso Koldo), que afecta a un colaborador muy próximo a un exministro del Gobierno y exsecretario de organización del partido en el Gobierno, José Luis Ábalos. No es un perfil menor, ni mucho menos.

Hay que decir que este representante público no está acusado, imputado ni ninguna otra figura legal en el momento de escribirse estas líneas, momento en que aún es diputado, a pesar de que ya se ha solicitado por parte de la oposición su dimisión, e incluso voces dentro del Gobierno han abierto la puerta a su salida voluntaria mediante la entrega de su acta de diputado. El partido también lo ha exigido “en un plazo de 24 horas” en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal después de que se haya conocido la noticia.

Mucho se ha hablado los últimos días que el Gobierno actual ha fundamentado buena parte de su legitimidad en la ejemplaridad y la ausencia de casos de corrupción que le afecten directamente, algo cierto. La cuestión es cómo se maneja la situación de crisis cuando estalla, y se presenta el incómodo momento de demostrar las diferencias con otros actores políticos.

La ejemplaridad se demuestra cuando se asumen responsabilidades políticas a pesar de no tener responsabilidad penal. Y especialmente cuando te afecta a ti y no al de enfrente. La separación de la responsabilidad penal de la política es una de las más destacables y corrientes fallas de integridad de los representantes y partidos políticos, escudados tozudamente en la necesidad de que un juzgado certifique la conducta penal para dejar “voluntariamente” (recalco el entrecomillado) los cargos.

Como bien se señala en el Código de Buen Gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (Siage), “el refuerzo de la confianza ciudadana en las instituciones no se sustenta únicamente en el cumplimiento de las previsiones del ordenamiento jurídico, sino que requiere asegurar que el comportamiento de las personas dedicadas al servicio público responde a los más altos estándares éticos”. Poco más que añadir.

Por otra parte, en este caso concreto se da una circunstancia curiosa. Y es que el propio diputado afirma que de haberse descubierto este caso mientras que era ministro “habría dimitido en el momento”. Sin embargo, al descubrirse después y no ostentar dicho cargo, ya no tiene que hacerlo, o al menos “se lo pensará”. Ya ven, parece que la responsabilidad de un cargo político se asume solo en el momento en que se ejerce, después ya no es necesario: la responsabilidad cesa cuando lo hace la nómina. El tiempo es relativo en función del observador, que diría Einstein.

Por cierto, la primera respuesta del presidente del Gobierno, que llegó a Moncloa después de una moción de censura por los flagrantes casos de corrupción del anterior ejecutivo, no ha sido la más adecuada. Aludir a otros “caso mascarillas” no es inteligente ni ejemplarizante. Ha perdido una buena oportunidad en términos de comunicación e imagen para distinguirse de otros actores, que trata de recuperar con la exigencia de la entrega del acta de diputado.

Y hablando de oportunidades, si el principal partido de la oposición pretende, como parece, equiparar en gravedad este caso a los casos que provocaron su salida del Gobierno, están también disparando a discreción. A todo lo que se mueve, para que nos entendamos. Asegurar que es una trama que (con lo que se conoce hoy) necesariamente debe conocer (o incluso “liderar”) el presidente del Gobierno, después de todo lo que han negado en sede parlamentaria y sede judicial en los múltiples casos de corrupción que le afectaron, es un ejercicio de cinismo bastante molesto.

Del lodo crecen las flores más altas

En definitiva, qué triste panorama para la ciudadanía. Por los que lo hacen mal, y qué flaco favor se le está haciendo a la figura de los asesores políticos y cargos de confianza. Por los que no supieron elegir, y menos vigilar lo que hacían sus asesores. Por los que encendieron el ventilador para activar el clásico “y tú más” cuando saltó la noticia a los medios. Por los que han olido sangre y quieren hacer ver que es lo mismo un caso de (presuntas) comisiones ilegales que “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante a la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, como señalaba la sentencia de la Audiencia Nacional que fundamentó la moción de censura a Mariano Rajoy.

Dice una canción que “del lodo crecen las flores más altas” (Lodo, Xoel López). En efecto, las dificultades y los problemas ayudan al crecimiento, personal y colectivo. En un momento en que no se puede sentir que España se ha olvidado de la corrupción. Los informes de Transparencia Internacional o de otros organismos como el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) nos lo pueden atestiguar cada año. Tampoco podemos vanagloriarnos de una sociedad y unas instituciones íntegras, intachables. Sería ridículo solo insinuarlo.

De todo lo que se ha comentado en estas líneas nos pueden quedar claras varias cosas: que faltan recursos para la transparencia y la evaluación y fiscalización; que falta formación para cargos políticos y técnicos en materia de transparencia y ética pública; que falta capacidad para prevenir conductas irregulares y también para gestionarlas; que el Siage no ha cumplido su función; que falta altura política para asumir responsabilidades cuando más duele; que los problemas están repartidos; que se sigue sin saber gestionar la comunicación inmediata en estos casos; que hay carencias serias para una democracia avanzada, y, en consecuencia o como suma de todo, que falta calidad democrática. En la base de esta pirámide debe situarse la integridad.

La responsabilidad está bien repartida, y sabemos que la relatividad también afecta a medios de comunicación y a la propia sociedad, cuya justificación o permisividad deja indemne, sin castigo ni apenas reproche, todos estos males. Ya dijimos hace tiempo que la transparencia es cosa de toda la tribu. Cuando vienen mal dadas, más aún.

Ojalá este barro, esta tierra oscura, sirva de abono para que crezcan mejores plantas en el futuro. Ojalá tomemos conciencia colectiva de que hace falta promover el cambio cultural y que esto debe empezar desde arriba, con conductas propias de sociedades democráticas y con un nivel de autoexigencia ética que supere a la responsabilidad administrativo o penal. Pero con los mimbres de este febrero cuesta ser optimista.